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Carlos Castillo, abogado de Marea de Residencias y de 7291: Verdad y Justicia, asociaciones de familiares de víctimas de las residencias durante la pandemia, se ha mostrado cauto en Las mañanas de RNE con Josep Cuní respecto a la posible imputación de Antonio Burgueño, exasesor sanitario madrileño, tras asegurar ayer ante el juez que fue nombrado Mando Único durante la pandemia. Castillo también ha explicado que la declaración del presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, deja claro que discriminación entre pacientes que tenía seguro médico privado y los que no, y, por tanto, "cada vez queda más claro que hubo un delito de negación discriminatoria de la atención sanitaria" durante la pandemia hacia los residentes que no fueron derivados a la sanidad pública "a causa de unos protocolos que lo impedían".

El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha declarado este martes como testigo en la segunda de las causas judiciales abiertas para investigar los fallecimientos en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de covid-19. En su declaración, Reyero ha insistido en que cuando conoció los protocolos de no derivación de los residentes a los hospitales el 20 de marzo en la primera ola de la pandemia se dirigió al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y a Carlos Mur, como firmante y les advirtió que si esos protocolos se aplicaban habría personas que "morirían de forma indigna" y les explicaba las razones por las que se estaba produciendo una "discriminación de personas que tenían un "nivel de discapacidad elevada". En el procedimiento judicial están investigados los ex altos cargos del Gobierno regional Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca. Los querellados declararán como investigados el próximo 17 de junio. También ha sido citada como investigada la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina. Foto: EFE/Chema Moya