El Supremo deja visto para sentencia la demanda del novio de Ayuso contra Montero por vulneración del derecho al honor

• Ni González Amador ni la vicepresidenta tenían la obligación de acudir al Supremo y solo han ido sus abogados
• La pareja de la presidenta madrileña reclama a Montero 40.000 euros por un delito contra su derecho al honor

Imagen de la fachada exterior del Tribunal Supremo AGENCIAS

El Tribunal Supremo ha celebrado este jueves una audiencia previa para examinar la demanda que presentó Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien reclama 40.000 euros por sus declaraciones sobre las investigaciones penales abiertas contra él. Tras esta cita, la demanda ha quedado vista para sentencia.

Ni González Amador ni Montero se han personado en el Supremo, ya que estaban obligados a hacerlo, y únicamente han acudido sus respectivos abogados. En el caso de la vicepresidenta, su defensa está a cargo de la Abogacía del Estado.

Esta audiencia se celebra después de que el pasado 2 de octubre se celebrase un acto de conciliación que quedó sin efecto porque ni la propia Montero ni los abogados del Estado que la representaban acudieron a la cita, que tenía como objetivo que la titular de Hacienda se retractara de sus afirmaciones.

La pareja de Ayuso presentó la demanda por intromisión ilegítima en su derecho al honor, reclamando los 40.000 euros en concepto de indemnización por unas declaraciones que la ministra había realizado durante una sesión de control al Gobierno en el Senado.

Amador alega vulneración a su presunción de inocencia

La abogada del demandante ha pedido que se incluyan como pruebas tanto el correo electrónico que se filtró a los medios como un argumentario del PSOE o de Moncloa que presuntamente habría utilizado la vicepresidenta.

Además, ha calificado como falsas las declaraciones que pronunció Montero porque González Amador no está condenado, vulnerando la presunción de inocencia. También ha añadido que su representado no compró su casa con dinero defraudado a Hacienda.

Montero y la Fiscalía defienden que prevalece la libertad de expresión

Por su parte, la abogacía del Estado ha considerado que las palabras de la vicepresidenta entran dentro de la libertad de expresión y que se basan en hechos publicados en medios de comunicación. Además, ha alegado que el derecho al honor de González Amador queda restringido porque se trata de alguien afectado por una causa penal con amplia relevancia social.

La Fiscalía también ha observado que no se ha producido una vulneración del derecho al honor y ha tomado en consideración la libertad de expresión de María Jesús Montero. Para ello, han defendido que el derecho a la libertad de expresión no exige la veracidad de lo que se está opinando.

Las acusaciones de Montero en el Senado

En concreto, durante aquella sesión parlamentaria que se realizó en marzo de 2024, Montero recrimino a la presidenta madrileña estar viviendo "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública" y "con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de la pandemia".

La vicepresidenta también destacó que le resultaba "llamativo" que Ayuso "tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntos casos de fraude, sean de mascarillas o de comisiones o de cualquier otra cuestión".

La pareja de Ayuso presentó varias demandas

Estas acusaciones de la vicepresidenta llegaron el mismo día que se conoció la denuncia que presentó la Fiscalía contra González Amador por un presunto fraude fiscal que asciende hasta los 350.000 euros y que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

Tras las palabras vertidas por Montero, la defensa González Amador anunció varias demandas contra la vicepresidenta por intromisión al honor y por revelación de secretos. Además, presentaron otra querella contra la Fiscalía por la nota difundida en la que se informaba del pacto alcanzado con Hacienda, donde se reconocía la autoría de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades.