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La política lingüística, los toros, la inmigración y el uso del burka: caldo de precampaña en Cataluña

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La campaña electoral para los próximos comicios en Cataluña no arranca hasta la medianoche del 12 de noviembre. Sin embargo, hace meses que los partidos políticos calientan motores con la precampaña.

En el último año la polémica ha estado servida en Cataluña y, por extensión, en el resto del país alrededor de temas como la inmigración, la prohibición de los toros en la comunidad autónoma, la política lingüística, la limitación del uso del burka y el niqab en algunas localidades y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña.

En el cuarto aniversario de la entrada en vigor del Estatut, los partidos catalanes hicieron valoraciones muy dispares del texto -que anula 14 artículos del Estatut original-. Un mes antes, más de un millón de catalanes se habían manifestado en Barcelona en contra de la sentencia. El pasado 4 de octubre, durante la convocatoria oficial de las elecciones, José Montilla, presidente de la Generalitat, aseguró que pese a la sentencia del Constitucional seguiría "luchando por el autogobierno de Cataluña" y trabajaría para desplegar el Estatut en su totalidad.

El catalán: ¿Quién, cómo y dónde?

Uno de los puntos más polémicos de la citada sentencia es el preámbulo de la misma, en la que el Constitucional establece que no existe "otra nación que la española" y sitúa en plano de igualdad al catalán y al castellano. Según el TC, es correcto considerar el catalán como lengua de uso "normal" en estas instancias públicas, pero no "preferente"

El artículo 6.2 del Estatut introduce además el deber de conocer el catalán en Cataluña, que se añadía al deber de conocer el castellano marcado por la Constitución aunque apunta que este deber "no es jurídicamente exigible con carácter generalizado".

Así y todo, la política lingüística catalana ha dado mucho que hablar en los últimos meses.

Durante el verano de 2010 se aprobaron dos leyes muy relacionadas con la política lingüística y ambas sembraron discordia en la arena política.

La primera, la Ley del Cine, obliga a que en un plazo de siete años el 50% de las películas exhibidas en las salas catalanas sean dobladas o subtituladas al catalán. La segunda, el Código de Consumo, reconoce el derecho a ser atendido en catalán y obliga a redactar en esta lengua las publicidades (rótulos), los manuales de uso, los datos de salud y seguridad de los productos y las facturas, entre otros. Contempla además la posibilidad de sancionar con multas que pueden alcanzar el millón de euros a aquellos que no atiendan o rotulen en catalán.

La política lingüística de Cataluña volvió a acaparar la atención mediática a mediados de septiembre, cuando la Generalitat aprobó un decreto que obligaba a los nuevos profesores de universidad a acreditar el nivel de suficiencia de catalán (nivel C) en un plazo de dos años. Se eximía de esta obligación a aquellos docentes que ya estuvieran trabajando en la universidad que, sin embargo, tendrían que acreditar el nivel si quisieran promocionar. El nivel C es el que la Generalitat exige para ocupar la mayoría de las plazas como funcionario público.

Además, a finales de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió cautelarmente varios artículos del reglamento de uso del catalán del Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación de Lleida.

La inmigración irregular, en el punto de mira

También los inmigrantes residentes en Cataluña tienen la obligación de aprender catalán y de examinarse para acceder a los servicios de acogida e integración de la Generalitat. En abril de 2010, el Parlament aprobó la Ley Catalana de Acogida, convirtiéndose así en la primera comunidad autónoma en regular las nuevas competencias de la Ley de Extranjería, reformada en diciembre de 2009, con la primera ley autonómica sobre acogida de inmigrantes.

A mediados de octubre, el Tribunal Constitucional admitió el recurso de la Defensora del Pueblo contra esta Ley amparándose en las limitaciones a la protección del catalán que establece la sentencia del Estatut.

Precisamente la inmigración ha sido otro de los temas que han centrado la polémica en Cataluña en los últimos meses. El PP catalán, de hecho, ha sido foco de las críticas de sus rivales electorales por utilizar la inmigración como arma electoral de cara a los comicios.

La presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, se vió obligada a pedir disculpas en abril por repartir en Badalona un folleto que vinculaba la inmigración con la seguridad en el que se podía leer la frase "No queremos rumanos".

Cinco meses después, el PPC volvía a estar en el punto de mira por distribuir un panfleto electoral en forma de cuestionario que las entidades de apoyo a los inmigrantes consideraban xenófobo. El documento, titulado Hablando claro de la inmigración, incluye diez preguntas que reflejan las propuestas de los conservadores sobre inmigración. En este caso, no obstante, parece que el partido no se retractará.

