La Audiencia será la encargada de cerrar las webs de descarga con un procedimiento exprés

  • Una comisión del ministerio de Cultura denunciará a las webs de descargas
  • El juez tendrá un plazo máximo de cuatro días para decidir
  • Para poder llevarlo a cabo se modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial

Ver además: Los derechos de autor a debate / La lógica de la ley linda con el absurdo (por Pepe Cervera)

VANESA RODRÍGUEZ - MADRID 

El Gobierno ha cambiado finalmente el proyecto de Ley de Economía Sostenible para que sean los jueces de la Audiencia Nacional los encargados de decidir en un plazo máximo de cuatro días si se puede o no cerrar una web acusada de descargas ilegales.  Así lo ha anunciado hoy viernes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el titular de Justicia, Francisco Caamaño.

Moncloa pone en marcha un procedimiento exprés, reservado para la protección de los derechos fundamentales, para cerrar webs de descargas ilegales y para ello deberá modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se mantiene la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente de Cultura que será la que reciba una denuncia de un autor o particular contra una web de descargas. En esta Comisión estarán presentes miembros de la industria cultural.

Posteriormente se advertirá al propietario de la página denunciada de que debe retirar los enlaces o contenidos que según la comisión violan la propiedad intelectual.

Si la página web no retirara los contenidos considerados ilegales, la Comisión acudirá a la  Audiencia Nacional, en particular los juzgados centrales de lo Contencioso administrativo, que deberá decidir en un máximo de cuatro días sobre el cierre.

Según ha explicado Caamaño es la Audiencia la encargada porque en Internet es difícil "ubicar el lugar del territorio" en el que se sitúa la página web que supuestamente vulnera los derechos de autor.

Estos cambios superan a la ley de Economía Sostenible, pues al tratarse de un procedimiento judicial específico implicará cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ya que según Caamaño afectan a derechos fundamentales en colisión, la libertad de expresión y el derecho a la propiedad intelectual.

Finalmente, y según ha informado el ministro de Justicia en rueda de prensa se tratará de un proceso "ágil ya que en solo cuatro días el juez decidirá si aprueba el cierre de esta web" o retira la demanda presentada por la Comisión velando por que no se violen "los derechos fundamentales del ciudadano".

Estas medidas se remitirán a varios organos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Social y al Consejo de Estado.

Posteriormente, en febrero la Ley irá al Parlamento para su tramitación y hasta verano de 2010 no entraría en vigor. 

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros finalmente no ha estado presente la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Según fuentes del Gobierno la modificación de esta norma se ha realizado en Moncloa y no en el ministerio del ramo.

Ángeles González-Sinde ha comparecido ante la prensa en su propio ministerio para afirmar que ésta es "una propuesta equilibrada" que pretende armonizar, los derechos "de los ciudadanos como usuarios de la Red y de quienes viven de la cultura".

En cuanto a quiénes conformarán la citada Comisión de Propiedad Intelectual, "que es independiente" (aunque nombrada por Cultura), Sinde ha afirmado  "reflejará necesariamente la pluralidad de intereses y en ella habrá expertos en derechos, expertos en internet y en las diferentes materias".

Satisfacción en la industria cultural, preocupación en la Red

El Gobierno satisface así una de las principales reivindicaciones de la industria cultural. Según explica a rtve.es Joan Navarro, director de la Coalición de Industrias y Creadores de Contenidos "la ley tiene que resolver el problema de la piratería digital, o al memos apuntar claramente su solución. Durante años el Gobierno ha mirado hacia otro lado mientras crecía una industria que distribuye en internet obras sin el permiso de sus autores".

Hoy abrir una web ilegal cuesta un día, cerrarla mas de cuatro años

Y añade que su petición al gobierno ha sido la creación de un "procedimiento ágil para evitar que se hagan negocios en la red a costa del trabajo de los creadores, simplemente eso. Pero tiene que tener en cuenta, que hoy abrir una web ilegal cuesta un día, cerrarla mas de cuatro años".

David Bravo, abogado especializado en derecho en internet, afirma en declaraciones a rtve.es que "quien decide la causa del cierre de una web sigue siendo Cultura".

Según Bravo, el papel del juez es simplemente "salvar el obstáculo" de si el cierre de esa página web supone la vulneración de derechos fundamentales del ciudadano como "la libertad de expresión".

Su Señoría, dígame usted si quitar un enlace a una película vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión

El abogado lo explica en una hipotética situación: "Una discográfica denuncia una página de enlaces a la Comisión de Cultura, que decide si hay infracción o no". A continuación la comisión presenta su decisión ante el juez: "Su Señoría, dígame usted si quitar un enlace a una película vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión. Evidentemente el juez contestará que no, que no es lo mismo que esto sea ilegal", explica Bravo.

David Bravo considera que la modificación de la Ley Orgánica que necesita el Gobierno para llevar esto a cabo será "complicada". "Es tan disparatado que creo que no va a salir adelante y que dentro de unos años será visto como se ve ahora la Ley Corcuera, una locura".

Mientras, en Twitter se suceden las reacciones, con una amplia mayoría en contra, agrupadas bajo el hashtag #manifiesto (palabra clave que sirve para agrupar twitteos). Es el caso de Sonia Blanco, periodista y bloguera que  afirma en Twitter: "Espero que las denuncias de malos tratos o de impagos de pensiones alimenticias tambien se tramiten en 4 dias".

La polémica disposición

La Red se vio convulsionada a finales de 2009 por esta disposición que se coló en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible.

Internet comenzó a gritar y el martes 2 de diciembre, se gestó el "Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet", promovido por un grupo de unas 40 personas. El manifiesto se extendió como la pólvora y se ha convertido en todo un movimiento por la libertad en la Red.

El ministerio de Cultura, preocupado por la polvareda que se estaba formando en torno a la disposición, llegó convocar a algunos de los promotores del "Manifiesto" a una reunión.

Finalmente Zapatero daba marcha atrás y anunciaba que "no se va a cerrar nada en la web ni ningún blog" sin autorización judicial. Las tajantes palabras del presidente del Gobierno de llegaban al final de una jornada marcada por el encuentro en el Ministerio de Cultura.

El anuncio no terminó de convencer a los firmantes del "Manifiesto" que esperan que la polémica disposición acabe finalmente fuera de la Ley.

Después de esto, José Luis Rodríguez Zapatero ha tratado de buscar, al margen de Cultura, una fórmula para salir del embrollo. La industria musical presionó al Gobierno para que no diera marcha atrás y retirara la disposición

Mientras, los firmantes del "Manifiesto" siguen clamando por un internet libre en el que no se violen alguno de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión.

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