El TSJC comunica a Borràs su inhabilitación a la espera de la decisión del Gobierno sobre el indulto a la pena de prisión
- La política de Junts está condenada por adjudicar contratos a dedo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC)
- La semana pasada el TSJC pidió el indulto parcial al Gobierno para Borràs y suspendió su ingreso en prisión
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha comunicado este viernes de manera personal y presencial a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, su inhabilitación durante trece años tras ser condenada por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), mientras el Gobierno estudia si indulta su pena de prisión.
La de Junts, ha llegado a la sede del TSJC acompañada de sus abogados Gonzalo Boye y Jordi Cabré, y ha comparecido en la secretaría a requerimiento del tribunal que la condenó para notificarle que comienza la ejecución de la pena de trece años de inhabilitación impuesta y que debe pagar la multa de 36.000 euros que se le impuso en sentencia.
La defensa de Borràs, según fuentes jurídicas, se plantea discutir el cómputo de la pena de inhabilitación, de forma que se le descuenten de los 13 años fijados en la condena los casi dos que lleva suspendida como diputada y presidenta del Parlament, cargo del que fue apartada una vez se le abrió juicio oral.
La semana pasada se suspendió la pena de cárcel impuesta
La semana pasada, el TSJC acordó suspender la pena de cuatro años y medio de cárcel impuesta a Borràs mientras el Gobierno resuelve su propuesta de que se le indulte parcialmente, por un máximo de dos años y medio, para que se libre de entrar en prisión.
El indulto planteado por el TSJC se ciñe a la pena de prisión, no así a las de multa e inhabilitación, por lo que la expresidenta del Parlament y de Junts no podrá ejercer ninguna actividad, empleo o cargo público durante trece años, lo que no afecta a su trabajo como docente en la Universidad de Barcelona (UB).
Borràs fue condenada en marzo de 2023 por adjudicar contratos a dedo a un amigo por valor de 335.700 euros en la ILC, que dirigió entre los años 2013 y 2018, en una sentencia en la que el TSJC proponía al Gobierno su indulto parcial para librarla de entrar en prisión.
La sentencia del TSJC reconocía que la pena que correspondía a Borràs por el delito de falsedad documental, castigado con cuatro años y medio de cárcel como mínimo, era "desproporcionada y excesiva" para los hechos cometidos por la exdirigente de Junts, teniendo en cuenta que si fraccionó los contratos de la ILC fue para adjudicarlos de forma "arbitraria" a su amigo, no para obtener con ello un "lucro personal".