Así, los populares han decidido hacer de la inmigración irregular un tema central de su campaña y han anunciado que en su programa propondrán limitar los empadronamientos a aquellas personas que tengan pasaporte o permiso de residencia.

El Ayuntamiento de Vic, regido por un alcalde de CiU, ya propuso en enero dejar de empadronar a los residentes en situación irregular. Una medida que no prosperó porque la Abogacía del Estado dijo que vulneraba la ley.

El Gobierno de España ha recordado en repetidas ocasiones durante este año que el empadronamiento es obligatorio al margen de la situación legal de los inmigrantes.

Cataluña, pionera en la prohibición del burka

La prohibición del burka y el niqab se ha convertido este año en uno de los temas centrales, o al menos más mediáticos, de la escena política de Cataluña, la primera comunidad de toda España en la que se ha prohibido su uso de alguna manera.

Desde que, en mayo de este año, Lleida se convirtiera en la primera ciudad española que prohibía el uso del velo integral en instalaciones públicas, el debate sobre su uso se ha propagado a todas las administraciones de Cataluña, ayuntamientos, diputaciones y consejos comarcales. La medida, de hecho, se extendió a otros municipios españoles y llegó al Senado.

Las mujeres que lleven niqab o burka no podrán entrar con él en las dependencias públicas de cinco municipios catalanes:  L'Hospitalet, Manresa, Lleida (que prevé multar con hasta 600 euros a quien no cumpla la norma), Tarragona y El Vendrell.

Por otra parte, Barcelona anunció que lo prohibirá por decreto, Girona rechazó su veto y el Ayuntamiento de Terrasa decidió dejar la regulación al Gobierno central y la Generalitat.

El Parlament de Cataluña, no obstante, rechazó prohibir el uso del burka en espacios públicos a primeros de julio. La votación tuvo que repetirse después de un "error técnico" en la primera, que daba por aprobada la moción.

Por otro lado, el Govern ha editado una guía para orientar a los centros educativos en la que sugiere para prohibir en las aulas el uso del burka y permitir el hiyab (pañuelo que deja la cara al descubierto). Según la guía, los velos y turbantes que no tapan la cara del escolar "no lo perjudican". Establece además que aquellos que tapan totalmente el rostro son inadecuados en las escuelas porque "pueden interferir en el aprendizaje y la intercomunicación del alumno".

No a las corridas, sí a los correbous

Sin duda alguna, uno de los debates más encendidos que ha tenido a Cataluña como protagonista ha sido la prohibición de las corridas de toros a partir de 2012. El Parlamento de Cataluña aprobó el 28 de julio la prohibición en una votación en la que hasta el último momento no se supo cuál iba a ser el resultado ya que el PSC y CiU habían dado libertad a sus diputados. Al final, los 32 votos de CiU a favor de la abolición fueron decisivos para inclinar la balanza.

Así, el Parlamento catalán decidió prohibir los toros por 68 votos a favor, 55 en contra y nueve abstenciones.

La histórica decisión del Parlament fue conocida entre aplausos de los miembros de la Plataforma Prou!, que está detrás de esta la Iniciativa Legislativa Popular que pedía la abolición de la fiesta.

El PP ha recurrido esta decisión ante el Tribunal Constitucional al considerar que "invade conpetencias estatales " y es "inconstitucional", ya que las comunidades autónomas "no tienen facultad para prohibir la tauromaquia". Además, llevó hasta el Senado una propuesta para instar al Gobierno a que declarase la fiesta de los toros Bien de Interés Cultural, una moción que la Cámara Alta rechazó.

Sólos dos meses después de aprobar la prohibición de las corridas, el Parlament aprobó una proposición de ley presentada por CiU para blindar los correbous, los festejos taurinos tradicionales de las Tierras del Ebro. Durante la votación, CiU y ERC fueron censurados por PP, Ciutadans e ICV-EUiA por la diferencia de criterio al considerar los correbous fiesta tradicional y basarse en el maltrato animal para prohibir las corridas.

Ambos grupos justificaron su respaldo a estos festejos y su veto a la Fiesta Nacional en la 'no muerte' del animal. No obstante, expertos consultados por RTVE.es, aseguran que el animal en los correbous, aunque no muere, sufre. El estrés, de hecho, puede provocar al toro la muerte de un infarto.

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