La Fiscalía pide amnistiar a los 40 ex altos cargos de Puigdemont procesados por organizar el referéndum del 1-O
- Solicita la amnistía porque sus actuaciones se ciñeron a la financiación y organización del 1-O, que están incluidas en la norma
- El fiscal considera que también se debe amnistiar el delito de malversación para no dejar "vacía de contenido" la ley
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La Fiscalía ha pedido la amnistía para los cerca de 40 empresarios y ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña durante la presidencia de Carles Puigdemont que fueron procesados por los preparativos del 1 de octubre. Además, también ha solicitado la aplicación de esta ley para como el exconseller de Exteriores Raül Romeva, tras casi un año de bloqueo por una discusión sobre competencias judiciales.
Así se ha pronunciado el Ministerio Público en un escrito publicado este miércoles, en el que considera que "se compartan o no las motivaciones políticas, ideológicas o incluso filosóficas" de los impulsores de la ley, los procesados por el 1-O deben ser amnistiados debido a que sus actuaciones se ciñeron a la financiación y organización del referéndum, que están incluidas en la amnistía.
El fiscal pide que se les amnistíe la malversación
En su texto, el fiscal se ha desmarcado de la tesis aportada por el Tribunal Supremo y ha pedido a la Audiencia de Barcelona que amnistíe también el delito de malversación, que se suma a los de prevaricación, falsedad documental y desobediencia por los que fueron procesados los organizadores del referéndum. Ha observado que, de no hacerlo, se dejaría "vacío de contenido" lo dispuesto en la ley.
No obstante, la Fiscalía sí ha dejado al margen de la amnistía dos gastos concretos que ha considerado que no están vinculados con la trama del procés. Se trata, en concreto, del servicio de limpieza y una auditoría encargados por el Diplocat (consorcio público privado que se dedica a proyectar Cataluña en el mundo), por lo que pide llevar a juicio a los exsecretarios generales de esta institución, Roser Clavell y Albert Royo, aunque únicamente por esos contratos.
Altos cargos procesados por el referéndum
Por la organización y logística del referéndum de 2017, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona procesó a una treintena de miembros del conocido como 'sottogoverno' de Carles Puigdemont. Entre ellos se encuentran los exdirectores de la CCMA, TV3 y Catalunya Ràdio, Núria Llorach, Vicenç Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente, además del que fuera director de la delegación del Govern ante la UE Amadeu Altafaj y la exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal.
A ellos se añadieron posteriormente los investigados en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona por los gastos del 'procés' en el exterior, entre los que figuraba el propio Romeva.
En su escrito para amnistiar al 'sottogoverno' de Puigdemont, el ministerio público ha concluido que los ex altos cargos procesados "dirigieron, promovieron y participaron activamente" en la ejecución de una "estrategia" concebida para la ejecución del referéndum ilegal, "cada uno de ellos dentro de su nivel de responsabilidad", pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
Las actuaciones que la Fiscalía considera amnistiables
En concreto, detalla que el Govern de Puigdemont siguió la estrategia de "diluir la responsabilidad individual", mediante la colaboración de varios departamentos de la Generalitat, "para dificultar cualquier tipo de obstaculización que pudiera provenir del Estado".
Entre los actos que la Fiscalía ha atribuido a los procesados y que ha considerado amnistiables, figuran la disposición de fondos y recursos públicos para financiar el 1-O, la elaboración de una página web informativa, el aplicativo de registros de catalanes en el exterior, el registro de voluntarios, las campañas de comunicación institucional y las del Diplocat.
Otras de las actividades atribuidas a los procesados y que también deben quedar amnistiadas, según la Fiscalía, son el proceso de nombramiento y comunicación formal de los miembros de las mesas electorales del 1-O, que varias conserjerías encargaron a la empresa Unipost. Junto a esto, el fiscal ha señalado como actuación que cabe en la amnistía a la elaboración del censo electoral mediante todos los registros públicos de propiedad de la Generalitat.
El TSJC cuestiona que se amnistíe la malversación
En este procedimiento estuvieron investigados también los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, ex altos cargos de la conselleria de Vicepresidencia y Economía liderada por Oriol Junqueras. Sin embargo, su caso quedó en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al estar aforados, al igual que el de la exconsellera de Cultura Natàlia Garriga
Con estos tres procesados pendientes de juicio, el TSJC paralizó en julio del pasado año la aplicación de la amnistía a Jové y Salvadó y elevó la ley al Constitucional y a la justicia europea al cuestionar que el delito de malversación deba ser perdonado.
