La jueza de la dana confirma su decisión de no investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar
- La magistrada ha desestimado el recurso del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso
- Sostiene una falta de "coherencia argumentativa" en la defensa de los acusados
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La jueza que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre en Valencia ha confirmado su decisión de no citar como investigado en la causa al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, así como también al que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, a una jefa de servicio de coordinación del 112 y a una técnica de comunicación de Emergencias.
En un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y al que ha tenido acceso RTVE.es, la magistrada ha desestimado el recurso presentado por el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, contra una resolución del pasado 24 de abril en la que ya denegó su petición para investigar a los referidos cargos autonómicos.
Ese día, la instructora del caso acordó citar a 13 nuevos testigos en la causa, entre ellos a Miguel Polo. Sin embargo, la magistrada denegó que declarara como investigado, algo que solicitó la defensa de Argüeso, quien testificó ante la magistrada como investigado el pasado 11 de abril, tras hacerlo la exconsellera de Interior, Salomé Pradas.
Asimismo, en otro auto emitido el pasado 8 de mayo, la jueza también rechazó la imputación de Polo, requerida en esta ocasión por la acusación popular de Asociación de Damnificados Dana Horta Sud, tras considerar que no existe ninguna "responsabilidad penal" sobre él.
La jueza ve una falta de "coherencia interna argumentativa"
En su escrito, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha reiterado a la defensa de Argüeso que "no ostenta legitimación de interesar la declaración como investigado de otra persona, máxime si atendemos al hecho de que el Ministerio Fiscal solicita la desestimación del recurso".
Además, la magistrada considera que "las conductas que se atribuyen" a los mencionados cargos autonómicos "no poseen encaje en la posición de garante respecto de los homicidios y lesiones imprudentes".
Finalmente, el auto alude a lo que entiende por una "cuestión de simple orden lógico y coherencia interna argumentativa". Esto es, bajo criterio de la jueza, que si los acusados construyen su defensa arguyendo que "no hay delito algo, carece de lógica citar como investigado a nadie". Por tanto, "la argumentación de que no hay delito es incompatible con la pretensión final: debe haber otros investigados", precisa.
En una segunda providencia notificada este viernes, la magistrada acuerda en ella, entre otras cosas, unir al procedimiento un informe aportado por la acusación popular que ejerce el sindicato Fetap-CGT, dar traslado a las partes de un informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil y hacer lo propio con dos escritos presentados por la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, uno de ellos con un vídeo y una fotografía que se adjuntan a la causa.
El PP dirige sus críticas contra la CHJ
Contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) van dirigidas las principales acusaciones que lanza el PP valenciano en la causa para defender su versión de los hechos. Pocos días después de la riada, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, señaló a este organismo por haber "desactivado la alerta hidrológica" ante posible desbordamiento de caudales "hasta en tres ocasiones".
Una línea argumental que siguen esgrimiendo meses después. El pasado abril, cuando se tuvo conocimiento del listado de llamadas en las horas críticas de la tragedia, la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, volvió a lamentar "el silencio letal" de la CHJ por no avisar del incremento de caudal de dicho barranco de 28 hectómetros a 1.686 hectómetros cúbicos durante dos horas y media.
Desde la CHJ se defendieron pocos días después de la dana arguyendo que, efectivamente, son responsables del seguimiento de los caudales, pero no tienen competencia sobre los barrancos secos. Y dado que el barranco del Poyo está normalmente seco, es responsabilidad de la Comunitat Valenciana, según se especifica en el Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat valenciana, actualizado en 2021.
Aun así, reiteraron que mandaron varios mensajes advirtiendo de los aumentos repentinos del caudal del barranco. En cuanto a los medidores para seguir la cantidad de agua, informaron de que solo cuentan con uno en Ribarroja del Turia y que más allá de él no pueden saber qué ocurre.
