La hora de la 1
El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, cree "sin ninguna duda" que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso estaba al tanto de los protocolos de no derivación a los hospitales que se investigan en dos juzgados de la Comunidad de Madrid y espera que la declaración de los imputados "arroje algo de luz". Asegura que "sin ninguna duda", el Gobierno madrileño estaba al tanto de los protocolos y que "tan pronto" como conoció uno de ellos, "el más cruel", del 20 de marzo de 2020, se dirigió al entonces consejero de Salud, Enrique Ruiz Escudero. "Me quejé por escrito, de palabra, hasta que decidí una vez pasara la primera ola de pandemia no quería formar parte de ese gobierno", ha explicado, y ha recordado que anunció su dimisión en octubre de 2020. Según ha asegurado, trasladó a los responsables de la Consejería de Sanidad que si se aplicaban esos protocolos habría persona que morirían de forma indigna, quedarían excluidos quienes vivían en las residencias "y tenían nivel de discapacidad y dependencia". Y ha manifestado su deseo de que los imputados en las dos causas abiertas en los tribunales "arrojen algo de luz al respecto" en sus declaraciones. Insiste en que en aquellos días el 80% de las personas fallecía en residencias y solo el 20% en hospitales, al contrario de lo habitual y que piensa "no solo en las personas que pudieran haberse salvado sino en aquellas otras" que tuvieron "una muerte indigna sin cuidados paliativos sin morfina sin una atención médica". Precisamente Reyero, muy crítico con los protocolos de no derivación a los hospitales desde que dimitiese en 2020, está citado como testigo este martes 3 de junio por el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés en la segunda causa abierta por las muertes en las residencias durante la pandemia, en la que se encuentran investigados tres exaltos cargos de la Comunidad de Madrid: los autores de los conocidos como "protocolos de la vergüenza" Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Foto: EFE/ Daniel González.
El magistrado que instruye la causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha renunciado a investigar el rescate de la compañía Air Europa, tal y como le había ordenado la Audiencia Provincial de Madrid.
Hasta en tres ocasiones este órgano le había dicho que abandonase esa vía porque no había indicios suficientes. Ahora, el juez Juan Carlos Peinado ha reconocido que se confundió al reclamar esta semana un informe sobre la aerolínea que había solicitado previamente.
En la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, este viernes han declarado cuatro periodistas del diario 'El País' como testigos.
Le han dicho al juez que conocieron antes que el fiscal general el hecho de que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quería hacer un pacto con la Fiscalía.
Además, han precisado que ellos no tenían el correo ni el expediente con los datos de la denuncia, pero que sus fuentes, que procedían de la Fiscalía de Madrid, les habían contado que la defensa de González Amador había pedido un pacto con la Fiscalía.
FOTO: EFE / MARISCAL
La jueza de la Audiencia Nacional ha enviado a prisión al exnúmero 2 de Interior durante el primer Gobierno de Rajoy ante el riesgo de que Francisco Martínez destruya pruebas de la supuesta trama de robo y venta de datos privados por la que fue detenido el martes.
Martínez entrará en prisión provisional sin fianza hasta que la Policía Nacional asegure las bases de datos supuestamente creadas por el hacker Alcasec para consultar toda la información que se obtuvo de manera ilícita.
El empresario Alberto González Amador está a un paso del banquillo por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. La jueza dice que los ingresos de su empresa se multiplicaron durante la pandemia vendiendo material sanitario, principalmente a Quirón Prevención, y que utilizó 15 facturas falsas de forma consciente y voluntaria para evitar pagar los impuestos que le correspondían.
El excirujano Joël Le Scouarnec, considerado el mayor pederasta de Francia, ha sido condenado este miércoles a 20 años de cárcel por violación y agresión sexual a 299 menores. Le Scouarnec abusaba de sus pacientes bajo los efectos de la anestesia. El Tribunal de lo Criminal de Vannes (en Bretaña, al oeste del país) ha declarado a Le Scouarnec, de 74 años y especialista en el aparato digestivo, culpable de prácticamente todos los cargos y le ha sentenciado a la máxima pena posible en Francia por delitos de violación.
Foto: REUTERS/Stephane Mahe
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