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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en la vivienda de Isabel Pardo de Vera un documento relativo al suministro de cinco millones de mascarillas. Tras el hallazgo, la Audiencia Nacional ha ampliado el catálogo de delitos y añade cohecho, prevaricación y organización criminal a los ya investigados de malversación y tráfico de influencias, lo que eleva a cinco los delitos imputados a la expresidenta de Adif.

Además de documentos de Adif, los agentes copiaron el contenido de la cuenta de correo electrónico y de la carpeta de Dropbox de la imputada. También accedieron a su chat de WhatsApp con su marido, quien estaba presente durante el registro y facilitó a la UCO el acceso a su teléfono móvil. En él hallaron estas evidencias digitales.

Los investigadores deben ahora analizar toda la información incautada y remitirla al juez, que trata de determinar si, desde que ostentaba la presidencia de ADIF, Pardo de Vera pudo facilitar información de expedientes o salidas a licitación "siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor, les impartía".

Fotografía: Jesús Hellín / Europa Press.

El abogado de Santos Cerdán, Benet Salellas, ha sido entrevistado en Mañaneros 360 en la 1. Ha afirmado que Cerdán "es una persona muy llana" y que "está pasando este tiempo" en la cárcel "lo mejor que puede".

Además, ha explicado que, como estrategia de defensa, han afirmado que las pruebas no son suficientes como afirma la Unidad Central Operativa (UCO). "Pues igual no era tan claro y tan contundente y concluyente como plantean los investigadores", ha afirmado Salellas. También ha asegurado, al ser preguntado, que "no hay adjudicaciones relacionadas con Navarra" y que su cliente no ha tenido relaciones con la comunidad Foral.

Por otro lado, ha asegurado que, "más allá de lo que digan unas grabaciones, siempre es imprescindible que todo esto se pueda identificar" y aportar detalles concretos para que se puedan deducir adjudicaciones y cantidades de dinero concretas "porque si no es un relato que va a naufragar".

A su vez, ha afirmado que su cliente no recuerda haber "tenido conversaciones de esa naturaleza" y que las grabaciones han sido realizadas por ese "tal Koldo", "persona que ha venido siendo desde hace muchísimos años colaborador de la Guardia Civil". Ha sentenciado que están intentando conocer "si realmente esas grabaciones son íntegras".

En cuanto al posible enriquecimiento personal de Santos Cerdán, Salellas ha asegurado que "a día de hoy no tenemos ni propiedades, ni cuentas bancarias, ni nada que aparezca como patrimonio oculto del señor Cerdán" y afirma que, si este patrimonio fantasma no aparece, todas las acusaciones tendrán que ser retiradas.

Asimismo, al ser preguntado si van a colaborar con la defensa de José Luis Ábalos y Koldo García, el abogado ha explicado que no se cierran a explorar diversas vías de colaboración pero, si alguno de los acusados busca un acuerdo "legítimamente" con la Fiscalía, sí estarán solos. "Yo insisto que nosotros nos vamos a defender siempre y hasta el final", ha sentenciado.

Por último, Salellas ha asegurado tajante que defienden la inocencia absoluta de Cerdán y que no aceptan ni un hecho delictivo. Un acuerdo con la Fiscalía, según el abogado, sería contrario a "sus propios actos, de sus propias ideas y de su propia inocencia".

Foto: EUROPA PRESS / JESÚS HELLÍN.

Antxon Alonso y Fernando Merino, dos de los empresarios imputados por su presunta implicación en el pago de mordidas a exdirigentes socialistas en el marco del caso Koldo, han declarado este lunes como investigados en el Tribunal Supremo y han negado haber participado en estas comisiones. El empresario de Servinabar ha reconocido que contrató a Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, durante nueve meses por un total de 5.500 euros para sacarle del paro. Durante este tiempo, ejerció como comisionista, consiguiendo obras privadas para Servinabar.

El magistrado Leopoldo Puente les investiga por el supuesto pago de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. El primero en comparecer ha sido Merino, exresponsable de Acciona, que ha comenzado a las 10:00 de la mañana. Al término de este ha sido el turno de Alonso, el presunto socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar.

Después de las declaraciones, el juez ha ordenado medidas cautelares para los tres presuntos corruptores. En concreto, les ha prohibido salir de España y les ha obligado a que comparezcan cada quince días en sede judicial. De esta forma, el magistrado Leopoldo Puente ha accedido a la petición de medidas cautelares realizada por la Fiscalía Anticorrupción y por las acusaciones populares.

Según fuentes presentes en su declaración, Alonso solo ha respondido a preguntas de su abogado, a quien ha explicado que ofreció a Cerdán el contrato de compraventa de participaciones de Servinabar cuando este se planteó abandonar la política. Más tarde, ambos descartaron esta operación cuando el exnúmero 3 del PSOE decidió permanecer en política. Según la Guardia Civil, esta empresa se habría hecho con obras del Gobierno de Navarra por más de 75 millones de euros.

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha abogado este miércoles por esperar a la resolución judicial sobre el caso Koldo para saber si los implicados "son corruptos o si estamos ante un montaje", advirtiendo que se está buscando el dinero de presuntas mordidas y "no sabe si lo encontrarán".

"Habrá que esperar a la resolución final de los casos para ver si son corruptos o si estamos ante un montaje. Es decir, no es imposible que estemos ante un montaje", ha afirmado este miércoles tras participar en los cursos de verano de la Universidad Complutense (UCM) en el municipio de San Lorenzo de El Escorial. Tezanos ha puntualizado que "de momento hay, parece ser, jueces, personas responsables judiciales que están intentando buscar el dinero", para apostillar: "Pues no sé si lo encontrarán".

El ex secretario de organización del PSOE ha pasado su primer día en la cárcel madrileña de Soto del Real. Una prisión en la que ya han estado numerosos políticos acusados de corrupción. Su ingreso ha seguido el protocolo habitual, con un examen médico y una entrevista de carácter técnico.

Foto: A. Pérez Meca / Europa Press