El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue citado ante el juez hace unos meses mientras se recuperaba de una cirugía intestinal, momento que un miembro de su equipo grabó y difundió en redes. Hace unos días compareció ante la Corte Suprema, donde declaró: "La idea de un golpe de Estado nunca se consideró en mi gobierno".
Bolsonaro y otros siete imputados han sido acusados de intentar un golpe de Estado en enero de 2023. El antiguo mandatario aseguró que "fueron 1500 personas, pobres almas que se fueron después del caos", refiriéndose a los seguidores que asaltaron los poderes en Brasilia tras las elecciones de 2022.
Ha reconocido que estudiaron "las posibilidades dentro de la Constitución" y aceptaron los resultados cuando vieron que no podían actuar legalmente. El juicio quedará listo en septiembre y se enfrenta a hasta 40 años de prisión, aunque podrá recurrir.
A pleno sol y frente al símbolo del poder judicial, el Tribunal Supremo, este sábado se han manifestado jueces y fiscales de cinco asociaciones diferentes que coinciden en su denuncia: creen que la reforma del Gobierno supone una clara injerencia en el poder judicial.
Y piden al Ejecutivo que la retire de forma inmediata. Centran sus críticas sobre todo en dos aspectos concretos, en los cambios a la hora de acceder a la carrera judicial y fiscal y la modificación del estatuto que deja en manos de los fiscales la instrucción de causas penales.
"No puede admitirse en una instrucción con garantías que un fiscal pueda recibir una orden singular de su superior, son incompatibles con un fiscal instructor independiente", señala el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallares.
Han anunciado que mantienen la huelga prevista para la semana que viene y el ministro de Justicia les ha respondido: "Pido que se lean el proyecto de ley para comprobar que los motivos de la concentración de hoy son infundados, no hay absolutamente nada que afecte a la independencia judicial ni al Estado de derecho", ha recriminado Félix Bolaños.
Al final de la concentración, un grupo de personas han intentado impedir que los medios de comunicación, especialmente Televisión Española, informara sobre el acto.
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Los jueces y fiscales mantienen la huelga de la próxima semana contra la reforma del Gobierno de la carrera judicial, a pesar de que el CGPJ dictaminara que no tiene base legal. Las asociaciones conservadoras defienden que el paro es un derecho fundamental. El Ejecutivo dice que esa huelga no está regulada.
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Félix Bolaños no da crédito a la petición del juez Peinado. El magistrado que investiga a Begoña Gómez le atribuye delitos de malversación y falso testimonio y pide al Supremo su imputación, pero el ministro de Justicia ve "errores de bulto" en su exposición.
El juez cree que no dijo la verdad cuando le preguntó quién era el responsable directo de la asesora de Begoña Gómez. En la declaración, ya le reprochó que no fuera preciso en sus respuestas. También quiere que le investiguen por malversación, porque dice que Bolaños era el último responsable de la asesora de Begoña Gómez, un puesto de libre designación. Sostiene que Cristina Álvarez, con un sueldo público, trabajó en los negocios privados de la mujer del presidente.
"Tengo confianza plena en un Tribunal Supremo profesional e imparcial que estoy convencido de que adoptará una resolución justa", ha afirmado Bolaños.
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El juez Peinado pide al Supremo que impute a Félix Bolaños. Lo hace en esta exposición razonada que ha enviado esta mañana al Alto Tribunal, en el que contempla que el ministro de Justicia podría haber cometido dos delitos: uno de malversación por contratar, en conexión con otras personas, a la asesora de la mujer del presidente y otro de falso testimonio, porque el magistrado cree que Bolaños mintió en su declaración, a pesar de que era testigo.
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