La Audiencia de Madrid anula la declaración como testigo de la asesora de Begoña Gómez pero mantiene su imputación
- Los magistrados estiman parcialmente el recurso que presentó la defensa de Álvarez
- Sí avala investigar si la asesora Cristina Álvarez favoreció un "plan delictivo" de la mujer del presidente
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La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la declaración como testigo que realizó el pasado diciembre Cristina Álvarez, la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ante el juez Juan Carlos Peinado; y valida únicamente lo manifestado en su declaración como investigada.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso RTVE, en la que los magistrados estiman parcialmente el recurso que presentó la defensa de Álvarez.
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros delitos, acordó en febrero imputar a la asesora de Moncloa.
Álvarez declaró el pasado 20 de diciembre como testigo ante Peinado, a quien explicó que fue contratada en 2018 para asistir a Begoña Gómez para gestionar su agenda pública y privada, y llevar un control de sus actividades a efectos de seguridad.
Ahora, la Audiencia de Madrid ha apuntalado los indicios contra Álvarez, al respaldar investigar si "se sobrepasó" en el desempeño de sus "funciones públicas" como asesora "para favorecer el plan delictivo" de la mujer del presidente del Gobierno en un supuesto tráfico de influencias.
Se avala investigar si favoreció un "plan delictivo" de Gómez
La Sección 23 de la Audiencia Provincial confirma así la condición de investigada de Álvarez, si bien estima parcialmente uno de sus recursos y anula la declaración que prestó en diciembre de 2024 como testigo, y que acabó desembocando un mes después en su imputación.
En su auto, el tribunal menciona que "una clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público" respecto a la ayuda y acompañamiento institucional de la mujer del presidente del Gobierno "puede haber sido voluntariamente utilizada, desde un inicio, como un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados".
Sostienen los magistrados que la investigación debe centrarse en si Álvarez se excedió en sus funciones "para favorecer el plan delictivo" de Begoña Gómez "en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados
