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García Ortiz pide al Supremo que archive el caso y apunta al novio de Ayuso y su entorno como origen de la filtración

  • La defensa dice que el Fiscal General del Estado accedió a la información después de publicarse
  • Afirma que el borrado de mensajes no es indicio de delito sino "una actuación legítima" para la protección de datos
García Ortiz pide al Supremo que archive el caso
Imagen de archivo del Fiscal General de Estado, Álvaro GarcÍa Ortiz. Fernando Sanchez/Europa Press via Getty Images
RTVE.es
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El abogado del Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, ha solicitado al Tribunal Supremo que archive su causa por la supuesta revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante un supuesto delito de fraude fiscal.

En un escrito remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal al que tenido acceso RTVE, la defensa de García Ortiz considera que el procedimiento "obedece a una estrategia procesal cuidadosamente dirigida a presentar una versión deformada de los hechos". "La querella suprime de forma deliberada toda circunstancia que pudiera desmentir o matizar el relato incriminatorio que pretende sostener, presentando al querellante como un simple particular, cuando era una persona con notoriedad pública, derivada de su relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid", reza el texto.

"Y —continúa— por esa relación y condición procedió a divulgar la información sobre las comunicaciones previas mantenidas con la Fiscalía". Según considera, estas "omisiones" buscan "desplazar artificialmente la sospecha" hacia el FGE.

Su abogado ha apuntado, además, al entorno de González Amador como origen de los correos en los que la pareja de Ayuso admitía dos delitos fiscales y otro de falsedad documental. "Resulta altamente verosímil que la información recogida tanto en el contenido del correo de 12 de marzo de 2024 como el de 2 de febrero de 2024 (...) fueran conocidos por el periodista D. Esteban Urreiztieta Núñez a través del propio D. Alberto González Amador, de D. Miguel Ángel Rodríguez Bajón o de personas de su entorno más inmediato", explica.

Dice que el borrado de mensajes no es indicio de delito

En el escrito se ha descartado cualquier participación del Fiscal General en los hechos, recalcando que la instrucción no ha conseguido probar la acusación. Defiende, asimismo, que cuando García Ortiz accedió a la información, "ya había sido conocida, transmitida y contrastada" por periodistas y terceras personas y, que por tanto, los hechos investigados no cuentan con relevancia penal.

"El intento del señor González Amador de proyectar una imagen de desconocimiento sobre las negociaciones con la Fiscalía, en abierta contradicción con las manifestaciones de su propio abogado, no solo compromete su credibilidad, sino que impone una especial cautela a la hora de valorar la veracidad de su testimonio", ha esgrimido la defensa.

Sobre la eliminación de los datos del móvil de García Ortiz, el abogado asegura que constituye "una actuación legítima y escrupulosa con el derecho a la protección de datos". "El borrado de los datos del terminal telefónico realizado por mi patrocinado, además de constituir una actuación legítima y escrupulosa con el derecho a la protección de datos, no constituye en ningún caso indicio de autoría de delito alguno", ha indicado.