La Fiscalía pide desimputar a los periodistas investigados por informar del caso contra Álvaro García Ortiz
- Alega que la infracción del secreto de sumario "solo puede ser cometido" por funcionarios, abogados y procuradores
- También considera que el trabajo de los periodistas está "bajo el paraguas" del artículo 20 de la Constitución
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La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado levantar la imputación a los cuatro periodistas que están siendo investigados por informar sobre la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que, en cambio, sean citados como testigos porque son "meros intermediarios naturales en el proceso comunicativo".
En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción n.º 20 de Madrid, el Ministerio Público defiende que la citación de los cuatro redactores de El País, El Mundo y 20 Minutos "debe ser en calidad de testigos y no de investigados" al considerar que el trabajo de los periodistas está "bajo el paraguas" del artículo 20 de la Constitución, que protege el derecho a la información.
Los periodistas están citados el próximo 19 de julio como investigados al imputarles el juez el mismo delito por el que están investigados en el Tribunal Supremo (TS) García Ortiz y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez: revelación de secretos.
En el caso de los cuatro profesionales, se les reclama en sede judicial por las informaciones que publicaron el 25 de noviembre sobre el informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizaba las conversaciones de WhatsApp y los correos electrónicos intervenidos a Rodríguez por orden del Supremo.
Un delito que solo pueden cometer funcionarios, abogados o procuradores
Sin embargo, el fiscal Juan Ignacio González Sanz sostiene en su escrito, al que ha tenido acceso RTVE.es, que el tipo penal del delito de revelación de secretos por infracción del secreto de sumario que se atribuye a dichos periodistas es de los denominados de "propia mano", y que "solo puede ser cometido" por funcionarios públicos, abogados y procuradores.
"No pueden cometer el citado delito dado que no revisten la condición subjetiva exigida por el tipo penal, esto es, la condición de funcionarios públicos", subraya. Por tanto, "no deben ser citados como imputados en la causa, por la simple razón de que jurídicamente es imposible que puedan cometer el delito del que se les imputa".
Por otro lado, la Fiscalía recuerda que la jurisprudencia constitucional española establece "la preeminencia del derecho a transmitir información veraz sobre el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen", si bien se establece que "no es ilimitada" y que la información "debe ser veraz y resultar de interés público".
"Nos encontramos ante una cuestión compleja que no está resuelta de manera unánime debiendo conjugar todos los derechos implicados y atendiendo a los límites que ya se han expuesto", reconoce el fiscal, que asimismo incide en que la conducta de los periodistas no encaja en la revelación de secretos "por cuanto no consta que sean ellos los que se hayan apoderado del informe en cuestión".
Así las cosas, reitera que los periodistas citados son "meros intermediarios naturales en el proceso comunicativo" que "en ningún caso pueden ser responsables de un delito de la naturaleza del pretendido, por lo que procede su citación como testigos y no como investigados".
Este jueves, más 50 periodistas de tribunales firmaron un escrito en el que rechazan la investigación contra esos cuatro redactores, ya que puede derivar en un "efecto disuasorio" cuando cumplen con su "deber constitucional" de informar de "un asunto de interés público", subrayaban.
El escrito, firmado por periodistas de unos 30 medios de comunicación, está dirigido a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, así como al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, y a la decana de los Juzgados de Plaza de Castilla, María Jesús del Barco.
