La jueza que investiga la gestión de la dana rechaza citar como investigada a Pilar Bernabé
- La magistrada señala al Consell como "el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil" en la Comunitat
- En un auto, describe el Cecopi como un lugar "aislado del mundo exterior" donde los técnicos "no informaban o lo hacían mal"
La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha rechazado citar a declarar como investigada a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
La magistrada, que responde así en un auto notificado este martes a la solicitud presentada por una acusación popular, fundamenta su decisión en la normativa que considera aplicable en este caso, según la cual el Consell es “el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias”.
“Se pretende obviar de forma total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil a la estatal, como base de la responsabilidad del Gobierno central”, añade la instructora, entre otras consideraciones, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La jueza describe el Cecopi como un lugar "aislado del mundo exterior"
En el auto, la jueza considera "evidente", tras ver los listados de llamadas y comunicaciones aportadas por la exconsellera de Interior Salomé Pradas y el ex número 2 de Emergencias de la Generalitat Emilio Argüeso que la Administración autonómica "concurrió en una evidente pasividad ante una situación gravísima".
"En el momento en que se lanzó la alerta a las 20.11 horas -prosigue el documento- ya se habían producido la práctica totalidad de los fallecimientos. Los cruces de llamadas, en los momentos en que fueron atendidas, no llevaron desgraciadamente a que se tomara ninguna decisión en el ámbito autonómico para salvar a la población".
Así, quienes debían tomar decisiones han manifestado ser "ajenos" a las miles de llamadas que se produjeron en aquella jornada al 112, a las previsiones meteorológicas de la Aemet, a las comunicaciones sobre el estado de los barrancos y también a las informaciones que durante el día se encargaron de difundir los medios de comunicación.
Se describe el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) como un lugar en el que los presentes parecían "aislados del mundo exterior", sin teléfonos móviles, encerrados en una "burbuja" donde los técnicos no informaban o lo hacían mal. Una sala donde el tiempo "transcurría lentamente, demorándose la toma de decisiones, mientras el agua y el barro se desbordaba de los barrancos y de los cauces de los ríos, y en la que las llamadas de auxilio no traspasaban el umbral".
Allí, asegura la magistrada, "ninguna información llegaba", ningún consejo "acertado" se proporcionó a los presentes y quienes accedían perderían la conciencia o la memoria de la gravedad de la situación, y recuerda el mensaje competido por Emilio Argueso a las 14.44 de aquel día, horas antes de enviarse la alarma: “Los barrancos están a punto de colapsar”
Asimismo, la jueza aplaude en el auto la actuación de la Universitat de València, que "con la misma información meteorológica" resolvió "salvaguardar a los alumnos, trabajadores y profesores del grave riesgo al que estaban expuestos".
Con todo lo expuesto, la magistrada sostiene que atribuir la responsabilidad sobre lo ocurrido al Gobierno central por no declarar la situación de emergencia nacional es un "reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad" de la Generalitat, una administración que fue "absolutamente incapaz de avisar, en tiempo y adecuadamente, a la población".
La jueza cita como perito a una catedrática de la Universitat de València
La jueza ha dictado también este martes otros dos autos. En uno de ellos ha rechazado la solicitud de otra acusación popular dirigida a la obtención de las grabaciones de los vehículos y sus matrículas que entraron en el Centro de Coordinación de Emergencias entre las 16.30 y las 23.59 horas del pasado 29 de octubre, el día de la dana. En el segundo, ordena la acumulación de denuncias y diligencias de otros juzgados que se han inhibido en favor del de Catarroja en una pieza separada.
El órgano judicial también ha notificado una providencia donde se da cuenta de la remisión de un atestado de la Guardia Civil por el fallecimiento de dos de sus agentes en el cuartel de Paiporta el día de la dana y de la renuncia de una representación letrada para ejercer la acusación particular en nombre de familiares de 64 de los fallecidos.
Esa providencia dispone asimismo la citación como perito de una catedrática de Geografía Física de la Universitat de València, la incorporación a la causa de vídeos aportados por afectados y la elaboración de informes por el Instituto de Medicina Legal (IML) sobre secuelas psíquicas y daños morales de familiares de fallecidos.
Asimismo, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha solicitado al director general de Medio Ambiente de la Generalitat, Luis Gomis Ferraz, un informe sobre "si los recursos puestos a disposición para la vigilancia del barranco del Poyo, el día 29 de octubre de 2024, fueron utilizados, y en qué momento cesó la utilización de dichos efectivos".
Conviene recordar que Gomis Ferraz remitió el día de la dana un comunicado interno a las 11.30 donde aseveró que, según el plan especial de inundaciones, correspondía a los servicios territoriales de Medio Ambiente el seguimiento de caudales en ríos y barrancos. Asimismo, en dicha providencia en la que cabe recurso, la jueza ha citado como testigos a nueve cargos del entorno de Emergencias de la Comunitat, entre ellos a la operadora de Comunicación de Emergencias, a la coordinadora de Recursos y Protección Civil así como al técnico superior de Protección Civil.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha practicado hasta la fecha, desde que inició la investigación por la gestión de la dana, unas 250 declaraciones testificales, mayoritariamente de parientes de las 227 víctimas mortales y una persona desaparecida registradas en la catástrofe.
En la causa hay personadas actualmente unas 40 acusaciones, de las que ocho ejercen la acción popular y las restantes la acusación particular.
