Salgado rechaza sancionar con fondos estructurales el déficit excesivo, como pide la Comisión

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Salgado: 'Hay que tener mucho cuidado con los fondos estructurales y los fondos de cohesión'

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha rechazado que se congelen los fondos estructurales y de cohesión a los países con déficit excesivo, tal como ha propuesto la Comisión Europea para endurecer el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y evitar que se produzcan nuevas crisis de deuda como la de Grecia.

"Nosotros creemos que hay que tener mucho cuidado con los fondos estructurales y los fondos de cohesión, que a eso no debería afectar" el endurecimiento de las sanciones, ha comentado Salgado a la prensa a la entrada de la reunión de ministros de Finanzas de la UE en la que se ha discutido la reforma del Pacto. España es el segundo mayor beneficiario de fondos estructurales europeos, sólo por detrás de Polonia.

"Sin embargo, pueden estar previstas sanciones económicas en forma de multas y eso está ya previsto y nosotros sí asumiríamos que eso es posible", ha apuntado la vicepresidenta. En todo caso, ha dejado claro que espera que a España no se le aplique ninguna sanción.

Asimismo, Salgado ha defendido que las nuevas sanciones preventivas para los Estados miembros que se acerquen a los límites de déficit sean únicamente "morales", como lanzar un aviso público a los países infractores, y no económicas.

La Comisión quiere sanciones casi automáticas

“Todos hemos aprendido que un déficit  fiscal importante tiene malas consecuencias“

"Todos los países hemos aprendido de la experiencia de que un déficit fiscal importante tiene consecuencias no previstas y siempre malas para la economía, así que simplemente con ese señalamiento es suficiente para la parte preventiva", ha defendido la vicepresidenta económica.

Sin embargo, el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha abogado por que las nuevas sanciones se apliquen de forma "casi automática si las reglas se vulneran". En este sentido, estableció un paralelismo con el fútbol resaltando que "no funcionaría si los jugadores empiezan a discutir las reglas del juego con el árbitro cada vez que cometen una falta".

Por ello, el Ejecutivo comunitario propondrá el 29 de septiembre que las nuevas sanciones se apliquen automáticamente a menos que se oponga una mayoría de Estados miembros. De esta manera, "se revierte la carga de la prueba" y la aplicación de las sanciones será "más fácil y eficaz".

La Comisión Europea ha propuesto congelar no sólo los fondos estructurales sino también las ayudas agrícolas y pesqueras a los países con déficit excesivo. Alemania, Francia y el Banco Central Europeo quieren ir más allá y suspender el derecho de voto de los infractores, algo que exigiría una reforma de los Tratados.

Apoyo a la tasa a la banca

La posición española, en cambio, se aproxima más a la de la Comisión en otro aspecto finaciero que ocupa estos días a los titulares de Finanzas, las tasas a la banca. Así, Salgado se ha dicho dispuesta a poner en marcha una nueva tasa, más allá de las ya existentes en España, si la Unión Europea llega a un acuerdo sobre este asunto.

"España tiene ya su fondo de garantía de depósitos pero siempre hemos dicho que estaríamos dispuestos a contemplar una forma de completar ese fondo de garantía de depósitos si finalmente eso es lo que se decide", ha comentado la vicepresidenta segunda del Gobierno. Los líderes europeos ya acordaron el pasado 17 de junio la introducción de un gravamen y ahora toca a sus responsables económicos el comenzar a perfilar una posición común sobre la modalidad del mismo.

El Ejecutivo comunitario ha preparado un documento de trabajo para centrar las discusiones en el que se muestra partidario de calcular el gravamen a partir del pasivo de los bancos, descontando de él los depósitos de los clientes que ya están cubiertos por el fondo de garantía nacional.

Los ministros también discutirán la propuesta de introducir una tasa sobre las transacciones financieras a nivel global, con la que se pretende obtener del sector financiero una compensación por las ayudas y garantías recibidas de los poderes públicos, aunque Salgado ha mostrado sus  reservas sobre este gravamen, que para ser eficaz habría de aplicarse a escala mundial y no sólo en la UE.