García Ortiz defendió ante el juez que borró su móvil por "imposición legal" porque sus datos "son ultrasensibles"
- Declaró en el Supremo el pasado 29 de enero por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador
- Lanzó la nota de prensa para "atajar las mentiras" porque encontró "extravagante" la información publicada en los medios
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defendió en su declaración ante el Tribunal Supremo (TS) que el borrado de mensajes y otros datos de su teléfono móvil se debió a una "imposición legal" porque, debido a su trabajo, maneja "datos ultrasensibles" que podrían "afectar a la seguridad de este país".
Así consta en la transcripción de su declaración del pasado 29 de enero, a la que ha tenido acceso RTVE.es y en la que la Abogacía del Estado le interrogó por los cambios que hizo de su terminal una semana después de ser encausado por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz, que solo admitió las preguntas de su defensa y de la Fiscalía, argumentó entonces que en los dispositivos del fiscal general se almacenan informaciones "absolutamente inimaginables" sobre asuntos como los procedimientos judiciales en marcha, las institucionales nacionales o acerca de las relaciones con autoridades de otros países.
"Yo no puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tengo", insistió. Debido a esta información confidencial, el fiscal general alegó que debía borrar "de manera regular" y "por imposición legal" todos los datos cuando ya "no son necesarios".
"No lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea. Lo dice la Ley de Protección de Datos española, lo dice la instrucción 2/19 de la Fiscalía General del Estado", aseveró. Del mismo modo, explicó que tuvo que cambiar seis veces de móvil, siendo la última en mayo de 2024, aunque no activó el dispositivo hasta el 23 de octubre ese mismo año.
No obstante, aseguró que en "ningún momento" ocultó este hecho de cara a la investigación abierta contra él: "Cuando fui requerido para entregar el dispositivo, porque así lo decía el auto del magistrado instructor, preguntó el policía que llevaba a cabo el requerimiento y le dije que acababa de cambiar el dispositivo. Nunca lo he ocultado".
En este punto, sostuvo que, si hubiera querido hacerlo, habría hecho el cambio de móvil el 30 de julio –cuando se eleva a la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia– o el 15 de octubre –cuando es encausado por el TS–. "No iba a exponer mis datos durante seis días a la ligera", apuntó.
El protocolo de protección de datos
El pasado 19 de diciembre, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirmó haber hallado "cero mensajes" instantáneos en el móvil del fiscal general del Estado durante el periodo en el que presuntamente se filtró información sobre el empresario. En otro informe, que se hizo público en enero, los investigadores agregaron que García Ortiz cambió de terminal en octubre.
Fuentes de la Fiscalía explicaron que se hacía el borrado de todos los mensajes de forma periódica como protocolo de seguridad para la protección de datos, conforme a la Guía Básica de actuaciones del Ministerio Público.
Dicha normativa también obligaba a limitar y encriptar la información almacenada en soportes electrónicos portátiles, a formatear los equipos informáticos una vez sean devueltos por su usuario y a no almacenar indefinidamente documentos en los soportes digitales ni en las cuentas de correo electrónico.
Sin embargo, Julián Salto, el fiscal que llevaba la causa por delitos económicos contra el empresario Alberto González Amador y que compareció en el TS en calidad de testigo, negó ante el juez que existiera un protocolo de borrado en la Fiscalía.
Reconoce "errores" por la relevancia pública del investigado
García Ortiz también negó haber filtrado el correo de la defensa del novio de Ayuso y aseguró estar "absolutamente seguro de que ningún fiscal hizo la filtración". A preguntas de su abogado, explicó que pidió los mensajes porque le pareció "extravagante" la noticia que publicaba El Mundo, en la que aseguraba que la Fiscalía ofrecía un pacto a González Amador.
Por un lado, dijo que le llamó la atención que la noticia tiene "un entrecomillado de un mail" y el nombre de un fiscal. En ese momento también observó "cómo el cuerpo del de la noticia da otro dato importante" al hablar de que el fiscal "lanzó una propuesta" a la que accedió el medio de comunicación y que estaba escrita "no en términos generales, sino que hace una mención a dos delitos fiscales, a una pena, a imponer de multa y a una suspensión de la condena privativa de libertad". "Es un hecho, es un dato, no es una elucubración del medio", añadió.
Por otro lado, señaló que vio "absolutamente extravagante" que un fiscal "ofrezca un pacto a ningún investigado antes de formular una denuncia" y en un tipo de casos que ellos denominan como 'factureros': causas por delitos fiscales con facturas falsas.
Una vez García Ortiz solicitó los correos y comprobó la información, llamó a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, con quien acordó "salir a atajar las mentiras". De hecho, aseguró que Lastra llegó a decir que era "procedente" dar una rueda de prensa al día siguiente o dar una nota informativa.
No obstante, reconoció que "cometimos un error" porque considera que cuando tuvieron conocimiento de que se trataba de una "persona relevante y con trascendencia pública" tendrían que haber dado una nota informativa en el que se protegía la intimidad del señor Amador, "puesto que una nota de prensa encapsula de alguna manera todos los datos que pueden figurar en una denuncia que no sea anonimizada".
Negó haber intentado "perjudicar" a González Amador
El fiscal general del Estado, además, negó al juez del Supremo que intentara perjudicar a González Amador por ser el novio de la presidenta madrileña filtrando datos de su investigación.
"¿Ha intentado perjudicar el señor Alberto González Amador por ser la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid?", preguntó la Abogacía del Estado, según consta en la transcripción de su declaración. Al respecto, García Ortiz respondió que "en absoluto". "El señor Amador es un ciudadano como todos, con la plenitud de sus derechos legales y constitucionales".
Del mismo modo, negó que haya intentado obstaculizar las negociaciones de conformidad entre la defensa del empresario y el fiscal Julián Salto. "Por supuesto que no", contestó García Ortiz, quien precisó que no ha visto "nada" de lo que ocurre en esa causa porque se ha abstenido.
Acusó al juez de instruir con una certeza "que no lleva a la verdad"
Por otro lado, antes de arrancar su declaración, el fiscal general del Estado también echó en cara al magistrado Ángel Hurtado que no aceptara determinadas diligencias de defensa que propuso y le avanzó que, por tanto, no respondería a sus preguntas porque entendía que actuaba con "predeterminación" y con "una certeza que no lleva al descubrimiento de la verdad". "Creo que esa situación me perjudica", añadió.
El fiscal general sostuvo que la entrada y registro de su despacho "fue invasiva de derechos fundamentales" y pidió su nulidad, algo a lo que el Supremo hasta ese momento no había dado respuesta. Además, afeó al magistrado que hubiera ordenado una serie de diligencias de las que no había informado a su defensa, y que eso le impediría ser "exacto" en sus contestaciones.
A esto agregó que entendía que el objeto del proceso "no está fijado" en términos que le puedan garantizar su defensa. "Aunque ha sido objeto de un pequeño debate, el objeto del proceso no está fijado en términos que a mí me puedan garantizar de alguna manera mi defensa", añadió.
