La Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta contra el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, y varios de sus familiares, por un presunto fraude fiscal a la luz de la regularización que practicaron ante la Agencia Tributaria.
La familia había evadido el pago de impuestos con cuentas opacas en Suiza hasta que recibió en 2010 un requerimiento de Hacienda (avisada por las autoridades francesas). El banquero y sus parientes dijeron entonces haber saldado sus cuentas con el fisco tras pagar unos 200 millones de euros.
"La regularización practicada por los denunciados se puede considerar correcta y anterior a que se hubiera incoado un procedimiento de inspección o de verificación", señala el juez Fernando Andreu en el auto dictado este martes.
Por tanto, considera que en este caso se debe eximir de responsabilidad a la familia del financiero, en aplicación del articulo 305.4 del Código Penal (que establece que "quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria").
Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria española sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco suizo HSBC Private Bank Suisse.
Entre estas personas estaban 12 miembros de la familia Botín, Emilio Botin y sus cinco hijos -entre ellos Ana Patricia-, su hermano Jaime y sus otros cinco descendientes. Se les acusaba de no haber presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.
A petición de la Agencia Tributaria, los 12 miembros de la familia Botín procedieron a regularizar su situación fiscal presentando declaraciones complementarias con las rentas de las que eran titulares "trust, fundaciones y otras figuras fiduciarias" vinculadas a ellos.
El sindicato mayoritario de técnicos de Hacienda Gestha ha dicho que, en todo caso, el auto ha demostrado un "trato de favor" a los Botín porque se ha demostrado que las autoridades disponían de la información de las cuentas opacas desde el 24 de mayo de 2010, lo que hubiera permitido iniciarles una inspección cinco semanas antes de la prescripción, lo que a su juicio desmiente la versión del anterior director de la Agencia, Luis Pedroche, según la cual la falta de tiempo recomendaba el procedimiento voluntario.
La actuación judicial se inició para paralizar precisamente los plazos mientras se verificabab las regularizaciones. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción se comprometió a archivar las actuaciones si comprobaba que las regularizaciones practicadas era "completas y veraces", como finalmente ha ocurrido.
El caso HSBC se originó cuando un extrabajador del banco entregó documentación confidencial a las autoridades francesas de presuntos evasores fiscales. Esta actuación llevó a la Agencia Tributaria a investigar a 659 contribuyentes (2 personas jurídicas y 657 físicas) que tenían más de 3.000 cuentas en Suiza, en las que podría haber entre 6.000 y 8.000 millones de euros.
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