La Audiencia cita a un policía que investigó a Iglesias tras una supuesta venta de droga de un líder de Podemos
- El agente efectuó consultas sobre Iglesias amparándose en una trama de tráfico de drogas orquestada contra Miguel Urbán
- Hace más de un año que el juez admitió la querella que presentó Podemos contra esta presunta guerra sucia policial
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga la presunta persecución contra Podemos, durante la presidencia de Mariano Rajoy, ha citado como investigado a un agente de la Policía Nacional que buscó datos sobre el exlíder de la formación Pablo Iglesias a raíz de una información en la que se involucraba presuntamente a un exdirigente del partido en una transacción de droga.
El magistrado Santiago Pedraz ha citado para el el próximo 3 de julio a las 10.15 horas al inspector que efectuó "consultas" sobre Iglesias a fin de "valorar si está justificado pedir información" del que fuera líder de Podemos "por el hecho que otra persona del mismo partido estuviera investigada por una presunta transacción de sustancia estupefaciente".
El miembro del partido al que se refiere la Fiscalía en su escrito, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, es el que fuera eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, al que se le acusaba por tráfico de drogas en una causa que luego resultó ser un montaje.
Esta decisión del magistrado llega el mismo día en que ha tomado declaración como testigo al exjefe de Asuntos Internos de Policía Nacional Marcelino Martín Blas. Además, el juez ha aplazado la declaración como investigado que estaba prevista para este viernes del inspector de la Policía Nacional Bonifacio Díez Sevillano, y que se ha fijado el próximo 30 de junio.
La querella interpuesta por Podemos
Hace más de un año que el juez admitió la querella que presentó Podemos por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados, bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
