El nuevo reglamento que regulará los expedientes de regulación de empleo (ERE) que -según lo filtrado por varios medios de comunicación- permitirá realizar despidos colectivos en las empresas públicas cuando haya un descenso del 10% en las transferencias presupuestarias que reciben revela, según el PSOE, la intención del Ejecutivo de privatizar los servicios públicos.

Esta nueva normativa muestra, en palabras de la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, "la clara intención privatizadora de los servicios públicos: primero vacían las empresas de personal y después, las venden".

Rodríguez ha advertido que con ese futuro reglamento, "los empleados públicos -que muchos de ellos han conseguido su plaza mediante una oposición o un examen- se quedan en precario".

Exige la prórroga de los 400 euros para los parados

Además, el Partido Socialista ha confirmado que pedirá al Gobierno que prorrogue antes del 15 de agosto la ayuda de 400 euros que se da a los parados que han agotado otras prestaciones y que están inscritos en itinerarios profesionales. El PSOE solicita la ampliación de ese programa de ayuda (el Plan Prepara) hasta el 30 de agosto de 2013.

"Si no lo hace, vamos a seguir pidiéndolo mediante los instrumentos que tenemos a nuestro alcance", ha adelantado Soraya Rodríguez, ya que -ha añadido- esa petición de prórroga "es un clamor social".

A juicio de la portavoz del PSOE, el presidente y el resto de miembros del Gobierno se han ido de vacaciones sin resolver este problema. "Esta ayuda, aunque es mínima, apoya a la gente que está en peores condiciones: sin esa ayuda nimia, se descuelgan", ha indicado Rodríguez.

El pasado viernes, al término del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, explicó que el Gobierno no había decidido aún si prorrogará ese programa que concluye el próximo 15 de agosto. Hasta el día 24 no está previsto una nueva reunión del gabinete.

El pasado mes de febrero, el Gobierno prorrogó el programa por seis meses y lo dotó de un presupuesto aproximado para ese período de unos 300 millones de euros. En la práctica, esta ayuda -que fue consensuada en el marco de la negociación social- supuso una prolongación del Prodi, el programa de los 426 euros diseñado por el Ejecutivo anterior.