El juez cita como testigos al abogado del novio de Ayuso y a cuatro periodistas en la causa contra el fiscal general
- Es el abogado que envió el correo a la Fiscalía en que admitía la comisión de dos delitos fiscales por parte de González Amador
- El juez acepta así la petición planteada por la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz
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El juez que investiga la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y contra la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por revelación de secretos ha citado a declarar como testigos la próxima semana al abogado Carlos Neira (defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso), y a cuatro periodistas.
En un auto, al que ha tenido acceso RTVE.es, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Ángel Hurtado acuerda citar como testigo el próximo martes a Neira y el 30 de mayo a los periodistas. Accede así a la petición planteada por la defensa de García Ortiz.
En el mismo auto, acuerda también que se incorporen a las actuaciones las actas notariales de manifestaciones aportadas por los cuatro periodistas.
La Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, había reclamado estas testificales al juez en un momento en el que la investigación parece estar llegando a su recta final, con solo una diligencia pendiente hasta ahora: la citación del novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, como testigo este viernes.
Neira, el abogado que envió el correo admitiendo los delitos fiscales
Carlos Neira es uno de los abogados de González Amador, el que envió el correo del 2 de febrero de 2024 en el que admitía la comisión de dos delitos fiscales en su nombre. Los cuatro periodistas, del diario El País, conocieron su voluntad de alcanzar un pacto con la Fiscalía para evitar llegar a juicio.
Los servicios jurídicos del Estado solicitaron la testifical de Neira con la intención de que aclare si el 12 de marzo de 2024 (un día antes de que se produjera la denunciada filtración) recibió comunicaciones de periodistas de 'El País' en las que se solicitaba que confirmara si González Amador tenía voluntad de reconocer la comisión de dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública.
La Abogacía explicó en su escrito que también pretende que Neira explique si el 'email' que envió el 2 de febrero al fiscal Julián Salto (que investigaba a González Amador) fue enviado primero a un "buzón genérico" de la Fiscalía de Delitos Económicos y luego a la Abogacía del Estado.
Asimismo, aseguró que estaba interesada en conocer si Neira, tras recibir la respuesta de Salto, "procedió o no a reenviarlo" a su cliente y "si autorizó o consintió que dicho correo fuera posteriormente remitido" por Miguel Ángel Rodríguez (jefe de gabinete de Díaz Ayuso) a "distintos medios de comunicación".
Los mensajes de los periodistas con el abogado de González Amador
Por otra parte, los servicios jurídicos aportaron un acta notarial que "recoge y autentifica el contenido de los mensajes de Whatsapp y correos electrónicos intercambiados por" los periodistas de 'El País' con el abogado Carlos Neira en relación con una noticia que publicó dicho medio el pasado 20 de enero bajo el título "Las pruebas de un 'secreto' difundido al menos 31 horas antes de que lo reclamara el fiscal general".
En este sentido, incidieron en que dicha documentación "resulta especialmente relevante para acreditar que la información relativa a la voluntad de reconocimiento de los presuntos delitos fiscales" por parte de González Amador y su abogado "era ya conocida por diversos profesionales de la información con anterioridad a cualquier intervención o conocimiento por parte" del fiscal general del Estado.
Por ello, se solicitó la citación de estos periodistas, para que "puedan ratificar en sede judicial las manifestaciones ya realizadas en documento público notarial".
Cabe recordar que la Abogacía ya había pedido la declaración de varios periodistas y que el magistrado denegó dicha diligencia. De hecho, la Sala de Apelación del alto tribunal luego avaló la decisión de Hurtado al considerar que los periodistas se limitaron a cumplir con "su misión informativa". "Están protegidos por el derecho constitucional a no revelar sus fuentes, nada pueden aportar por el momento", dijo.
No obstante, la defensa del fiscal general insistió en pedir que se citase a dichos periodistas por "la aparición de nuevos elementos de convicción, no disponibles en el momento en que se interesó con anterioridad la comparecencia de alguno de estos testigos".
Esta vez, el magistrado accede a la petición al considerar que "no se le ha de privar" a la Abogacía que ejerza el derecho a la defensa con la declaración que solicita.
Hurtado reconoce que "se puede apreciar que los mensajes que se recogen en el acta" notarial de los periodistas "parecen estar en la idea de buscar una comunicación con el Sr. Neira (...)". Así las cosas, accede a que el abogado de González Amador sea "oído" como testigos" antes de que declaren los periodistas.
Rechaza citar a los agentes de la UCO
Con todo, el magistrado ha denegado la petición de la Abogacía del Estado de citar a dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que redactaron el informen técnico-pericial del pasado 7 de febrero para que "puedan aclarar de forma expresa la contradicción existente entre dicho informe y el anterior informe de la misma unidad, fechado el 21 de noviembre de 2024".
En concreto, se refería al hecho de que en un principio la UCO concluyó que la primera difusión del contenido del 'email' relativo a González Amador tuvo lugar a las 23.51 horas del 13 de marzo de 2024 en la web de la Cadena Ser y luego apuntó que la difusión había sido en antena en dicha emisora a las 23.25 horas.
"Esta diferencia de 26 minutos resulta particularmente relevante para el objeto del presente procedimiento, al afectar de manera directa al momento en que se habría producido la filtración", señalaban los servicios jurídicos.
El magistrado, sin embargo, ha declarado "no ha lugar" a la ratificación por parte de los funcionarios de la UCO. Según ha señalado en su auto, "no procede en este momento procesal la ratificación y aclaración interesada, que siempre podrá hacerse, llegado el caso, en el acto del juicio oral".
También ha rechazado la petición de la Abogacía para que la Guardia Civil hiciese un nuevo informe para esclarecer si los mensajes del móvil de García Ortiz se eliminaron el 16 de octubre, cuando se abrió causa en su contra en el Supremo. "No se nos dice qué necesidad hay de tal diligencia y su eventual relevancia, una vez practicadas cuantas ya han sido practicadas", contesta Hurtado.
