Antxon Alonso, presunto socio de Cerdán en Servinabar, niega en el Supremo haber pagado comisiones irregulares
- También ha negado este pago de mordidas el exdelegado de Acciona en Navarra, Fernando Merino
- Alonso ha reconocido que contrató a Koldo durante nueve meses por un total de 5.500 euros
Antxon Alonso y Fernando Merino, dos de los empresarios imputados por su presunta implicación en el pago de mordidas a exdirigentes socialistas en el marco del caso Koldo, han declarado este lunes como investigados en el Tribunal Supremo y han negado haber participado en estas comisiones.
El magistrado Leopoldo Puente les investiga por el supuesto pago de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. El primero en comparecer ha sido Merino, ex responsable de Acciona, que ha comenzado a las 10:00 de la mañana. Al término de este ha sido el turno de Alonso, el presunto socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar.
Después de las declaraciones, el juez ha ordenado medidas cautelares para los tres presuntos corruptores. En concreto, les ha prohibido salir de España y les ha obligado a que comparezcan cada quince días en sede judicial. De esta forma, el magistrado Leopoldo Puente ha accedido a la petición de medidas cautelares realizada por la Fiscalía Anticorrupción y por las acusaciones populares.
Koldo ejerció de comisionista para Servinabar
Según fuentes presentes en su declaración, Alonso solo ha respondido a preguntas de su abogado, a quien ha explicado que ofreció a Cerdán el contrato de compraventa de participaciones de Servinabar cuando este se planteó abandonar la política. Más tarde, ambos descartaron esta operación cuando el ex número 3 del PSOE decidió permanecer en política. Según la Guardia Civil, esta empresa se habría hecho con obras del Gobierno de Navarra por más de 75 millones de euros.
Por otra parte, el empresario ha reconocido que contrató a Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, durante nueve meses por un total de 5.500 euros para sacarle del paro. Durante este tiempo, ejerció como comisionista, consiguiendo obras privadas para Servinabar.
Además, realizó una donación a Fiadelso, la fundación vinculada al propio Ábalos, aunque ha dejado claro que lo hizo por motivos fiscales, para desgravar.
Merino ha afirmado que conocía a Cerdán por ser el representante del Partido Socialista de Navarra. Sobre su cese como delegado de Acciona en la Comunidad Foral, ha asegurado que se produjo de mutuo acuerdo después de haber sufrido un infarto.
Antxon Alonso habría sido socio de Cerdán en Servinabar
Antxon Alonso ha ganado notoriedad pública desde que su nombre apareció en el informe de la UCO que destapó el papel de Santos Cerdán en la trama. En el registro de su domicilio, los investigadores incautaron un contrato privado de 2016 en el que el ex secretario de Organización del PSOE adquiría casi la mitad de participaciones de Servinabar, una de las empresas que se beneficiaron con las adjudicaciones. Además, esto convertiría a Cerdán en socio de Antxon.
En esta escritura, Alonso transfería a Santos Cerdán 1.350 de las 3.000 participaciones sociales de Servinabar, constructora que aparece en el último informe de la UCO como la "vía de canalización de los beneficios y como escalón intermedio que permitiese desvincular a Koldo de Acciona". Por su parte, la empresa asegura que Cerdán "no ha sido nunca, ni es socio de Servinabar" y aunque el socialista admitió haber firmado el documento, defendió que nunca se elevó a escritura pública.
Por otra parte, Alonso fue quien puso a Cerdán en contacto con EH Bildu para armar la moción de censura que hizo presidente del Gobierno a Pedro Sánchez en 2018, como ha confirmado el coordinador general de la formación, Arnaldo Otegi.
Merino influyó sobre Koldo para conseguir adjudicaciones
Fernando Merino también aparece como presunto corruptor en el informe de la UCO. Presuntamente, influyó en Koldo para que se adjudicasen contratos en favor de la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada entre Acciona y Servinabar: "Su participación en los hechos guarda relación con la posible influencia ejercida sobre García con la finalidad de procurar la adjudicación presuntamente irregular de obra pública en favor de dicha sociedad", detalla el informe.
Fue despedido de Acciona por la pérdida de confianza por parte de sus superiores con causas objetivas en 2021. Ahora, la empresa sostiene que no hubo irregularidad en la adjudicación de proyectos como el puente del Centenario de Sevilla y los túneles de Belate en Navarra, dos de las cinco obras que señala la UCO.
En cambio, el informe añade que "el análisis de los dispositivos informáticos intervenidos a Koldo resulta expresivo de que en diversas ocasiones Merino habría señalado obras que resultarían de interés para Acciona, lo que habría generado posteriormente contraprestaciones".
Los otros empresarios negaron su implicación en la trama
Los otros tres empresarios que están imputados por su presunta implicación caso Koldo ya declararon como investigados el pasado viernes y negaron su participación en estas mordidas. El primero en comparecer fue José Ruz, administrador de la constructora Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), seguido por los hermanos Fernández Menéndez, Antonio y Daniel, vinculados a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR).
El juez ordenó medidas cautelares para los tres presuntos corruptores. En concreto, decretó la comparecencia cada quince días de todos ellos y la retirada del pasaporte para Ruz, junto a la prohibición de salir de España. Con esta decisión de Puente, quedó descartado el ingreso en prisión preventiva, como ha hecho con Cerdán.
Uno de los hermanos Fernández, detalló que Koldo le habría pasado el currículum de su mujer, Patricia Úriz, y que este medió para que fuese empleada en la subcontrata Anfersa. Por su parte, Ruz aseguró que estuvo en varias ocasiones en casa de Ábalos y en su ministerio. También explicó que no contrató directamente a Koldo, sino que lo hizo a través de una agencia de seguridad, aunque sí que se reunió con él en numerosas ocasiones.
