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Los controladores y AENA acudirán al arbitraje si no se ponen de acuerdo en la negociación

  • Los controladores se comprometen a garantizar el total de los servicios
  • Las partes han llegado a un preacuerdo sobre el proceso negociador

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Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) han llegado a un preacuerdo sobre el procedimiento negociador del convenio colectivo, según el que se comprometen a someter aquellos aspectos en los que no logren un consenso a un árbitro que será designado por ambas partes antes del día 12 de enero, según ha informado AENA.

Ambas partes deberán nombrar a ese árbitro, que decidirá sobre las materias en las que no se pueda lograr un acuerdo, antes de la fecha establecida, y si no hubiera consenso en cuanto a su nombramiento se suspenderían las negociaciones.

Pero si cumplen sus objetivos y son capaces de consensuar un nombre, después se suscribirá un compromiso en el que constarán cuestiones concretas sobre las que deberá pronunciarse el laudo arbitral, y el plazo para dictarlo.

Convenio antes de febrero

El objetivo es poder cerrar un acuerdo sobre el convenio colectivo de los controladores antes del 31 de enero,  plazo que ya había sido adelantado por el ministro de Fomento, José Blanco.

Cuatro días después de haber reanudado las conversaciones, ambas partes  se han comprometido a negociar durante todo este periodo "de buena fe" y  a "garantizar la plena normalidad en la prestación del servicio por la  totalidad de los controladores aéreos".

También al establecimiento de un clima de colaboración y paz social  que permita avanzar en el diálogo y la solución negociada de las  cuestiones planteadas, principios que pretenden incorporar al II Convenio  colectivo y a la gestión y prestación del servicio de forma permanente,  añade el comunicado.

Este viernes la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo (Aprocta)  ha denunciado a AENA por "deficiencias en la organización y gestión del  espacio aéreo, así como "irregularidades en los cursos de formación, sobrecargas  de tráfico en los sectores de control y falta de garantía en  la continuidad de un servicio seguro".