La jueza de la dana pide identificar a todas las personas acreditadas para redactar y validar los mensajes de Es-Alert
- La magistrada solicita datos sobre su formación y quienes se encontraban trabajando el 29 de octubre
- La jueza rechaza incorporar a la causa un informe sobre la situación de la presa de Forata
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La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana en Valencia ha acordado solicitar a la Conselleria de Emergencias la identificación de todas las personas que estaban acreditadas para redactar y validar los mensajes Es-Alert el pasado 29 de octubre de 2024, así como su formación y quienes de los mismos se encontraban trabajando en la referida fecha.
Una vez identificados, a petición de la acusación que ejerce Ciudadanos, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja pide que se les cite como testigos en la causa.
Lo importante "no era el medio", sino que el mensaje llegara de forma correcta
En cuatro autos emitidos este viernes y a los que ha tenido acceso RTVE.es, la instructora de la causa de la dana ha indicado que "lo decisivo" en los momentos críticos de aquella jornada "no era el medio utilizado" para emitir la alerta, "sino que el mensaje llegara a la población de forma correcta, fiable o a través de una autoridad de suficiente relevancia institucional" para que la población fuera consciente de la "seriedad" de la emergencia, sus riesgos así como de que debía atenderse las instrucciones que se lanzaban.
A su juicio, este hecho se desprende "incluso" de la propia alerta remitida por la Generalitat a las 20.11 horas, que advertía sobre la necesidad de estar pendientes de futuros avisos. Asimismo, indica que si se tuvieran en cuenta "los razonamientos y explicaciones que se llegó a dar" por parte de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, el sistema Es-Alert "sería prácticamente inoperativo en una situación de emergencia".
Según expone la jueza Nuria Ruiz Tobarra, dichos mensajes podían llegar a través de fuentes oficiales, la cuenta oficial en X de Emergencias de la Generalitat y también desde la televisión pública valenciana 'À Punt'. Asimismo, prosigue, los medios generalistas "hubieran podido ser transmisores de un mensaje que realmente salvaguardara a la población" y que, según indica, "de hecho nunca llegó".
Rechaza incorporar un informe sobre la presa de Forata
En un segundo auto, la jueza ha desestimado la solicitud de prueba realizada por una acusación particular para incorporar a la causa el informe anual de la presa de Forata de 2023 y, en su caso, el de 2024. La juez lo deniega por entender que ya obran en la causa informes de esas infraestructuras y la petición de otro “es redundante”.
Igualmente, ha recordado que la Guardia Civil está elaborando un documento con una cronología de los hechos y que la citada presa se halla en una cuenta completamente distinta de aquella en la que falleció la pareja de la mujer que ejerce esta acusación particular, por lo que dicha prueba “en nada servirá para esclarecer las causas y circunstancias de su fallecimiento”.
Por otro lado, en un tercer auto, ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià contra un auto previo por el que se denegaba solicitar a la Generalitat documentación e información sobre los teléfonos móviles oficiales de los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso.
La instructora reitera en este sentido que dicha prueba afecta al secreto de las comunicaciones de los investigados y no solo a ellos y esa injerencia en tal derecho fundamental “solo puede llevarse a cabo con fundamento en la presunta comisión de delitos dolosos” y respecto de los presuntos responsables de esos delitos.
Finalmente, en el cuarto auto, la magistrada acepta la personación de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) como acusación popular en el procedimiento bajo la condición de que consignen una fianza de 6.000 euros en el plazo de diez días hábiles.
