Suspendidas las declaraciones de los excargos de Ayuso imputados por las muertes en las residencias de Madrid
- Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo son los autores del protocolo que impidió derivar a ancianos a hospitales
- También iba a declarar como imputado el doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario que elaboró el plan de choque
Las declaraciones como imputados de los ex altos cargos del Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, y el doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid, que estaban previstas este lunes, se han suspendido por un defecto de forma en el proceso, según fuentes presentes en la declaración, al asegurar los abogados de los investigados que no les habían dado un adecuado traslado de las actuaciones.
Los tres citados iban a declarar ante el juez en la causa por los fallecidos en residencias en la pandemia por un presunto delito de denegación de un servicio público por motivos discriminatorios, castigado en el artículo 511 del Código Penal. La sesión ha quedado suspendida y el juez tendrá que fijar una nueva fecha para su comparecencia.
“‼️ ÚLTIMA HORA | Se suspenden las declaraciones de los tres excargos de Ayuso imputados por las muertes en las residencias de Madrid
— Radio 5 (@radio5_rne) May 26, 2025
▪️ Los abogados de la acusación consideran que se trata de una estrategia dilatoria
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Mur y Peromingo estaban citados ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid como autores de los llamados "protocolos de la vergüenza" que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en marzo y abril de 2020, mientras que Burgueño estaba convocado como responsable del 'plan de choque' del Gobierno regional.
Los abogados de la acusación han señalado a su salida de los juzgados que creen que se trata de una estrategia dilatoria para intentar que prescriban los delitos. Así lo ha asegurado la letrada Alejandra Jacinto, que representa a las familias de los fallecidos en las residencias, al recordar que las acusaciones recibieron el auto a principios de abril y que no entienden las razones por las cuales la otra parte no lo tiene.
El letrado de la asociación Mareas de Residencias y de 7291: Verdad y Justicia, Carlos Castillo, ha dicho que "igual que han estado las familias de las víctimas cinco años luchando" ellos también van a seguir luchando, van a solicitar más pruebas, y que declaren en este juzgado. El abogado ha dicho que "más pronto que tarde se señalará una nueva fecha para estas declaraciones".
El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes. El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado.
Carlos Mur era director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores en la primera ola de covid-19.
Peromingo por su parte, era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y en mayo de 2020 sustituyó a Mur cuando fue cesado. Mientras que Burgueño elaboró el plan de choque para residencias de ancianos y personas con discapacidad.
Las familias, al conocerse la suspensión: "¡Vergüenza, vergüenza!"
Los familiares de las víctimas, convocados por las asociaciones Marea de Residencias, 7291: Verdad y Justicia y Pladigmare —Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias— se manifestaban en la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla a la hora a la que estaba prevista la declaración de los tres imputados, y han recibido la noticia de la suspensión de la declaración al grito de "vergüenza".
A Burgueño, que había llegado a los juzgados pocos minutos antes de las 12:00 también le han recibido con gritos de "vergüenza" y le han pedido "justicia y reparación", a lo que el exasesor de Ayuso ha respondido con estas palabras: "Ciudadanos y víctimas estamos en el mismo lugar".
Varias personas exigen verdad justicia y reparación para las víctimas del covid-19 en las residencias. A. Pérez Meca / Europa Press
Antes de conocerse la decisión de suspender la declaración, la portavoz de Marea de Residencias, Carmen López, calificaba la citación como imputados de los tres excargos de Ayuso como "un hito que marca un paso diferente en este periplo" que llevan "de búsqueda de justicia", algo "muy relevante" independientemente de cuál sea el resultado final.
La presidenta de la Asociación 7.291 Verdad y Justicia, María Jesús Valero ha afirmado en La Hora de La 1 que se enfrentan a este proceso con "mucha esperanza" después de cinco años de estar "esperando justicia", de "sufrimiento, de vejaciones por parte de la Comunidad de Madrid".
Cree que la declaración como imputados de los tres excargos permite abrir "una luz al final del túnel" y que podría ser un precedente para que el resto de juzgados a los que han llegado el resto de denuncias puestas colectivamente en octubre vean la posibilidad de "abrir cada una de las denuncias" que llegaron a través de la Fiscalía.
Por su parte, la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (PLADIGMARE) espera que en este proceso judicial se apunte a altos cargos de la comunidad, como el exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Su portavoz, Miguel Vázquez, cree que tendrán que decir si consideraban, por ejemplo, que con medio centenar de médicos de atención primaria desplazados a 475 residencias era suficiente para medicalizar las residencias y par que no fueran derivados a los hospitales.
El PP da su "máxima confianza" al Gobierno Ayuso y ve "utilización política"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado al ser preguntado en una entrevista en Telecinco, por la declaración como imputados este lunes de tres ex altos cargos de Díaz Ayuso, se ha mostrado "convencido" de que las comunidades autónomas actuaron conforme a protocolo epidemiológico. Y ha asegurado que no tiene "nerviosismo" y con los datos en la mano "la mortalidad respecto a otras comunidades autónomas está muy por debajo".
"Máximo respeto" ha expresado el portavoz y vicesecretario de Cultura del PP Borja Sémper en relación con las decisiones adoptadas por la Fiscalía y la investigación. También ha recordado que "numerosas" denuncias han sido archivadas y ha considerado que hay "utilización política" en las muertes de mayores en residencias en la primera ola de la pandemia.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la Fiscalía de actuar "presumiblemente por orden del fiscal general del Estado" al cambiar su criterio con respecto a las denuncias por muertes en residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Almeida ha dicho que respeta el proceso judicial, pero "teniendo en cuenta los antecedentes, que más de 60 denuncias han sido archivadas", y cree que la Fiscalía "ha decidido rectificar el criterio", "presumiblemente" por "orden del fiscal general del Estado".
El PSOE, Más Madrid y Podemos piden que se sepa la verdad
Por su parte, el PSOE de Madrid ha anunciado a través de un comunicado que solicitará formalmente la personación en el procedimiento judicial en el que se investiga a los tres ex altos cargos de Ayuso y pedirá en todos los juzgados que reabran actuaciones.
Junto a la investigación de la posible denegación de la prestación sanitaria por discriminación a las personas mayores usuarias de las residencias que no se derivaron a los hospitales, solicitará que se investigue también la elaboración de los protocolos, como un caso de prevaricación, al considerar que se podrían haber aprobado sabiendo que podían ser ilegales y podían dar lugar al fallecimiento de esas personas sin atención sanitaria.
La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha dicho que se alegra por las víctimas en residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y ha afirmado que no pararán "hasta que esa justicia se haga". "Es un día muy importante para las familias de las víctimas que llevan 5 años peleando contra viento y marea para que se haga justicia, para que se conozca la verdad. Para enfrentarse al desprecio con el que el Partido Popular ha gestionado esta cuestión desde el primer momento", ha afirmado.
Mientras, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado de "excelente noticia" que la justicia haya dado un paso para investigar lo sucedido en las residencias en la pandemia. "Esperamos que sea el principio de un camino judicial que acabe con Ayuso condenada y en prisión por la evidente gestión criminal y gerontocida perpetrada contra las personas sin seguro privado", ha asegurado el portavoz.
