Bruselas pide a España que acelere las investigaciones de casos de corrupción e impulse un plan nacional
- Señala la imputación de Ábalos por el caso Koldo y el procedimiento judicial contra el fiscal general del Estado
- Bolaños cree que el informe "avala" las reformas de Justicia y el PP lo califica de "severo revés" a Sánchez
La Comisión Europea ha dado un toque de atención a España por sus recientes casos de corrupción y ha pedido al Gobierno que impulse un plan nacional para acelerar en las medidas contra esta materia. En su informe sobre la salud democrática de los Estados miembros, Bruselas se ha hecho eco del caso Koldo y de la imputación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, entre otros.
Así se ha pronunciado la Unión Europea en una evaluación sobre España que recoge avances en medidas de prevención, pero alerta del "alto riesgo de corrupción" en la contratación pública y en la financiación de partidos. "La financiación de los partidos políticos persiste como área de alto riesgo y no se han dado pasos para reformar la legislación electoral en línea con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas", detalla el informe anual sobre el Estado de derecho publicado por el Ejecutivo comunitario.
En las veinte páginas que ha dedicado a España, Bruselas no ha señalado riesgos sistémicos para el Estado de derecho, pero avisa de que siguen pendientes medidas de calado en ámbitos como el judicial, la lucha contra la corrupción, la transparencia o medios de comunicación. Entre estas tareas pendientes, ha puesto el acento sobre la reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que Bruselas reclama desde hace años como continuación de la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Bolaños cree que el informe es un "aval" y el PP lo califica de "severo revés"
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha mostrado convencido de que el informe, más allá de criticar las medidas del Gobierno contra la corrupción, "avala" la reforma judicial de España, que va "rumbo al siglo XXI".
Además, fuentes del ministerio han considerado que el informe felicita al Ejecutivo por "las reformas de Justicia impulsadas y considera que son un avance para la independencia y la calidad del sistema público". También han asegurado que el texto de la Comisión Europea "echa por tierra los bulos que se han repetido insistentemente para intentar frenar la mayor transformación de la Justicia en décadas" con hitos como la Ley de Eficiencia o la Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
En contraste, fuentes del Partido Popular han calificado el informe como un "severo revés" al Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de avances en la lucha contra la corrupción. "Como ya venían alertando diferentes índices de calidad democrática, en los que España no deja de caer puestos desde que Sánchez reside en la Moncloa, hoy es la propia Unión Europea la que alerta de la degeneración y la corrupción que está protagonizando el Gobierno, con un serio toque de atención a nuestro país", han lamentado en el PP. Después de conocer el contenido del informe, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado mediante redes sociales que pondrán en marcha las leyes necesarias para acabar con "esta decadencia".
El informe señala que el trabajo está "aún por empezar"
El capítulo del informe que trata la lucha contra la corrupción, recuerda que la ley de protección al denunciante de 2023 obligaba al Gobierno a presentar una "amplia estrategia de previsión y lucha contra la corrupción" con fecha límite en septiembre de 2024. Sin embargo, ese trabajo está "aún por empezar".
El escrito reconoce que se han dado los "primeros pasos" para reforzar las normas sobre conflicto de intereses de altos cargos, para regular los 'lobbies' y para reforzar la independencia y poder de la Oficina de Conflictos de Interés. No obstante, señala también que no ha habido avances para mejorar las reglas sobre conflictos de interés en las distintas administraciones del sector público.
Bruselas da nuevas recomendaciones y reconoce avances
En este contexto, Bruselas incluye en sus recomendaciones específicas a España una llamada para "impulsar el proceso legislativo para fortalecer" las normas sobre "conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de personas con altos cargos ejecutivos". Junto a esto, ha pedido que se refuerce todavía más la independencia y el poder sancionador de la Oficina de Conflictos de Intereses.
Asimismo, el informe identifica "algunos avances" para atender a las recomendaciones del pasado año para reducir los tiempos de las investigaciones y enjuiciamientos de los casos de corrupción de alto nivel, por ejemplo en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la asignación de recursos adicionales. "El Gobierno reconoce que los casos de corrupción tardan más debido a su naturaleza cada vez más compleja y ha tomado medidas para fortalecer los recursos humanos en el sistema judicial", indica el informe.
Se hace eco de algunos casos de corrupción
El informe también realiza un repaso a los escándalos más graves de corrupción del último año, con destacado protagonismo para el caso Koldo. La Comisión se hace eco de la investigación de un presunto caso de corrupción "vinculado a la pandemia de coronavirus por el que ha sido encausado un exministro y diputado", en referencia a la situación de José Luis Ábalos. También recoge que la Fiscalía Europea ha informado de cuatro casos de corrupción en España.
No obstante, la evaluación de los expertos comunitarios identifica otras "lagunas" en el marco legislativo anticorrupción respecto de los "sobornos en el extranjero". Aunque se han tomado medidas para detectar estas prácticas ilícitas desde distintas fuentes, el índice de aplicación de la ley "sigue siendo bajo", con solo dos casos cerrados exitosamente desde 2016.
Destaca el procedimiento judicial contra García Ortiz
La Comisión ha dedicado parte de su evaluación sobre España a la controversia por la reforma puesta en marcha por el Gobierno sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal, aunque ha evitado expresar una posición clara sobre la situación. "Actualmente, hay acciones de protesta por parte de jueces y fiscales que reflejan tensiones en torno a las reformas propuestas en el poder judicial", indica el texto, que informa de la huelga para pedir la retirada del proyecto de reforma y de que el CGPJ declaró que las huelgas en el sector no están reguladas.
Otra de las reformas pedidas por Bruselas en sus recomendaciones de años anteriores tiene que ver con la urgencia de reforzar la independencia del fiscal general y separar su mandato del Gobierno, una tarea en la que en esta edición la Unión Europea ve avances para alinear su situación con los estándares europeos y pide seguir en esa línea.
Pese a esto, el documento recoge también que "algunos actores han expresado preocupación por la reforma al considerar que plantea riesgos para la independencia judicial por reforzar los poderes del fiscal general y rebajar las garantías profesionales de los fiscales". También se ha referido a los procedimientos judiciales en curso contra Álvaro García Ortiz, que ha sido acusado por el Tribunal Supremo de presunta filtración de información confidencial.
