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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley que, además de poner límite a la privatización de la gestión de los hospitales públicos, pretende reforzar el control del gasto de los centros públicos que están gestionados por compañías privadas.

El nuevo texto establece un marco más restrictivo para la externalización de servicios sanitarios y busca garantizar una mayor supervisión económica y asistencial en aquellos hospitales cuya gestión esté en manos de compañías privadas. El objetivo, según el Gobierno, es reforzar el carácter público del sistema sanitario y asegurar un uso más eficiente de los recursos.

La Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud limitará la colaboración público-privada, con el fin de "poner coto al ánimo de lucro". Este texto derogará la ley de 1997 que aprobó el Gobierno de José María Aznar y que permitió el desarrollo de modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este martes que, con su anteproyecto, el Gobierno quiere "acabar con la sanidad" en la Comunidad de Madrid y llevarla "a la revolución" para "que nada funcione".

La norma exhibe, a su juicio, la "absoluta obsesión" del Gobierno de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid, que muestra "amenazando, mintiendo e imponiendo", y ha asegurado que en otras regiones como Cataluña se trabaja "mucho más" con empresas sanitarias privadas. Díaz Ayuso ha augurado que el anteproyecto de ley no saldrá adelante, "pero ya está el daño hecho" al mandarse un mensaje "azuzando el miedo y la revolución".

FOTOGRAFÍA: RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

El presidente del Gobierno se ha reunido con la dirección de Protección Civil y de Emergencias para seguir de cerca la evolución de las borrascas. Han analizado las actuaciones que se están llevando a cabo y las labores de coordinación entre las distintas administraciones.

Casi a la misma hora, el presidente de la Junta de Andalucía se ha desplazado a una de las zonas afectadas por las inundaciones, en Córdoba. Desde allí ha agradecido la cooperación entre administraciones y ha pedido ayuda de cara a la reconstrucción.

También sobre el terreno, desde el puesto de mando avanzado de El Palmar de Troya, en Sevilla, la vicepresidenta María Jesús Montero ha explicado que están muy atentos ante la crecida del Guadalquivir y ha pedido a los ciudadanos precaución y evitar desplazamientos.

Foto: Borja Puig de la Bellacasa/EFE — Sánchez preside la reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos en la sede de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en Madrid

En helicóptero, sobrevolando una de las zonas más afectadas por el temporal, hemos visto al presidente del Gobierno, que ha viajado hasta San Roque, Cádiz, donde ha destacado la colaboración entre administraciones. "Extraordinaria coordinación y cooperación que estamos teniendo con las administraciones territoriales, en este caso con la Junta de Andalucía".

Se ha reunido con los técnicos que gestionan la emergencia y ha avanzado que el Gobierno ya trabaja en el día después. "Estamos ya pensando no solamente en la respuesta a esta crisis, también en la reconstrucción, en la recuperación de las zonas afectadas". Y coincide en su mensaje con el presidente de la Junta. "Dos llamamientos, uno a la calma, dos, a la prudencia".

Juanma Moreno ha recorrido las calles de Huétor Tájar, en Granada, otra de las zonas críticas. "Pedirle a los ciudadanos andaluces, como siempre, mucha prudencia, esto no ha acabado, lamentablemente no ha acabado, todavía nos quedan episodios de lluvia".

Sobre el terreno, Moreno Bonilla ha dicho que es pronto para cuantificar los daños, pero ya ha anunciado que pedirá ayudas estatales y europeas.

Foto: A.Carrasco Ragel/EFE — El presidente del Gobierno conversa con miembros de Protección Civil durante la visita que ha realizado al Campo de Gibraltar

Pedro Sánchez ha respondido a los ataques vertidos en las últimas horas por los dueños de X y Telegram a raíz de la propuesta del Ejecutivo para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. En concreto, Sánchez se ha referido al modo en que los "tecnoligarcas se metieron en móviles de miles de ciudadanos para decirles mentiras", en referencia al mensaje de enviado por el cofundador de Telegram.

"No nos van a quebrar, porque la voz de la razón, la mayoría social y la democracia no va a ser doblegada", ha dicho Sánchez desde Bilbao.

Imagen: H.BILBAO/EUROPA PRESS

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado este miércoles que las comunidades autónomas gobernadas por el PP sigan sin aplicar la ley de vivienda y ha dicho que "le encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid", ya que a su juicio "no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda", si bien "no tiene una mayoría en el Senado para hacerlo".

"Incluso les diría, que si no están dispuestos a asumir la competencia, nosotros lo estaríamos. Pero estamos en un Estado social y democrático de derecho", ha insistido en una entrevista de La Hora de la 1 de TVE.

A su vez, ha advertido a Junts de que, si vota en contra del decreto del escudo social, tal como ha anunciado, se lo "tendrá que explicarlo a los catalanes". En su opinión, "es muy difícil votar que no a la subida de las pensiones", si bien "no encuentra la diferencia" con votar que no "a todos los catalanes que han hecho obras en sus casas de rehabilitación confiando en deducciones fiscales".

"Como no entiendo que Junts quiera que personas que tienen dificultades en pagar la factura eléctrica estén pasando frío, sabiendo que hay dispuesto presupuesto del Estado para asumir esas ayudas", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno va a "pelear" para que el Congreso no tumbe de nuevo el decreto del escudo social, en el que se incluye la prórroga del bono social o la moratoria de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2026. "Creo que el Gobierno ha demostrado a lo largo de estos años de dificultad (...) ser capaz siempre de dar pasos para avanzar y, si hay una materia donde merecemos avanzar y merecemos dar esa respuesta que reclama la ciudadanía, es en la política de vivienda", ha subrayado.

Podemos exige al Gobierno que retire el decreto antidesahucios pactado con el PNV. El secretario de Organización, Pablo Fernández, asegura que "el decreto deja a gente en la calle" y cree que "un Gobierno de izquierdas" no puede dejar que gente vulnerable se quede sin vivienda. Acusa al Gobierno de hacer "políticas de derechas" en materia de vivienda y piden que "rectifique". Fernández también destaca que Junts per Catalunya vaya a votar que no, aunque en este caso lo vincula a "tacticismo político" y porque cree que Aliança Catalana le está comiendo terreno en Cataluña. Rechaza que compartan razones con Junts y apunta que la formación catalana está del lado de los rentistas.

Fernández propone que las administraciones se encarguen del pago del alquiler de las personas en situación de vulnerabilidad o incluso que el "Gobierno apruebe cada mes un decreto antidesahucios" para así evitar que tenga que pasar por el Congreso, pero confirma cuál será el voto de la formación. Aseguran que seguirán luchando "porque nadie se quede en la calle".