Un juzgado avala las obras del piso donde vive Ayuso con su pareja e impone las costas al Ayuntamiento de Madrid
- La sentencia estima el recurso presentado por el empresario Alberto González-Amador
- Cree que queda "amparada" por una declaración responsable que fue "debidamente presentada"
El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 14 de Madrid ha fallado que la reforma de la vivienda que comparten la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, el empresario Alberto González Amador, se encontraba "amparada" por una declaración responsable que fue "debidamente presentada" y que el Consistorio ignoró "completamente" cuando le abrió un expediente de restauración de legalidad urbanística.
La sentencia, a la que ha tenido acceso RTVE, impone al Ayuntamiento de Madrid el pago de las costas del procedimiento, aunque todavía no especifica su cuantía y señala que "no se alcanza a comprender" por qué la administración demandada "exige licencia para la realización de unas obras que están sujetas al régimen de declaración responsable por el hecho de haberse realizado en dos momentos o fases distintas", pues nada se prevé a este respecto en la normativa urbanística aplicable.
El empresario Alberto González Amador se encuentra inmerso en otra causa judicial por un presunto fraude a Hacienda y falsedad documental, que la jueza instructora acordó abrir en octubre de 2024 a petición del PSOE y Más Madrid, personados como acusaciones populares. A esta causa se sumó otra pieza separada en la que se le investiga por corrupción, en relación al presunto pago de casi medio millón de euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención.
El Ayuntamiento advirtió de la ineficacia de la declaración responsable
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid estima el recurso interpuesto por González Amador, que es el propietario de la vivienda, contra una resolución del Consistorio de 2024 en la que se le requería que solicitara licencia para una reforma. La anula "por no ser conforme a derecho" y la deja sin efecto. Además impone las costas procesales al Ayuntamiento.
El juez explica que la reforma de la vivienda estuvo "amparada" por una declaración responsable que fue "debidamente presentada" y que el Consistorio ignoró "completamente" cuando le abrió un expediente de restauración de legalidad urbanística.
En la relación de hechos, la sentencia recoge como González Amador presentó el 4 de agosto de 2022 en el Ayuntamiento de Madrid escrito y documentación de la declaración responsable para la realización de obras de acondicionamiento puntual en la vivienda.
Ante esta declaración responsable, la Junta de Distrito de Chamberí respondió con un informe técnico al día siguiente, en el que advertía de la ineficacia de la declaración responsable presentada por no reunir los "requisitos de carácter esencial" establecidos en la normativa.
En su informe, el Ayuntamiento de Madrid advertía de que el interesado había expresado su intención de ampliar posteriormente la declaración responsable para la ejecución de las obras y que la tramitación de solicitudes parciales de obras, "se tramita exclusivamente por el procedimiento de licencia urbanística y para el tipo de obras admitidas para dicho procedimiento". Y advertía además de que "una declaración responsable no es ampliable ni modificable durante un período de tiempo".
Una inspección del Ayuntamiento de Madrid concluyó que las obras del piso donde reside Ayuso con su pareja se hicieron sin contar con la correspondiente licencia y daba al propietario dos meses para solicitar los permisos necesarios. En concreto, según pudo saber RTVE, en mayo de 2024 el piso no contaba con licencia para las obras de aire acondicionado, redistribución de estancias e instalación de toldos.