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La compra de parte de los activos de Armas por Baleària podría reducir la competencia en las conexiones marítimas entre Melilla y la península, según advierte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Aun así, el organismo ha autorizado la operación, aunque imponiendo una serie de condiciones que deberán cumplirse durante al menos cinco años, prorrogables por otros cinco más adicionales, para evitar perjuicios a los usuarios.

En declaraciones a RNE, la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ha asegurado que las conexiones marítimas de Melilla no van a perder servicios de viajeros o mercancías si esa adquisición se produce. Tras el anuncio de la CNMC ha surgido el temor sobre las consecuencias del monopolio del transporte marítimo que se establecería en Melilla tras esa operación. Situación que la delegada dice que tienen en cuenta y ha llamado a la calma de los melillenses.

Por su parte, desde el Gobierno de la Ciudad han manifestado su deseo de querer ser parte activa en la negociación del contrato marítimo. En rueda de prensa, la portavoz del Gobierno local, Fadela Mohatar, ha subrayado que, en el momento de gestionar los contratos "hay que poner sobre la mesa las exigencias" para tener un servicio eficiente y que los buques tengan las garantías de salubridad y confort. Algo que se hace, según Mohatar, "poniendo un presupuesto mayor".

La autorización de la CNMC para que Baleària compre parte de los activos de Armas no es definitiva, y queda ahora en manos del Ministerio de Economía.

Lo hará gracias a un proyecto financiado con fondos europeos y en colaboración con la entidad APRONI. El objetivo es "desintitucionalizar" a los 200 niños, niñas y adolescentes que actualmente residen en los centros de acogida que gestiona la Ciudad Autónoma para que puedan "crecer en entornos familiares seguros", según Javier Francisco Soria, director general del Menor y la Familia.

Para valorar la idoneidad de la familia de acogida, los técnicos de la consejería en colaboración con la entidad APRONI, van a llevar a cabo una serie de procedimientos administrativos que la ley obliga para garantizar la protección del menor. En esta línea, el director general de APRONI, Jaime Fernández Portillo, ha explicado que la entidad se va a integrar al equipo de la Consejería de Políticas Sociales para compartir su experiencia.

Con este proyecto, APRONI y la Consejería de Políticas Sociales, junto al Ministerio de Derechos Sociales, pretenden transformar el modelo de protección infantil en Melilla para reducir la dependencia de los centros de menores y apostar por la adopción abierta.

  • Intereses inmobiliarios, falta de protección y desidia constituyen una amenaza contra el valioso catálogo arquitectónico
  • Desde el gobierno local ponen en valor las inversiones que están realizando para la rehabilitación de edificios

Las negociaciones han girado en torno al mantenimiento de turnos que los agentes de Policía Local "querían hacer", según la consejera de Administraciones Públicas, Marta Fernández de Castro. En concreto, los de "dos por seis" que la Ciudad Autónoma ha denominado "turno nocturno". En el acuerdo han "implicado un turno de tarde que también haga jornada de noche" para que la Jefatura de Policía Local pueda tener la "disposición de mantener ese turno".

En enero de 2026 la Ciudad Autónoma, la Jefatura y los sindicatos empezaron a reunirse de forma extraordinaria para alcanzar un acuerdo. La semana pasada, solo lo firmaron tres de los cinco sindicatos policiales. Esta mañana, después de pasar por la mesa sectorial y por la mesa de negociación, se ha llegado a un consenso por unanimidad.

Con este acuerdo se han "regulado los turnos", lo que va a permitir incrementar los sueldos con una Valoración de Puestos de Trabajo. La consejera ha sido prudente a la hora de cuantificar esa subida salarial aunque estima que será en "unos 370 euros" y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025.

El viernes, según calcula la consejera de Administración Pública, el acuerdo podría llegar al Consejo de Gobierno para seguir el resto de trámites.

Según ha informado la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en un comunicado, han detenido conjuntamente a 14 personas de nacionalidad española, con numeros antecedentes policiales, como presuntos autores de delitos de organización criminal y contra la salud pública. El modus operandi, según la investigación, consistía en introducir grandes cantidades de droga de Marruecos a la ciudad autónoma. Cuando la mercancía ya estaba en Melilla la trasladaban a distintos inmuebles, utilizados como guarderías, para almacenarla y después distribuirla. En el mes de octubre, en el marco de esta operación denominada Orange Sarcina, intervinieron 3 mil kilos de hachis en Granada en un envío que estaría relacionado con esta organización criminal.