Tribunales

• La sentencia estima el recurso presentado por el empresario Alberto González-Amador
• Cree que queda "amparada" por una declaración responsable que fue "debidamente presentada"

David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha declarado por segunda vez en calidad de investigado en los Juzgados de Badajoz, dentro del marco que estudia su contratación en la Diputación de Badajoz. Asimismo, la jueza ha añadido al caso la adjudicación de un puesto de trabajo para Luis María Carrero, exasesor de Moncloa, en la misma institución, hecho por el que investiga los posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

En una declaración que ha durado algo más de media hora, David Sánchez únicamente ha respondido a las preguntas de su abogada y ha asegurado que no tuvo nada que ver con la contratación de Carrero. Según fuentes presentes, el hermano del presidente ha dicho que los correos electrónicos en los que hablaba de la plaza que terminó ocupando Carrero, y que ahora investiga la jueza, son un "malentendido".

Su abogada le ha preguntado de nuevo por la oficina de artes escénicas, a lo que Sánchez ha respondido que no era un lugar físico y que su puesto en la Diputación oficina “era un paraguas de actividades que intentaba servir de plataforma para poder proyectar recursos locales, de artistas, promover producciones propias”.

También ha declarado este viernes como testigo Cristina de Frutos, una de las diez personas que fueron aspirantes a la plaza que finalmente ocupó David Sánchez, quien ha asegurado que cuando fue a entrevistarse, le dijeron que la plaza ya "estaba dada" al el hermano del presidente. Junto a esto, ha considerado que "no hubo igualdad de oportunidades" en el proceso de selección.

• Los magistrados creen que los investigados no trataron de introducir de forma clandestina a los jóvenes becarios
• El tribunal estima parcialmente el recurso de Nacho Cano y del resto de los investigados

• Desestima los recursos presentados por la acusación particular y las dos acciones populares
• Las resoluciones todavía pueden ser recurridas al Tribunal Supremo

David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha llegado este viernes caminando a los Juzgados de Badajoz para declarar por segunda vez en calidad de investigado, en el marco del caso que estudia su contratación en la Diputación de Badajoz.

A diferencia de su primera declaración del pasado 9 de enero, cuando entró a los juzgados por el garaje en el asiento trasero de un coche, en esta ocasión Sánchez ha llegado al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz a pie. Además, lo ha hecho solo, ya que su abogado ha entrado con anterioridad.

Varios periodistas, cámaras y fotógrafos han esperado al hermano del presidente en la puerta de los juzgados para preguntarle por las sensaciones previas, aunque este no ha querido hacer ninguna declaración a su llegada.

• Junto al hermano del presidente Sánchez, declaran también otros tres investigados vinculados a la Diputación de Badajoz
• Una aspirante al puesto de David Sánchez considera que "no hubo igualdad de oportunidades" en el proceso

• Blanca Serra asegura que fue torturada en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona en 1977, 1980, 1981 y 1982
• El Ministerio Fiscal ha abierto esta pionera investigación en virtud de la nueva ley de memoria democrática

• La magistrada ha acordado citar a 13 nuevos testigos en el caso
• Se ha acordado la personación como acusación popular de Compromís y de Intersindical

• Ni González Amador ni la vicepresidenta tenían la obligación de acudir al Supremo y solo han ido sus abogados
• La pareja de la presidenta madrileña reclama a Montero 40.000 euros por un delito contra su derecho al honor

• Solicita la amnistía porque sus actuaciones se ciñeron a la financiación y organización del 1-O, que están incluidas en la norma
• El fiscal considera que también se debe amnistiar el delito de malversación para no dejar "vacía de contenido" la ley

Luisgé Martín, autor de la novela El odio, que incluye el testimonio de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos, ha calificado la no publicación de su libro como "grave", afirmando que se retira "por lo que dice gente que no ha leído el libro", un hecho que en su opinión "forma parte de sociedades prefascistas". En una entrevista con Xabier Fortes en La noche en 24 horas, Martín ha querido aclarar que El odio es un libro que José Bretón "detesta" y que, tras enviarle el manuscrito, el asesino le contestó que "estaba lleno de mentiras".

El escritor ha reconocido que su error ha sido "no haber avisado" a Ruth Ortiz, exmujer y madre de los niños de Bretón, una vez terminada la novela. "Su dolor no era el motivo del libro, pero no tenía que haberse enterado por la prensa", ha lamentado. Martín también ha negado que la novela sea un instrumento de violencia vicaria ni contribuya a una revictimización. "Decir que prolonga la violencia vicaria es una aberración. La empatía está con la víctima, no con el asesino. No se da voz al asesino, se le confronta".

• En el informe se defiende la actuación de la subinspectora que realizó el primer documento
• La primera inspección certificó que los 17 becarios estaban en regla, ya que realizaban una formación "no reglada"

• Cita también el día 16 de mayo a los peritos que firman el informe de la UCO sobre el resultado del material intervenido
• El juez había rechazado citarle como testigo por considerar que suponía "una dilación para la declaración de los investigados"

• En un escrito al que ha tenido acceso RTVE, el Ministerio Fiscal solicita el nombre completo y cargo de los componentes
• La dana del 29 de octubre que arrasó varios municipios de Valencia ha dejado 227 muertos y un desaparecido

• Pedía ser indemnizado con más de tres millones de euros y una declaración de culpa de aquellos que le condenaron
• El tribunal no aprecia "el invocado error judicial en los términos de error craso o evidente"

• También tendrán que indemnizar con 220.000 euros a los padres y hermano de la víctima, de 20 años
• La víctima pronunció la expresión suwoop, que los condenados interpretaron como una provocación entre bandas rivales

• Jean François Eap está acusado en Estados Unidos y Francia de proporcionar su aplicación cifrada a criminales
• Sky ECC desactivaba la cámara del móvil, el micrófono, los sensores GPS y destruía todo el contenido en caso de emergencia

• La magistrada señala al Consell como "el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil" en la Comunitat
• En un auto, describe el Cecopi como un lugar "aislado del mundo exterior" donde los técnicos "no informaban o lo hacían mal"

• Juan Carlos Peinado ha citado a declarar como testigo al que era entonces coordinador de personal de Moncloa
• El magistrado ha ordenado un careo entre Cristina Álvarez y el exvicesecretario general de Presidencia Alfredo González

En Estados Unidos, la Corte Suprema ha paralizado la deportación de al menos 30 migrantes venezolanos acusados de pertenecer a una banda criminal. Iban a ser enviados a la macrocárcel de Bukele en El Salvador mediante la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se había empleado en tiempos de guerra. Allí han sido expulsados más de un centenar de migrantes en las últimas semanas. Foto: Tierney L CROSS / AFP