El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha determinado que limitar las licencias de VTC en las ciudades europeas es "contrario al derecho comunitario". Aún así, deja la puerta abierta a la limitación en virtud del tráfico o la contaminación. En 24 horas, hemos hablado con las dos partes implicadas.
José Manuel Berzal, portavoz de UNAUTO-VTC, celebra que "el número de licencias sea determinado en función de las necesidades de movilidad de los ciudadanos y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y no en base a los intereses de otros sectores". Defiende que son "un sector tan legitimado jurídicamente para trabajar como el sector del taxi" e insiste en que están obligados a entenderse y trabajar juntos.
Desde el sector del taxi, Olivier Contel Aguilera, que es presidente de la Asociación Élite Taxi, ha asegurado en RNE que tras la sentencia han aprendido "a ser realistas" y que saben que la corriente "neoliberal" podría tumbar "que hubiera una licencia de VTC por cada treinta de taxi", ha dicho. Contel Aguilera también critica que las VTC que trabajan para plataformas "disruptivas" no son en ningún caso un servicio público: "Nadie quiere le que cobren más porque haya alta demanda, por estar embarazada o que tu teléfono tenga poca batería", ha censurado.
La reforma de la Justicia que hizo el gobierno de Polonia no es compatible con las garantías de independencia e imparcialidad que exige la Unión Europea. Lo sentencia el Tribunal de Justicia de la UE. Ahora Bruselas espera que las autoridades polacas lo acaten, pero Varsovia ya ha dicho que el Tribunal ha excedido sus competencias.
El abogado de Clara Ponsatí, Gonzalo Boye, ha estado en 24 horas de RNE y ha afirmado que van a recurrir el auto del magistrado Llarena porque "se olvida de la inmunidad de Ponsatí" y porque "no ha solicitado en ningún momento el levantamiento de dicha inmunidad".
Boye ha insistido sobre la inmunidad de su defendida y ha confirmado que han solicitado al Parlamento Europeo que vaya en su defensa: "Veremos que dice la institución europea" y ha argumentado que la interpretación de Llarena sobre la inmunidad de Ponsatí "es contraria a la jurisprudencia de la UE".
Preguntado por si el regreso de la exconsellera es un "banco de pruebas" de cara a un hipotético regreso de Puigdemont, Boye ha considerado que "no tiene ningún sentido". "El 31 de enero de 2023 el TJUE dictó una sentencia donde el TS no es el juez predeterminado para estos hechos", ha añadido.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado este martes la razón al juez Pablo Llarena al considerar que un país comunitario no puede negar la extradición de un buscado, por lo que allana el terreno para la entrega de Carles Puigdemont.
FOTO: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. EFE/ David Borrat
El centro histórico de Viena es Patrimonio Mundial en Peligro desde 2017 por un plan urbanístico que incluye una torre de 19 pisos. El asunto ha llegado al Tribunal de Justicia de la UE, que analizará la legislación austríaca y decidir si Austria debe hacer evaluaciones de impacto ambiental para proyectos urbanísticos en sitios declarados Patrimonio Mundial.
Informa Íñigo Picabea
Ya ha terminado la audiencia de dos días celebrada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Superliga. Ahora habrá que esperar a la resolución que será en 2023. Las dos intensas jornadas de vista en la corte de Luxemburgo constataron de nuevo el diferente criterio de las partes, la Uefa por un lado y los clubes que crearon la Superliga, y dejaron el caso pendiente de resolución, aunque concretaron un nueva fecha que puede ser clave para su desenlace. El próximo 15 de diciembre el Abogado General hará pública su opinión sobre cómo debe resolverse el caso. Serán unas conclusiones no vinculantes sobre las que después deliberarán los quince jueces elegidos entre los 27 del tribunal para formar la "Gran Cámara" a la que lo tiene asignado. Cada juez podrá proponer cambios hasta adoptar una resolución definitiva, por mayoría, que se anunciará en 2023.
Noticia Documentos TV
En nuestro país las trabajadoras del servicio doméstico no tienen derecho a cobrar el paro, pero un abogado de Vigo elevó este asunto al Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo, que sentenció que no es tolerable que las trabajadoras del servicio doméstico no tengan derecho a disfrutar de la prestación por desempleo.
Las guerras también tienen sus normas y en ello se basa la justicia internacional para juzgar los crímenes de guerra o de lesa humanidad. Algo que Rusia y Ucrania parecen haber pasado por alto durante este conflicto al no respetar los derechos de los civiles y de los prisioneros de guerra. Generalmente, los encargados deberían ser los tribunales de los países donde se cometen dichos crímenes o en el origen de los perpetradores, pero previendo una falta de justicia por parte de ambos países, en esta ocasión la responsabilidad caería sobre el Tribunal Penal Internacional de La Haya.
No sería la primera vez que se resuelve por esta vía, puesto que se utilizó para juzgar las atrocidades de Ruanda o de la Antigua Yugoslavia en los años 90 cuando se lograron condenas de altos cargos. Pero en esta ocasión no serían necesarias las cortes especiales que se crearon para ello. Sin embargo, existe un problema y es que ni Rusia ni Ucrania forman parte del Estatuto de Roma que habilita la justicia internacional.
Informa Santiago Barnuevo
