El nuevo gobierno de coalición de Pedro Sánchez, frente a un complejo ejercicio de equilibrismo económico

• La pretensión es elevar el gasto social para reducir la desigualdad, pero Bruselas vigilará la evolución de déficit y deuda
• El primer reto será aprobar unos nuevos presupuestos, dada la fragilidad de la mayoría parlamentaria en la investidura

Reconstruir el Pacto de Toledo, subir los salarios y aprobar los presupuestos: principales retos económicos del nuevo gobierno

Seguir creciendo, crear más y mejor empleo, repartir mejor la riqueza y, además, hacer todo eso sin descuadrar aún más las cuentas. El nuevo gobierno de coalición que va a encabezar Pedro Sánchez, una vez superada la investidura por una corta mayoría simple, afronta a partir de ahora un complejo ejercicio de equilibrismo económico, con el objetivo de elevar el gasto social para reducir la desigualdad, aunque sin frenar un crecimiento que ya se ha debilitado en los últimos trimestres y, sobre todo, sin disparar el déficit y la deuda bajo la mirada vigilante de Bruselas.

La panoplia de medidas económicas y sociales que recoge el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para su gobierno en coalición, y que Sánchez repasó en su discurso de investidura del pasado sábado, ponen el acento en las políticas de rentas y redistributivas, como la subida del salario mínimo interprofesional, la actualización de las pensiones con los precios al consumo, subidas de impuestos para grandes empresas, compañías tecnológicas y contribuyentes con ingresos elevados, o el aumento del gasto en educación y sanidad.

El propio Sánchez se ha comprometido a que esas medidas se lleven a cabo sin incrementar el déficit -"Vamos a cumplir nuestros compromisos en materia de responsabilidad fiscal con Europa", prometió en su discurso de investidura- y la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha insistido este mismo martes en que gobernarán con un "ineludible compromiso en las reglas fiscales que marca Europa".

Sin embargo, los expertos consultados por RTVE.es se muestran escépticos sobre la capacidad del futuro gobierno para conseguir esa cuadratura del círculo. "El incremento del gasto es bastante mayor que el aumento de los ingresos con las medidas anunciadas", señala la economista sénior de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), María Jesús Fernández. "Esas medidas no se pueden cumplir, no hay dinero para cumplirlas", abunda el economista José Carlos Díez, profesor en la Universidad de Alcalá de Henares.

Las principales propuestas programáticas anunciadas por Sánchez en su discurso de investidura

Crecer y crear empleo en plena desaceleración

Ambos señalan que el control del déficit público, dado el contexto y las incertidumbres que se ciernen sobre la economía española. Para empezar, el año 2019 se ha cerrado con su menor crecimiento en cinco años, un 2 % a falta de que el Instituto Nacional de Estadística publique la cifra definitiva.

Aunque el Banco de España aprecia ya signos de estabilización después de varios trimestres de desaceleración, no se espera un repunte significativo en el corto plazo que de nuevo impulso a la actividad, la creación de empleo y, de la misma forma, a la recaudación de impuestos. "El escenario internacional, y especialmente el europeo, que es el más nos afecta, no tiene pinta de remontar", advierte Díez.

La especialista de Funcas, por su parte, cree que se puede descartar una recesión, pero tampoco es optimista sobre una revitalización económica: "Incluso aunque no se materialicen los riesgos internacionales, como la guerra comercial o la tensión en Irán, el crecimiento de España va a ser moderado", subraya Rodríguez.

Así, está por evaluar qué impacto tendrán algunas de las medidas estrella del gobierno de coalición, como la derogación de la reforma laboral de 2012 o el establecimiento de un tipo mínimo del 15 % en el Impuesto de Sociedades para grandes empresas -hasta el 18 % para bancos y compañías de hidrocarburos-, que pueden desincentivar la inversión y la creación de empleo.

Subir el salario mínimo y revalorizar las pensiones con el IPC

Diez, de hecho, alerta sobre la "melodía antiempresarial" que desprende el pacto firmado entre el PSOE y Unidas Podemos, y reclama iniciativas que incentiven la inversión privada, por ejemplo, en nichos como la economía verde. "Hay 8,5 millones de edificios de comunidades de vecinos que tendrán que adaptarse, ahí puede haber cientos de miles de empleos. Tienes que reactivar la confianza empresarial; si no, puede ser perjudicial".

También alerta contra la subida del salario mínimo, una de las banderas del nuevo gobierno, que se pretende elevar hasta que alcance el 60 % del salario medio al final de la legislatura y que, en su opinión, puede afectar a las pequeñas y medianas empresas "y acabar por destruir empleo", justo cuando la generación de puestos de trabajo ya se ha visto disminuida, con el menor descenso del paro en siete años.

Si a ese cóctel se le añade una deuda pública -el objetivo, ya obsoleto, de los presupuestos prorrogados era el 1,3 %, pero el Gobierno en funciones estimó en 2 % en el plan que envió a Bruselas y los cálculos del Banco de España lo sitúan ya en el 2,5 % al cierre del año pasado-, María José Rodríguez avisa de que "se puede generar una situación bastante peligrosa, con muchas vulnerabilidades".

En este sentido, otro de los retos fundamentales será garantizar la sostenibilidad de las pensiones: el nuevo gobierno se ha comprometido a revalorizarlas con arreglo al Índice de Precios al Consumo (IPC) y buscará un acuerdo en el Pacto de Toledo para blindar ese compromiso, pero el déficit de la Seguridad Social es cada vez mayor y puede obligar a buscar nuevas fuentes de ingresos, es decir, a detraer dinero de otras partidas.

Unos presupuestos contra la desigualdad

En cualquier caso, el gobierno de Sánchez con Iglesias parece decidido convertir la lucha contra la desigualdad en el eje de su mandato: "La desigualdad extrema es corrosiva para la convivencia", recalcó Sánchez en su discurso de investidura, en el que prometió elevar "los ingresos más bajos" y redistribuir la riqueza a través del sistema fiscal y de los servicios públicos.

Algunas medidas al respecto pueden adoptarse en breve, en el primer Consejo de Ministros del nuevo ejecutivo, como la subida salarial del 2 % pactada con los funcionarios, la revalorización de las pensiones un 0,9 % prometida por el presidente en funciones o un nuevo aumento del salario mínimo. Pero el grueso de las iniciativas deberá plasmarse en unos presupuestos generales del Estado para cuya aprobación el gobierno de coalición se ha dado un plazo de tres meses.

Las cuentas parecen estar preparadas, después de que el PSOE y Unidas Podemos pactarán la propuesta fallida del año pasado, pero la Comisión Europea, que ha sido flexible con el Gobierno español mientras ha estado en funciones, será mucho más estricta. Aunque el mayor obstáculo que deberán salvar esos presupuestos será, previsiblemente, la fragilidad de la mayoría parlamentaria que ha permitido la investidura de Sánchez, y que hace prever una tramitación tortuosa.

Así, hay que volver a recabar el apoyo de las cinco formaciones que este martes han dado un voto afirmativo (PNV, Más País, Nueva Canarias, BNG y Teruel Existe), pero también el de ERC, cuya mera abstención sería insuficiente para aprobar los presupuestos y que ya ha dejado ver que exigirá cumplir el acuerdo que incluye la mesa de negociación sobre Cataluña. Será la primera gran prueba, económica y política, para el primer gobierno de coalición de la historia de España.