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La justicia de Estados Unidos revoca la medida de Trump de prohibir la entrada de estudiantes extranjeros a Harvard

  • El miércoles, la Casa Blanca consideró que era "necesario restringir" su "entrada" al país de forma inmediata
  • Harvard impugnó la acción, alegando que formaba parte de "una campaña de represalias" contra la universidad
Fachada de la biblioteca Widener de Harvard, con columnas blancas y banderas rojas con el escudo universitario. Personas en las escaleras.
RTVE.es

Los tribunales estadounidenses han tardado menos de 24 horas en suspender la medida que el presidente Donald Trump había presentado para prohibir la entrada al país a los nuevos estudiantes internacionales de la Universidad de Harvard. El miércoles, la Casa Blanca consideró que era "necesario restringir la entrada" a Estados Unidos para quienes querían "participar, exclusiva o sustancialmente, en un programa de estudios" de este prestigioso centro.

La medida se enmarca en medio de la contienda que Washington mantiene con la educación superior estadounidense, especialmente con la Ivy League, al considerar que las universidades son bastiones de la "ideología woke". Tras presentar el escrito, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, calificó a Harvard de "un semillero de agitadores antiestadounidenses, antisemitas y proterroristas". De igual forma lo hizo el presidente, que afirmaba que el centro había "demostrado un historial de preocupantes vínculos con el extranjero y radicalismo" y que tenía "amplios enredos con adversarios extranjeros", incluyendo a China.

Por ello, para Trump, la prohibición debía aplicarse de inmediato. Según el presidente estadounidense, permanecería en vigor durante seis meses, a menos que se prorrogara.

Harvard impugna la acción ante los tribunales

Sin embargo, el jueves, Harvard impugnó la acción de la Administración ante los tribunales, alegando que formaba parte de "una campaña de represalias concertada y creciente" contra la universidad, que se "niega" a ceder a la presión del Gobierno. Considerando que la renombrada universidad corría el riesgo de sufrir "daños inmediatos e irreparables antes de que todas las partes tuvieran la oportunidad de ser escuchadas", el jueves la jueza Allison D. Burroughs suspendió la acción.

La jueza ha dictaminado que las acciones de Trump causarían un "daño inmediato e irreparable" antes de que los tribunales tuviesen la oportunidad de revisar el caso. El mes pasado, Burroughs ya impidió que el presidente implementara una orden independiente que prohibía a Harvard matricular a estudiantes internacionales, que representan más de una cuarta parte de su alumnado. Por eso, el jueves Harvard modificó su demanda para impugnar la nueva directiva, alegando que Trump está violando la decisión de Burroughs.

"La proclamación niega a miles de estudiantes de Harvard el derecho a venir a este país para continuar su educación y perseguir sus sueños, y niega a Harvard el derecho a enseñarles. Sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard", ha expresado la universidad en el documento. En cambio, la directiva de dos páginas de Trump del miércoles afirmaba que Harvard

La cruzada de Trump contra Harvard

A finales de mayo, el Gobierno ya había intentado prohibir a Harvard recibir estudiantes internacionales al despojarla de su certificación SEVIS (Estudiante y Visitante de Intercambio), el principal sistema para autorizar a los alumnos extranjeros a estudiar en el país. Este anuncio causó gran conmoción a los estudiantes y a los centros educativos antes de que un tribunal federal de Massachusetts, el estado natal de Harvard, les concediera un indulto bloqueando temporalmente la medida.

La tregua duró poco, porque el miércoles por la noche, Trump lanzó el último ataque. Según pretendía la medida anunciada esta semana, quienes actualmente estuvieran matriculados en la universidad más antigua de Estados Unidos, estarían sujetos a revisión y podrían perder sus visados.

Harvard es el frente más visible de la guerra del Gobierno contra la educación. Trump, que ha acusado a la institución académica de tener un sesgo liberal, pretende que el centro se rinda a sus exigencias políticas e ideológicas y que ponga fin a sus políticas de diversidad. Los ataques han pasado por cancelar todos los contratos federales con la universidad (unos 100 millones de dólares), congelar miles de millones en investigación, impedir la admisión de estudiantes extranjeros o solicitar datos de estos alumnos. Y todo acusando públicamente a la institución de ser un foco de liberalismo.

El centro, por su parte, se niega, entre otras cosas, a someterse a auditorías de sus programas académicos, personal o estudiantes para mantener la financiación federal.