Fedea señala que la lucha contra el fraude fiscal no va a resolver el problema del déficit

  • En el mejor de los casos se podría aumentar la recaudación un 2% del PIB
  • Los expertos abogan por penas más duras contra el fraude
  • Proponen subir el IVA, gravar el patrimonio y eliminar Sociedades
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CRISTINA PÉREZ - MADRID 

El investigador de Fedea (Fundación de estudios de economía aplicada), Michele Boldrin, aboga por una reforma fiscal en profundidad porque la lucha contra el fraude "no va a resolver el problema del déficit".

A su juicio, si la Agencia Tributaria lograra ser tan eficiente como Suecia o Alemania en el afloramiento de la economía sumergida, algo que podría llevar años de esfuerzo, "lograríamos recuperar entre dos y tres puntos porcentuales de PIB de recaudación en el mejor de los casos". Pero Boldrin es claro:"no es cierto que si esos ricachos pagarán más no habría que hacer ningún recorte".

Sobre la amnistía fiscal, ha subrayado que es "una medida extrema" y está dispuesto a admitir que la situación de España "casi lo era" pero insiste en que si se hace "tiene que ser creíble" y no se puede hacer a la Tremonti, ministro italiano que realizó siete amnistías en 14 años y cada vez decía que iba a ser la última.

Boldrin pide penas más duras para los que no cumplen con Hacienda porque si la percepción no es de "extrema dureza" los defraudadores piensan que pueden esperar a otra oportunidad. Pone como ejemplo que en los países católicos mediterráneos la administración en general trata mal al ciudadano pero cuando defrauda al fisco no castiga con dureza, cuando en los países anglosajones es al revés, exquisito trato al contribuyente y mano dura con el evasor de impuestos.

Eficiencia contra el fraude

En su opinión, combatir la evasión de impuestos no debe hacerse por motivos de recaudación sino por "razones de eficiencia". Buena parte del fraude fiscal viene de empresas "marginales, con poca capacidad productiva, que sobreviven en el límite". Si salieran a la superficie, una parte sustancial del tejido económico, que Boldrin cifra entre el 10% y el 15% del PIB, desaparecería.

Tasar las transacciones es muy mala idea

El director del departamento de Economía de la Washington University sostiene que la realidad del fraude es que solo una pequeña parte viene de grandes patrimonios, la mayor parte viene de "pequeños evasores" para los cuales no pagar impuestos es la forma de mantenerse en el mercado.

El profesor Boldrin apunta que en España "la carga fiscal media no es particularmente alta pero está particularmente mal distribuida". Argumenta que basar el grueso de la recaudación en la tasación de transacciones "es muy mala idea" porque impide el correcto desarrollo de las empresas que muchas veces no ganan tamaño porque resultan penalizadas fiscalmente e incentiva el fraude porque "es relativamente fácil defraudar" e intercambiar dinero negro en la compraventa de un inmueble.

Más IVA, menos IRPF y fuera Sociedades

Para resolver ese problema, Boldrin aboga por cambios estructurales que incentiven una mayor dimensión de las empresas, con fusiones y adquisiciones, que permitan ganar tamaño industrial sin afectar al empleo.

Por otro lado, considera necesario una reforma fiscal que permita bajar el IRPF, para que se incentive la contratación de profesionales cualificados cuya contratación en España es más cara que en otros países europeos. Como contraposición, considera que se podría subir el IVA y los impuestos patrimoniales, ya que la carga fiscal española casi 15 puntos porcentuales más baja que la de Italia.

En España la carga fiscal no es alta pero está mal distribuida

Además, defiende que debe eliminarse el Impuesto de Sociedades porque lo que se debe gravar es el patrimonio como hace Francia y no las operaciones de la empresa que generan riqueza. Matiza que "no lo haría de la noche a la mañana" porque en política tributaria no pueden hacerse "cambios drásticos".

Con respecto a las comunidades autónomas apuesta por un federalismo fiscal que haga corresponsables a las regiones de sus gastos, es decir, que ajusten su presupuesto a la recaudación fiscal real y no a la estimación de ingresos extraordinarios que se produjeron durante la burbuja inmobiliaria.

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