La Fiscalía se opone a la concesión del indulto a Borràs al concluir que no ha mostrado arrepentimiento

• Señala que Borràs se ha prevalido de su cargo en la Institució de les Lletres Catalanes para "abusar de su autoridad"
• El TSJ de Cataluña pidió el indulto parcial para la expresidenta del Parlament y suspendió su ingreso en prisión

La Fiscalía se opone a la concesión del indulto a Borràs

La Fiscalía Superior de Cataluña se ha opuesto a que el Gobierno conceda un indulto a la expresidenta de Junts y del Parlament Laura Borràs, tanto parcial como total, al concluir que no ha mostrado "el más mínimo signo de arrepentimiento" tras ser condenada por "abuso de poder" en un delito de corrupción. "No existe ningún comportamiento" de Borràs que permita inferir "una mínima aceptación de la conducta delictiva perpetrada y un propósito decidido de no reincidir", ha señalado.

El Ministerio Público considera, en una providencia a la que ha tenido acceso RTVE, que no concurre "ninguna razón fundada en derecho" que justifique la concesión de la gracia de indulto solicitada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y cree además que Borràs se ha prevalido de su cargo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para "abusar de su autoridad" y la posición que el mismo le proporcionaba.

Las muestras de arrepentimiento, continua la Fiscalía, son "elementos esenciales" que se deben ponderar para valorar la procedencia o no de otorgar la gracia. Recuerda además que el indulto responde a "razones de justicia, equidad o utilidad pública" y no está diseñada para "reparar violaciones de derechos fundamentales" como argumenta el TSJC.

El alto tribunal elevó al Gobierno una propuesta de indulto parcial para Borràs, de un máximo de dos años y medio de cárcel, —lo que le permitiría eludir la prisión—, al considerar que la pena que le correspondía por el delito de falsedad documental —castigado con un mínimo de cuatro años y medio de cárcel— era excesiva para los hechos cometidos.

Además de la pena de prisión, que está suspendida a la espera que el Gobierno resuelva, Borràs fue condenada a 13 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por adjudicar contratos a dedo a un amigo por valor de 335.700 euros desde la ILC, entre 2013 y 2018.

Una actitud de "abuso de poder"

En la providencia asegura que los hechos que motivaron la sentencia responden a una actitud de "abuso de poder" con la finalidad de "favorecer el lucro de un amigo" en perjuicio de los terceros que habrían podido concurrir de no haberse efectuado al margen de la ley.

Por tanto, según el fiscal la medida de gracia sería injustificada y recuerda que fue condenada como autora de un delito de falsedad en documento oficial y como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

La fiscal se remite a varios convenios europeos e internacionales que obligan a España a reforzar la lucha contra la corrupción y recuerda que, desde que en 2017 se aprobó una directiva europea en ese sentido, solo se ha concedido un indulto parcial a uno de los condenados por la trama Gürtel, por colaborar "activamente" en el esclarecimiento de los hechos.

El informe sostiene además que el tiempo transcurrido entre la comisión del delito y la ejecución de la pena tampoco debe conducir al indulto de Borràs: las dilaciones obedecen a la propia condenada, por sus "cambios constantes de aforamiento" y por provocar que la jueza instructora perdiera la confianza en los Mossos que la investigaron al afirmar en una entrevista que el entonces conseller de Interior la mantenía al corriente del caso.

El TSJC dictó un auto en el que solicitaba al Gobierno un indulto parcial en favor de la expresidenta del Parlament, condenada a cuatro años y medio de cárcel por delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial, al considerarla desproporcionada, y suspendió su ingreso en prisión.

El Gobierno debe resolver ahora si concede a la dirigente de Junts el indulto parcial que propone el TSJC o el total, que ha solicitado la profesora y exdecana de la ILC Margarita Aritzeta, —cualquier particular o entidad puede reclamar la medida de gracia— argumentando que Borràs ha sido víctima de "una persecución judicial, policial, política y mediática (lawfare)".