Francisco Martínez, ex número dos de Interior con Mariano Rajoy, pasará este jueves a disposición judicial
- Está vinculado a una red criminal especializada en ciberataques a instituciones públicas y empresas privadas
- Realizaban perfiles completos y detallados de personas e instituciones para comercializar información sensible
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Francisco Martínez, el ex secretario de Estado de Interior con Mariano Rajoy, pasará este jueves a disposición judicial en la Audiencia Nacional, después de haber sido detenido este martes por presuntos delitos informáticos y de blanqueo junto al hacker José Luis Huertas, conocido como Alcasec, el youtuber Álvaro Martín y Adrián Molina.
Según han confirmado fuentes de la Audiencia Nacional, junto a él, también pasarán a disposición dos de los otros tres detenidos por su vinculación con la trama. El cuarto, Álvaro Martín, ha sido detenido en Andorra, por lo que se tramitará una petición de extradición a España.
En concreto, los delitos investigados son el de blanqueo de capitales, el de descubrimiento y revelación de secretos (intrusismo en un sistema informático y apoderamiento o cesión de datos reservados) y el de organización criminal. No obstante, los detalles no se han dado a conocer porque la causa se encuentra bajo secreto.
Esta investigación se inició después de la denuncia de una institución pública que sufrió un acceso ilícito a sus servicios informáticos, lo que originó la filtración masiva de datos personales de titulares de líneas de teléfono móvil.
Una red criminal con datos de millones de ciudadanos
La Policía Nacional ha vinculado a Alcasec y a Martínez con una red criminal altamente especializada en ciberataques a organismos públicos y empresas privadas de sectores estratégicos. Esta red se habría realizado con "datos sensibles y privados" de millones de ciudadanos.
Así lo han especificado a través de una nota de prensa, donde también han explicado que esta organización criminal desarrolló una infraestructura tecnológica sofisticada y compartimentada, diseñada para maximizar la extracción, almacenamiento, procesamiento y explotación de los datos que obtenían de forma ilícita, logrando minimizar su exposición jurídica y operativa.
Toda esta información que han sustraído se conseguía mediante ciberataques e intrusiones informáticas reiteradas que se planificaban contra sistemas de organismos públicos y privados y que han sido ejecutadas de forma sostenida durante años.
Realizaban "perfiles completos" de personas e instituciones
A partir de esa acumulación progresiva de datos, la organización elaboraba perfiles detallados de personas e instituciones con el objetivo de maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de información sensible.
Toda esta operativa "estaba alojada en servidores distribuidos en la nube, que el grupo consideraba inaccesibles para los cuerpos y fuerzas de seguridad". Además, los investigadores han asegurado que "la estructura criminal operaba como una auténtica red de inteligencia privada, con funciones claramente diferenciadas".
La operación, bautizada como Borraska, ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y se inició en 2024 tras detectarse una serie de ciberataques sistemáticos y sostenidos en el tiempo contra infraestructuras informáticas de organismos públicos, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas.
