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El Ecofin cierra un acuerdo sobre el mecanismo común de resolución de bancos con problemas

       
  • Los ministros de Economía y Finanzas de la UE cierran un acuerdo
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  • El pacto de los 28 sienta las bases de un mecanismo al gusto de Alemania
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  • El segundo pilar de la unión bancaria comenzará a funcionar en 2016

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El Ecofin cierra un acuerdo sobre el mecanismo único de resolución de bancos

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, Ecofin, han cerrado un acuerdo sobre el futuro mecanismo común de resolución bancaria. Después de meses de negociaciones, los Veintiocho han logrado sellar un pacto que sienta las bases generales del mecanismo, el conocido como segundo pilar de la unión bancaria, que comenzará a funcionar en 2016.

El Consejo Europeo que empieza este jueves deberá ratificar lo decidido por los ministros y la Presidencia griega que comienza el 1 de enero tendrá que iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo para tratar de cerrar un texto consensuado y definitivo que la Eurocámara pueda aprobar antes de las elecciones europeas de mayo próximo. Esas discusiones se presentan complicadas, ya que el Parlamento ya ha advertido que no está de acuerdo con esa fórmula y podría hacer descarrilar su aprobación.

El objetivo es romper el  vínculo entre Estados y bancos y acabar con la fragmentación financiera en la eurozona, que está provocando que empresas y particulares de determinados países paguen más por su financiación que los de otros.

No obstante, el compromiso diluye la propuesta inicial de la Comisión y se ajusta a las exigencias de Berlín, que se niega a pagar por los problemas de la banca de otros Estados miembros.

Mecanismo común, pero no único

El mayor logro de Alemania ha sido conseguir que el mecanismo de resolución no se aplique a las 6.000 entidades financieras de la zona euro, sino solo a 328: las 128 que supervisará el BCE y otras 200 transfronterizas. De ahí que no pueda hablarse de un proceso único para todas las crisis bancarias, sino de un mecanismo común, compartido por los Estados miembros, pero que no excluye la aplicación de otras fórmulas para esas entidades que no son las 328.

El ministro de Economía y Competitividad de España, Luis de Guindos, ha reclacado que el acuerdo sellado este miércoles es "complicado", un "un paso importante en todo lo que tiene que ver con la unión bancaria".

El pacto valida el preacuerdo diseñado por los cinco países más grandes del euro en sus reuniones previas, en el que se propone dejar en manos de los Estados la decisión última de cerrar una entidad o de recurrir al fondo común que se creará gradualmente para afrontar quiebras bancarias. 

Al término de la reunión, De Guindos ha señalado que el acuerdo sobre el futuro mecanismo único de resolución bancaria evitará que los contribuyentes tengan que hacer frente a los costes de los problemas de entidades financieras.

Fondo común europeo para financiar crisis bancarias

"Lo que estamos buscando aquí es que no vuelva a ocurrir lo que que ha ocurrido en el pasado, y es que una crisis bancaria tenga un coste importante desde el punto de vista de los contribuyentes, eso es lo que queremos evitar", ha afirmado De Guindos a su salida del Ecofin.

El mecanismo común de resolución, el segundo pilar de la unión bancaria, contará con una autoridad encargada de decidir las el proceso que hay que seguir en cada entidad con problemas y con un fondo común para financiar las reestructuraciones y cierres de bancos, que se nutrirá de aportaciones de las entidades con el fin de evitar que sean los contribuyentes los que paguen futuras crisis. El fondo alcanzará una dotación de 55.000 millones de euros en un plazo de 10 años que empezará a contar en 2016.

De esos 55.000 millones de euros con los que contará el fondo en 2026, España aportará en torno a 8.500 millones de euros, según fuentes comunitarias, es decir, un 15%.

Para crear este fondo con compartimentos nacionales, que podrán  prestarse entre sí en determinados casos, será necesario que los países  de la zona del euro y aquellos que quieran participar firmen un tratado intergubernamental  al margen de los Tratados europeos, que tiene que negociarse antes del 1  de marzo de 2014, algo que ya ha sido rechazado por la Eurocámara.

