La UDEF aprecia indicios de presunto fraude en el Gobierno de Melilla para la construcción de un centro comercial
- Inaugurado en 2017, es la única gran superficie de la ciudad autónoma y está construida sobre antiguos terrenos militares
- El Gobierno del 'popular' Imbroda "desmiente con rotundidad las informaciones" y asegura que el informe "carece de rigor"
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La UDEF ha apreciado presuntos indicios de fraude durante la construcción en Melilla del centro comercial Parque Murias por parte del Gobierno del 'popular', Juan José Imbroda. Según los agentes, el Ejecutivo podría haber incurrido en supuestos delitos "prevaricación, malversación de caudales públicos y otras tipologías". Una conclusión a la que llegan tras realizar una investigación a raíz del hallazgo de un documento, con un esquema sobre la operación de construcción de la gran superficie, y la declaración de una "fuente confidencial" a la que los agentes dan total credibilidad.
Según el documento de la Policía Nacional al que ha tenido acceso RTVE, en el entorno del Ejecutivo del gobernador del PP se habría desarrollado una "presunta mecánica delictiva" que habría tenido como objetivo "obtener un gran beneficio económico de la construcción del centro comercial, eludiendo el pago de impuestos locales, concretamente, el impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), cuantificando el valor de lo defraudado entorno a los siete u ocho millones de euros".
"Las cantidades defraudadas pudieran haber tenido como destino final unas cuentas bancarias ubicadas en Gibraltar (paraíso fiscal), cuyos titulares serían supuestamente las personas implicadas en el proyecto, junto con cargos políticos, que favorecieron la omisión de la obligación del pago de los correspondientes tributos", inciden los agentes.
Un documento intervenido y una fuente "confidencial" sustentan el informe
La investigación se originó a raíz del registro en el domicilio de Abdelmayid Belkasen Mohamed, que fue detenido por una presunta trama de compro de votos de electores de la ciudad autonóma para diferentes comicios. Durante el registro los agentes se inacutaron de un documento en el que hay un esquema con el título "Operación Valenzuela". Entre las anotaciones, aparece el nombre "Imbroda" y también el de Gibraltar.
"El documento versa sobre la adquisición de unos terrenos al Ministerio de Defensa, situados en la Carretera Cuartel de Valenzuela y donde actualmente se encuentra ubicado el centro comercial de esta ciudad, denominado Parque Murias, siendo el autor del documento desconocido", han relatado los agentes en el informe que ha sido enviado a Fiscalía. El centro comercial fue inaugurado en 2017, y según los agentes se construyó "en tiempo récord". Previamente, los terrenos habían sido liberados y adquiridos en 2014 por parte del Gobierno del PP de Imbroda gracias a una moficiación del Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU).
A raíz del documento intervenido y la declaración de la fuente confidencial, los agentes han identificado y apuntado a varias personas físicas y jurídicas "que surgen de ambos hechos". Varias de ellas de Gobiernos del PP de los años 2015 a 2019, periodo en el que se desarrolla e inaugura el centro comercial.
Esquema intervenido que dio lugar a la investigación RTVE
En total, los agentes enumeran al propio presidente de Melilla, a su directora de Gestión Tributaria, María Ángeles Quevedo, al director General de Vivienda y Urbanismo, José Luis Matías Estévez, al técnico contable en la Intervención General, Antonio Francisco Valdivies, al consejero de Fomento, Francisco Javier González García, a la diputada en la Asamblea de Melilla Simi Chocron Chocron (PP) y a la Consejera de Hacienda de 2019 a 2023, Dunia Al Mansouri. Esta última, del partido Coalición por Melilla, está también imputada por la presunta trama del voto por correo durante las elecciones autonómicas de 2023. Investigación en la que se ha encontrado el documento que ha dado pie a este caso. Además, también se apunta en el informe al hermano del presidente y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda.
La UDEF también menciona a tres empresas implicadas en la trama. "La información facilitada por la fuente confidencial arroja como resultado, que la presunta mecánica delictiva se desencadena tras la cesión de los terrenos referidos que el Ministerio de Defensa hizo a la Ciudad Autónoma de Melilla, para posteriormente ofrecerlos en subasta pública, no sin antes haber modificado el Plan General de Ordenación Urbana de Melilla (PGOU), con el supuesto objetivo de beneficiar a las empresas DRAGO, TRES FORCAS y MURIAS, que fueron las que participaron en la licitación del proyecto, con el propósito de que fueran las únicas adjudicatarias", relatan los agentes. "La información facilitada por la fuente confidencial asevera, que es contrastable accediendo al expediente administrativo", han insistido en el informe remitido al juez.
El Gobierno de Melilla asegura que el informe "carece del más mínimo rigor"
Tras conocerse la noticia, el Gobierno de Melilla ha publicado un comunicado en el que "desmiente con total rotundidad las informaciones publicadas". "Respecto al informe en el que se basan estas informaciones, manifestamos que su contenido no se corresponde con la realidad administrativa ni con los hechos efectivamente acontecidos, carece del más mínimo rigor técnico y jurídico y ha sido elaborado sin la necesaria contrastación con los órganos administrativos competentes que tramitaron los expedientes a los que, presuntamente, se refiere. Bastaba con solicitar y examinar el expediente para comprobar la absoluta corrección de su tramitación, la existencia de los correspondientes informes técnicos y jurídicos y el pleno sometimiento de todas las actuaciones al ordenamiento legal vigente", han señalado.
Según el gobierno autonómico de Imbroda fueron ellos mismos los que pusieron en conocimiento de la Fiscalía los hechos "relacionados con aquellos locales comerciales que no habían cumplido con sus obligaciones de autodeclaración del IPSI, actuando en todo momento con diligencia, transparencia y en defensa del interés público".
