La jueza de Catarroja cita a declarar como testigo al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar

• La magistrada ha acordado citar a 13 nuevos testigos en el caso
• Se ha acordado la personación como acusación popular de Compromís y de Intersindical

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, en un acto en Alicante EFE/Morell

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la dana en València, ha acordado citar a declarar a 13 nuevos testigos, entre ellos Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

El director y el subdirector de Emergencias, el que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y las alcaldesas de Paiporta y Catarroja y el de Sedaví, son otros de los citados como testigos, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que ha precisado que la jueza ha rechazado que algunos de esos cargos públicos sean citados como investigados.

La jueza acepta a Intersindical y Compromís como acusación popular

También la jueza ha aceptado la personación como acusación popular de Compromís y del sindicato Confederación Intersindical aunque ha denegado la solicitud de investigación solicitada por la defensa de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, imputada en la causa, sobre filtraciones a los medios del acta notarial que aportó en el juzgado y que incluía un listado de llamadas de su teléfono móvil.

La magistrada ha denegado las declaraciones como investigados solicitadas por la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso, quien declaró ante la magistrada como investigado el pasado 11 de abril, tras hacerlo Salomé Pradas.

En su último movimiento en la causa, la jueza rechazó el pasado 22 de abril citar a declarar como investigada a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. La magistrada respondió así en un auto notificado este martes a la solicitud presentada por una acusación popular y fundamenta su decisión en la normativa que considera aplicable en este caso, según la cual el Consell es “el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias”.

Pradas y Argüeso ante la jueza

Salomé Pradas declaró ante la jueza el pasado 17 de abril como investigada donde aseguró que se debió haber declarado la emergencia nacional, aunque indicó que eran los técnicos quienes debían valorar esa decisión. Según recogió la transcripción de su declaración ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, a la que ha tenido acceso TVE, Pradas manifestó que tanto ella como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, no eran "expertas en la materia" y asumieron un cargo "institucional", mientras que los expertos en emergencias eran los que "tenían que coordinar".

Por su parte, Emilio Argüeso declaró a la instructora del caso que querían que el Es-Alert fuera "comprensible" y no "excesivamente alarmante". Así, el que fuera secretario autonómico de Seguridad y Emergencias en el momento de la dana, aseguró en su declaración que fue el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, el primero en plantear emitir el 29 de octubre una alarma a la población por el peligro que representaba la presa de Forata, y se acabó decidiendo "sobre las 19.15 horas". El contenido del ES-Alert, según relató, "no querían que fuera excesivamente alarmante y que fuera comprensible, sencillo, fácil de entender".

De acuerdo con su versión, una vez se planteó ese envío por parte de Suárez hubo un debate del jefe del Consorcio y otro técnico, el jefe de seguimiento, "sobre si enviar o no un mensaje" porque "decían que podía generar incluso más lío". La conversación "duró poco" y al final la consellera "ordenó emitirlo y la delegada de gobierno estaba por la labor de mandarlo", algo en lo que él estaba a favor.