"Lo importante es que el fondo de resolución es el auténtico instrumento que vamos a utilizar y va a estar pagado por las contribuciones que va a hacer el sector financiero", ha asegurado De Guindos.

En un primer momento, el fondo estará formado por compartimentos nacionales y solo se convertirá en un fondo europeo común tras un período transitorio de 10 años, tras una mutualización progresiva a un ritmo del 10% al año. Ello significa que, en el primer año de aportaciones, cada país deberá asumir íntegramente las eventuales pérdidas de su banca, pero a partir del segundo año, se irá incrementando gradualmente el recurso a lo que se vaya generando de fondo común.

Cortafuegos a la alemana

Además, para ese período de transición, los ministros han acordado la creación de un cortafuegos o red de seguridad que apoyará a ese fondo. En este punto también se han impuesto las tesis alemanas, ya que solo se podrá recurrir al fondo de rescate europeo, el MEDE, en casos excepcionales y antes de él, habrá que utilizar ayudas públicas nacionales y préstamos de otros compartimentos nacionales.

A partir de 2026, cuando ya esté constituido por completo el fondo común, los Estados miembros apuestan por mantener una red de seguridad para el caso de que el fondo común de resolución no fuese suficiente, pero no se ha concretado cómo será y queda pendiente de definirla en los próximos años.

Según fuentes europeas, la mayoría de los países defienden que se permita al fondo de resolución emitir deuda en los mercados -es decir, endeudarse- con el aval de los Estados, pero eso supondría una forma de comunitarizar deuda, algo a lo que Berlín se opone frontalmente.

Mecanismo criticado por la Comisión Europea y BCE

Respecto a la toma de decisiones, los Veintiocho han acordado un complejo sistema de toma de  decisiones que ya ha sido criticado por la  Comisión Europea y por el Banco Central Europeo (BCE) por considerar que no  podrá responder a situaciones de emergencia. En palabras de De Guindos se trata de un "sistema de emergencia rápido", dada la urgencia que requieren los procesos de resolución.

En una conferencia la semana pasada ante el Parlamento Europeo, el presidente del BCE, Mario Draghi avisó de que la unión bancaria "no es la panacea" para acabar con la fragmentación del mercado financiero de la eurozona, ya que también se necesita "continuar con la consolidación fiscal y la aplicación de reformas estructurales", así como avanzar en las uniones económica, fiscal y política. También advirtió que ese mecanismo se aplicará "en situaciones de emergencia, por lo que -si su estructura es farragosa- no funcionará".

Las decisiones sobre el cierre de un banco serán preparadas por un  consejo de resolución, que podrá reunirse en formato ejecutivo o plenario dependiendo de la importancia de la decisión que haya que tomar. En su forma plenaria estarán representados todos los Estados  miembros del sistema (todos los de la zona euro y los que no sean del euro que quieran sumarse). 

Aunque formalmente se designa a la Comisión Europea como autoridad  de resolución, ésta se limitará a ratificar las decisiones de ese  consejo. Si no está de acuerdo, tendrá que elevar la decisión al Ecofin, donde están representados los Veintiocho, que tendrán la última palabra, como quería Alemania.

Con este acuerdo se completa la arquitectura básica de la unión  bancaria. El primer pilar, que consiste en convertir al Banco Central  Europeo (BCE) en guía de la supervisión común de la banca de la eurozona, ya se  ha aprobado y comenzará a funcionar en noviembre de 2014.

El tercer pilar, la creación de un fondo común de garantía de  depósitos, se ha aplazado indefinidamente por la oposición de  Alemania a avalar los depósitos de otros Estados miembros. En sustitución de ese mecanismo, la  Presidencia lituana de la UE y la Eurocámara pactaron este miércoles la homogeneización de los sistemas nacionales de garantía de depósitos.

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