La UE instó hace un año a España a regular a los jueces temporales y convertirlos en trabajadores fijos
- La Comisión Europea escribió una carta en julio de 2024 para exigirle al Gobierno que redujese la temporalidad
- El Gobierno ha impulsado una ley para convertir en fijos a jueces temporales y que provoca rechazo en el sector
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La Comisión Europea instó hace un año a que regularizase la situación de los jueces sustitutos. En una misiva remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y fechada a 25 de julio de 2024, la Comisión decía que los jueces sustitutos "dado que ejercen la jurisdicción 'con idéntica amplitud' que los jueces titulares a los que sustituyen y ejercen sus funciones 'con los mismos derechos y deberes en el ámbito jurisdiccional', deben ser considerados trabajadores fijos".
Por ello, el organismo comunitario exigió al Gobierno aplicar medidas para estabilizar a los trabajadores de la judicatura y cumplir con los requerimientos europeos y evitar así expedientes sancionadores.
La carta se conoce a tan solo un día de comenzar los tres días de huelga contra el proyecto de Ley impulsado por el Gobierno que pretende, entre otras cosas, convertir en trabajadores fijos a cerca de 900 jueces que están como sustitutos en España. Una convocatoria de huelga que no cuenta con amparo legal, según estableció el jueves de la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial.
Las cinco asociaciones organizadoras de la huelga son la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Todas de tendencia conservadora. De estas protestas se ha desvinculado la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) que, tras consultar las bases de la convocatoria, confirmó que no la secundaría pese a estar en contra del proceso de estabilización contemplado para la carrera.
El Gobierno respeta las acciones convocadas y a quienes decidan sumarse o no, según informan fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Con todo, desde el ministerio insisten en la necesidad de la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial e informan de que se hará un seguimiento de los jueces y fiscales que no acudan a su puesto de trabajo para secundar la huelga "con el fin de conocer el seguimiento y detraer el salario de quienes la secunden".
La CE tiene abiertos dos procedimientos de infracción por abuso de temporalidad
Los convocantes consideran que la independencia judicial está "bajo amenaza" porque la reforma de acceso a la carrera judicial "rebaja la excelencia de conocimientos" y "pretende meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces". Además, apuntan a que se quiere modificar la base de ambas carreras para convertir en jueces y fiscales a los que han sido sustitutos o que acumulen cinco años de experiencia profesional. "En definitiva, se crean diferentes vías de acceso para ser juez o fiscal: una, ardua y difícil, de mucho estudio, para quienes no tienen contactos, y otra más sencilla para que la transiten aquellos a quienes le interese en cada momento al poder político", han denunciado las asociaciones en un manifiesto publicado este domingo tras una manifestación en Madrid.
La polémica reforma parte de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que se aprobó hace pocas semanas en el Congreso de los Diputados, después de un largo recorrido parlamentario, y que pretende cumplir con las exigencias de Europa de reducir la temporalidad entre los jueces sustitutos.
La Comisión Europea tiene abiertos dos procedimientos de infracción del año 2014 por el abuso de la temporalidad en la contratación de jueces sustitutos.
Junto a la carta de julio, en octubre envió otra en la que la Comisión denunciaba que España no tiene medidas legales para prevenir el uso abusivo de jueces sustitutos, ni sanciones en caso de que se produzca. Por ello, el organismo comunitario concedió a España un plazo de dos meses para realizar observaciones que, de no considerarse satisfactorias, podrían conducir a un dictamen motivado de la CE. Y, si no se toman medidas y el dictamen de la CE es desfavorable, se incoaría un proceso de infracción ante el TJUE, que podría derivar en una cuantiosa sanción económica.
Ahora, el Gobierno espera que con la nueva ley se evite una sanción por infringir el derecho europeo al realizar un proceso de estabilización.
