Francisco Martínez, el ex secretario de Estado de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, pasará este jueves a disposición judicial en la Audiencia Nacional, después de haber sido detenido este martes por presuntos delitos informáticos y de blanqueo junto al hacker José Luis Huertas, conocido como Alcasec, el youtuber Álvaro Martín y Adrián Molina.
Según han confirmado fuentes de la Audiencia Nacional, junto a él, también pasarán a disposición dos de los otros tres detenidos por su vinculación con la trama. El cuarto, Álvaro Martín, ha sido detenido en Andorra, por lo que se tramitará una petición de extradición a España.
En concreto, los delitos investigados son el de blanqueo de capitales, el de descubrimiento y revelación de secretos (intrusismo en un sistema informático y apoderamiento o cesión de datos reservados) y el de organización criminal. No obstante, los detalles no se han dado a conocer porque la causa se encuentra bajo secreto.
La Policía Nacional ha vinculado a Alcasec y a Martínez con una red criminal altamente especializada en ciberataques a organismos públicos y empresas privadas de sectores estratégicos. Esta red se habría realizado con "datos sensibles y privados" de millones de ciudadanos.
La memoria histórica y la ley de concordia aprobada por el gobierno valenciano ha sido uno de los principales focos de tensión durante la primera mitad de legislatura del Consell de Mazón.
Lo último en este tema ha sido la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra varios artículos de esa Ley y de suspender algunos preceptos de la norma valenciana.
El recurso argumenta que los artículos impugnados "podrían ser contrarios" a la Constitución y plantea una posible vulneración de competencias estatales.
El magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, toma declaración como testigo a Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- que envió un correo electrónico a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de un pacto.
FOTO: Carlos Neira (d), abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al Tribunal Supremo para declarar como testigo ante el juez que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. EFE/ Rodrigo Jiménez
Algunos miembros del Gobierno se han pronunciado sobre esta citación, y han aplaudido que se vaya a investigar estos fallecimientos. "Se abre un rayo de esperanza para las familias de las víctimas que murieron en residencias. [..] Por fin, la Justicia va a investigar los protocolos de la vergüenza. La Comunidad de Madrid y la señora Ayuso tendrán que dar explicaciones", ha clamado el ministro para la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López.
También la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que espera que "la Justicia ponga las cosas en su sitio". "Se le denegó la posibilidad de tratamiento a personas que estaban en residencias porque la Comunidad de Madrid decidió que personas de determinada edad no se les podía desplazar a los hospitales", ha lamentado.
Asimismo, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido que la "Justicia siga su curso" y ha enviado "todo el apoyo y solidaridad" a las familias de las víctimas, porque "los protocolos supusieron que 7.291 personas fallecieran y eso es una vergüenza".
FOTO: Imagen de archivo de una residencia de Madrid. EFE/Fernando Alvarado
