Senegal aprueba una ley que duplica las penas de prisión para los homosexuales
- El castigo pasa de cinco a diez años de prisión
- La ley también prevé sanciones penales contra la promoción y financiación de la homosexualidad
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La Asamblea Nacional de Senegal ha votado este miércoles una ley que duplica las penas por relaciones homosexuales, castigadas ahora con cinco a diez años de cárcel, en un contexto marcado por una ola de homofobia en el país y una serie de detenciones de personas por presunta homosexualidad.
La ley también prevé sanciones penales contra la promoción y financiación de la homosexualidad en Senegal. Para su entrada en vigor, debe ser promulgada por el presidente Bassirou Diomaye Faye. La pena máxima se impondrá si el acto se comete con un menor, según el texto.
También prevé multas de entre 2 y 10 millones de francos CFA (3.048 y 15.244 euros), en comparación con las multas anteriores de entre 100.000 y 1.500.000 francos CFA (152 y 2.286 euros).
Penas para las denuncias "de mala fe"
Sin embargo, la ley también prevé el castigo de quien realice "denuncias abusivas de mala fe" contra presuntos homosexuales. Senegal, un país predominantemente musulmán, ha estado sumido en la agitación durante varias semanas por el tema de la homosexualidad, un tema que ha resurgido regularmente en los debates de los últimos años.
La situación se ha agravado desde la detención a principios de febrero de 12 hombres, entre ellos dos famosos locales, acusados de "actos contra natura", término utilizado para describir las relaciones "entre dos personas del mismo sexo". Desde entonces, la prensa ha informado diariamente de varias docenas de nuevas detenciones.
Entre los detenidos se encuentran algunos acusados de transmitir el VIH a sabiendas, lo que ha alimentado acalorados debates contra la homosexualidad. Varias organizaciones de derechos humanos han condenado estas detenciones y han exigido su liberación.
La homosexualidad se considera ampliamente una desviación en Senegal, y el endurecimiento de su represión es una promesa de larga data del partido gobernante, una posición políticamente ventajosa en el país. Durante varios años, asociaciones religiosas muy influyentes han pedido su criminalización.
