La sentencia del Tribunal Supremo que limita la aplicación de las devoluciones en caliente a las personas migrantes interceptadas en el mar ha provocado reacciones enfrentadas entre los sindicatos policiales y las organizaciones de derechos humanos.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Melilla advierte de que el fallo tendrá un impacto directo en el trabajo de los agentes al obligar a tramitar un procedimiento ordinario de devolución para las personas interceptadas en el mar cuando intentan acceder a Ceuta o Melilla. En un comunicado, el sindicato explica que estos casos requerirán realizar diligencias de identificación, garantizar la asistencia letrada y de intérprete cuando sea necesario y comprobar si la persona desea solicitar protección internacional. A su juicio, si el Estado incrementa las exigencias legales sin reforzar al mismo tiempo las plantillas y los recursos materiales, aumentará la saturación de los servicios policiales.
Las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, por su parte, consideran que la resolución supone un avance en la protección de los derechos de las personas migrantes. La ONG Mec de la Rue recuerda que lleva años reclamando que quienes son interceptados en el mar no sean devueltos de forma automática, sino que sean identificados, informados de sus derechos y tengan acceso a asistencia letrada e intérprete para poder solicitar protección internacional cuando proceda. La entidad confía en que la doctrina fijada por el Supremo se traduzca ahora en un cambio efectivo de la práctica en la frontera.
La Sala de lo Contencioso llegó a esta conclusión al resolver el recurso de un ciudadano argelino que impugnó su entrega a las autoridades marroquíes después de ser interceptado en alta mar cuando trataba de entrar a nado en Ceuta. Alegó que fue devuelto sin procedimiento administrativo, sin asistencia letrada y sin posibilidad de solicitar protección internacional.
