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Alemania se queda sola al insistir en retirar el voto a los incumplidores del déficit

  • Sólo Francia y Finlandia apoyan la petición de Merkel de sanciones políticas
  • La petición francesa de crear un fondo de rescate permanente cuenta con apoyo general

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Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Bruselas

Alemania contra todos... o casi todos. Así pueden resumirse las posiciones previas a la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) que se celebra este jueves en Bruselas, centrado en el endurecimiento de las sanciones a los países miembros que persistan en el incumplimiento del control del déficit público.

La canciller alemana, Angela Merkel, insiste desde hace semanas en que deben crearse "sanciones políticas" para esos incumplidores, por lo que defiende que se retiren los derechos de voto a los Estados que no tomen las medidas adecuadas para controlar su gasto público.

En esa petición, cuenta con el respaldo del presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien a su vez ha conseguido que Merkel acceda a establecer un fondo de rescate permanente de la UE para auxiliar a los países que puedan tener problemas en el futuro.

Ese mecanismo sería similar al que la pasada primavera se fijó para los próximos tres años con el fin de vencer las reticencias de los mercados financieros ante los países más vulnerables de los Veintisiete.

El acuerdo bilateral entre las dos potencias del continente no ha gustado al resto de los miembros de la UE, que sienten que el eje franco-alemán pretende dictar las políticas al conjunto de los Veintisiete.

Además, ese pacto se escenificó pocas horas después de que los ministros de Economía de los Veintisiete consensuaran un amplio plan de endurecimiento de las sanciones para los países con persistentes déficits excesivos. Un plan que no prevé la suspensión del voto de un Estado, tal y como quiere Berlín.

Modificar el Tratado de Lisboa

Ambas iniciativas exigirían modificaciones en el Tratado de Lisboa, aprobado definitivamente el año pasado, después de un tortuoso proceso de ocho años, plagado de tropiezos como el referéndum que lo rechazó en Irlanda, donde se debió repetir la consulta.

Prácticamente todos los países de la UE -incluída España- se oponen a la petición de Alemania. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, la ha calificado de "inaceptable", al igual que el presidente del Eurogrupo, el luxemburgués Jean-Claude Juncker.

Un alemán, el líder de los socialistas en el Europarlamento, Martin Schulz, también es contrario a la sanción propuesta por Merkel y ha recurrido al ejemplo de Grecia: "Si les quitamos los derechos de voto en Bruselas y marginamos de esa forma a la población griega, les dejamos en manos de los populistas y los extremistas".

Por contra, la creación de un fondo de rescate permanente sí cuenta con el visto bueno de la mayoría de los Veintisiete. La modificación del Tratado que requeriría es mínima, al contrario que la exigida por una medida como la propuesta por Merkel. Esta última -como toca derechos políticos- necesitaría someter la revisión a nuevos referenda en algunos países y a la validación de los 27 parlamentos nacionales.

Según un experto del Centro de Estudios Políticos Europeos consultado por la BBC, Piotr Kaczynski, la suspensión de los derechos de voto de un Estado en las reuniones ministeriales de la UE es "políticamente peligroso", porque podría interpretarse como una cesión de poder a Bruselas, lo que podría despertar reticencias en muchos países y dificultar la aprobación de un tratado revisado que incluyese esa posibilidad.

Las razones de Merkel

La canciller alemana argumenta que la revisión es imprescindible para evitar el bloqueo del Tribunal Constitucional de su país sobre las ayudas a Grecia, ya que esa Corte ha recordado que el tratado actual estipular que ningún país debe ser salvado de la quiebra por sus socios.

Así, para evitar ese obstáculo, bastaría formalizar un mecanismo permante y automático de asistencia a los países en riesgo. Pero Merkel quiere blindar esa ayuda con sanciones duras, que obliguen a los receptores a cumplir la austeridad impuesta desde Bruselas, y recuerda que su país y Francia aportan más de la mitad de los 750.000 millones de euros del actual fondo que estará en vigor hasta 2013.

Por añadidura, la líder alemana pretende implicar a los bancos que compran la deuda de los países que necesitan financiación y que, en caso de quiebra, también se convertirían en receptores de la ayuda de los socios europeos.

"Necesitamos un mecanismo que incluya también a los bancos y fondos de inversión, que ganan dinero a través de los elevados intereses" a los que prestan a los Estados en dificultades, ha señalado Merkel. De esta forma, ha continuado, "los contribuyentes no serán los únicos en asumir responsabilidades".

España, a favor del fondo, pero en contra de quitar el voto

Como solución, el presidente de la Unión Europea, el belga Herman Van Rompuy, ha ofrecido a los Veintisiete la posibilidad de una reforma "simplificada" del Tratado de Lisboa.

Así, según fuentes diplomáticas consultadas por France Presse, a última hora de este jueves podría anunciarse un compromiso por el que los presidentes de la UE y de la Comisión Europea se encargarían de examinar cómo hacer un mínimo cambio en el Tratado para que ampare la creación del fondo de rescate permanente y no obligue a la convocatoria de nuevos referenda.

España no ve "inconveniente" en realizar cambios en el Tratado de Lisboa para hacer permanente el fondo de rescate al que se recurriría en caso de que se repitan situaciones como la provocada por la crisis de deuda en Grecia, según han informado fuentes de La Moncloa.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "comprende" las razones derivadas de la Constitución alemana que esgrime Berlín para reformar el Tratado y mantiene una postura "abierta", según las fuentes, aunque advierte de que habrá que tener en cuenta los "problemas" que puede acarrear una reforma de gran envergadura.

España está igualmente a favor de que exista un mecanismo de sanciones para los países que incumplan de manera reiterada los límites de déficit, pero no es partidaria de suspender el derecho de voto a los Estados miembros indisciplinados, según las mismas fuentes.

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