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La economía sumergida alcanzó el 23,3% del PIB en 2009 por la crisis

  • Equivale a 244.918 millones de euros según los técnicos de Hacienda
  • El fraude fiscal mermó los ingresos en 71.000 millones en diez años

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Las dificultades económicas ante la crisis relanzaron la evasión fiscal en España durante el pasado ejercicio, con lo que la economía sumergida alcanzó el 23,3%  del PIB, un 0,7% más, el equivalente a 244.918 millones de euros, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

El informe de Gestha, elaborado sobre los últimos diez años, alerta de que el crecimiento del fraude fiscal y la caída de la actividad económica lastraron las cuentas tributarias, con un desplome de 27.362 millones de euros hasta noviembre de 2009.

Las partidas que más escaparon al control fiscal fueron el IVA y el Impuesto de Sociedades, cuya recaudación se desplomó un 29,8% y un 23,1%, o lo que es lo mismo, no se declararon más de 19.000 millones de euros (13.677 millones del IVA y 6.007 millones de Impuesto de Sociedades).

71.000 millones menos en diez años

Desde Gestha achacan la falta de disciplina fiscal a la crudeza de la crisis y precisan que las empresas prefieren evadir impuestos porque es "menos difícil" que pagar las posibles sanciones por el impago a empleados y a proveedores.

Los técnicos estiman que la "laxitud" fiscal mermó en 71.000 millones de euros las cuentas del Estado en los últimos diez años, 2,4 puntos porcentuales más sobre el PIB, que justifica por la caída de las cuotas del IVA ingresado por empresarios a niveles de hace una década.

El fraude se concentró en el sector inmobiliario, donde las operaciones especulativas de compraventa defraudaron cerca de 8.800 millones de euros anuales. Hace unas semanas el ministro de Trabajo cifró en un 20% la economía sumergida, pero luego se desdijo y argumentó que "no había datos científicos".

Más fraude en Navarra y menos en el País Vasco

Por comunidades, Navarra con un 6,8% más y la Comunidad Valenciana con un 5,6% capitanearon los crecimientos de la economía sumergida durante los

últimos diez años, seguidas de Andalucía, Murcia, La Rioja, Castilla y León, Cantabria y Aragón cuya tasa aumentó un 5,5% en este periodo.

En el lado opuesto, las comunidades que contuvieron en mayor medida el crecimiento su economía sumergida fueron Asturias y Extremadura, con aumentos del 0,6% y del 0,8%, respectivamente.

Por el contrario, la Comunidad de Madrid y el País Vasco fueron las dos únicas regiones que lograron reducir el fraude fiscal entre 2000 y 2009, con descensos del 0,8% y 1,2%, respectivamente.

En contra de la jubilación a los 67

Ante el elevado nivel de fraude, los técnicos instan a luchar contra la economía sumergida para elevar los ingresos, en lugar de "cargar las tintas" sobre los trabajadores, en referencia a las denuncias de los inspectores de presiones para recaudar más dinero, y rechazan la ampliación de la edad legal de jubilación a los 67 años que saca a los sindicatos esta tarde a la calle.

Señalan que esto anticipa embargos y otras medidas preventivas.

"Nuestra prioridad es que quienes defrauden dejen de hacerlo y evitar la evasión fiscal para elevar la recaudación y propiciar mejores y mayores prestaciones y políticas sociales", ha indicado el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.

Un plan para ingresar 30.500 millones más

Asimismo, Gestha aboga por un plan "eficaz" de lucha contra el fraude destinado a reducir hasta en diez puntos porcentuales la economía sumergida, con la recaudación de unos 38.500 millones de euros adicionales al año.

Así, el colectivo emplaza al Gobierno, que anunciará un plan contra el fraude fiscal el próximo 5 de marzo, a incluir políticas que otros países de la UE ya aplican, como publicar una estimación oficial de la bolsa de 'dinero negro' cada dos o tres años, desagregada por territorios y sectores.

Los técnicos consideran que el Parlamento debería fijar los objetivos de reducción de economía sumergida y realizar el control, y apuestan por fomentar la coordinación entre la administración central, las CC.AA y los ayuntamientos.