La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) ha desplegado este jueves una serie de medidas de investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas en España donde la UCO está requiriendo la información solicitada por el organismo europeo.
El órgano judicial comunitario indaga un presunto delito de fraude que afecta a fondos públicos de la Unión Europea asignados a la compra de pulseras telemáticas de seguimiento.
Las investigaciones judiciales se centran en esclarecer el uso de los recursos comunitarios otorgados para adquirir los dispositivos de control telemático. Estas pulseras son herramientas tecnológicas utilizadas para asegurar tanto el cumplimiento de las medidas cautelares de alejamiento como las condenas impuestas en casos de violencia de género.
Fotografía: EFE / FERNANDO ALVARADO