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La Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. anula los aranceles del 300% a los aviones de Bombardier

  • Los aranceles se anunciaron a final del 2017 por el gobierno del presidente Trump
  • El Departamento de Comercio impuso la tasa por presunta competencia desleal
  • Boeing acusó a Bombardier de utilizar subvenciones para vender por debajo del coste

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Una aeronave de Bombardier en Quebec
Una aeronave de Bombardier en Quebec. AFP PHOTO Clement Sabourin

La Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. (USITC por sus siglas en inglés) ha retirado la decisión de imponer aranceles antidumping combinados del 300% a aviones de la empresa canadiense Bombardier, anunciados a final del año pasado por el gobierno del presidente Donald Trump.

Esta decisión, aprobada tras una votación de 4-0, ha puesto fin a la disputa comercial entre la estadounidense Boeing y Bombardier que llevó al Departamento de Comercio a imponer aranceles a la canadiense por presunta competencia desleal.

Concretamente, Comercio implantó en octubre una tarifa punitiva del 79,82% contra el modelo C Series de esa compañía, un avión que puede transportar entre 108 y 160 pasajeros. En septiembre, Estados Unidos ya había aplicado un arancel antidumping del 220% a este mismo tipo de avión a petición de la aerolínea estadounidense Boeing.

Boeing había acusado a Bombardier de utilizar miles de millones de dólares de subvenciones públicas para vender sus aviones en Estados Unidos a precios muy por debajo del coste de producción.

Los aranceles pusieron en peligro la compra por parte de la compañía aérea estadounidense Delta de 125 aviones de los aviones C Series, anunciado el año pasado.

Sin embargo, la comisión ha asegurado no haber encontrado evidencia de que el fabricante de aviones con sede en Montreal (Canadá) se hubiera aprovechado de dichos subsidios en este sentido.

Esta decisión se produce en medio de la nueva ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que incluye Estados Unidos, México y Canadá, que Trump considera un "desastre" para los trabajadores y empresas estadounidenses.

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