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CSI-CSIF recurre ante el Supremo y la Audiencia Nacional el recorte del sueldo de los funcionarios

       
  • El sindicato argumenta que tiene un carácter "confiscatorio"
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  • También ha enviado un escrito a la Defensora del Pueblo

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) ha interpuesto sendos recursos ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional contra el recorte salarial de los funcionarios, del 5% de media.

Además, ha dirigido un escrito a la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, para que interponga un recurso de inconstitucionalidad. Estos recursos se suman a los interpuestos anteriormente por UGT y Comisiones Obreras.

En los recursos, la organización argumenta que el Real Decreto vulnera el derecho a la negociación colectiva, en tanto que suspende los acuerdos vigentes de forma unilateral y sin negociación previa.

No cumple con los presupuestos

Añade que el recorte incumple la Ley de Presupuestos Generales de  2010, que no autoriza modificaciones mediante Decretos Ley, sino a  través de proyectos de Ley.

Asimismo, CSI-CSIF reclama que la rebaja salarial aprobada va en contra del Estatuto Básico del Empleado Público y contra el derecho de igualdad por el agravio comparativo de trabajadores por cuenta ajena y los regulados por el Estatuto de los Trabajadores.

Por último, el sindicato alega un restricción injustificada de los derechos adquiridos que contraviene lo dispuesto por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la que se reconoce como tal la masa salarial consolidada. En septiembre de 2009, los funcionarios pactaron una subida salarial para este año del 0,3%.

El Gobierno ha firmado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF el acuerdo sobre la Función Pública.

En cuanto al escrito remitido a la Defensora del Pueblo, las alegaciones señalan además que el Real Decreto vulnera el III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, que la medida supone una "injustificada injerencia" en el derecho de la negociación colectiva y que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, tiene carácter "confiscatorio".

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