Tribunal Constitucional

• Feijóo confirma que gobernará con Vox y que eliminará el Ministerio de Igualdad

• Corre el calendario electoral y faltan certezas sobre quién votará finalmente en las próximas generales
• El Supremo da cinco días al Gobierno para identificar a los 163.020 afectados por la 'ley de nietos' o le multará

• El exconseller, Lluís Puig, hará lo mismo en el Parlament y se retirará el lazo amarillo de su escaño
• Sigue en directo toda la actualidad política de la jornada

Eduardo Ranz, abogado de la asociación argentina Centro de Descendientes de Españoles Unidos, ha denunciado en Las Mañanas de RNE la "indefensión y discriminación" que, a su juicio, sufren los descendientes de exiliados españoles que podrían quedarse sin votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. La asociación se ha personado ante el Tribunal Supremo para presentar alegaciones contra los efectos de la instrucción que ha puesto en cuestión su derecho al sufragio. Ranz ha advertido de que "se está vulnerando su derecho al voto", y ha calificado la situación de inédita, al recordar que algunas de estas personas ya habían podido votar en 2023.

El abogado ha cuestionado que la vía para acreditar la condición de exiliado mediante certificados consulares sea viable en el plazo disponible, ya que requiere conseguir una cita y que el Supremo acepte la documentación. "No contaban con que 90 años después iban a tener que reunir una documentación", ha señalado sobre quienes abandonaron España para salvar su vida. Tras la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir el recurso del Defensor del Pueblo, Ranz ha anunciado que solicitarán al Supremo que actúe de manera inmediata y revoque la medida cautelar. Aunque ha reconocido que no sabe si llegarán a tiempo para votar, ha expresado su esperanza de que "acabe imponiéndose el sentido común".

Eduardo Ranz, abogado de la asociación argentina Centro de Descendientes de Españoles Unidos, ha denunciado en Las Mañanas de RNE la "indefensión y discriminación" que, a su juicio, sufren los descendientes de exiliados españoles que podrían quedarse sin votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. La asociación se ha personado ante el Tribunal Supremo para presentar alegaciones contra los efectos de la instrucción que ha puesto en cuestión su derecho al sufragio. Ranz ha advertido de que "se está vulnerando su derecho al voto", y ha calificado la situación de inédita, al recordar que algunas de estas personas ya habían podido votar en 2023.

El abogado ha cuestionado que la vía para acreditar la condición de exiliado mediante certificados consulares sea viable en el plazo disponible, ya que requiere conseguir una cita y que el Supremo acepte la documentación. "No contaban con que 90 años después iban a tener que reunir una documentación", ha señalado sobre quienes abandonaron España para salvar su vida. Tras la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir el recurso del Defensor del Pueblo, Ranz ha anunciado que solicitarán al Supremo que actúe de manera inmediata y revoque la medida cautelar. Aunque ha reconocido que no sabe si llegarán a tiempo para votar, ha expresado su esperanza de que "acabe imponiéndose el sentido común".

• Sánchez acepta el debate electoral a cuatro en RTVE y un cara a cara con Feijóo

• El Pleno ha decidido no admitir el recurso de amparo por diez votos a dos
• Directo: Sigue toda la última hora sobre la actualidad política de la jornada

• Este miércoles se abre el plazo para que los partidos presenten candidaturas al 29N

• Los magistrados critican en el auto "la innecesaria grandilocuencia" del Constitucional
• Los exlíderes del procés pueden presentarse a unas elecciones porque ya no pesa sobre ellos la inhabilitación

• El Consejo de Ministros ha aprobado este martes medidas sociales sobre vivienda
• El PP amenaza a Exteriores con acciones legales si no acata el fallo del Supremo sobre la 'ley de nietos'

• El Defensor del pueblo recurrió la resolución del Supremo que suprime el derecho a voto de los nacionalizados por dicha ley
• Abascal insiste en que estos "no son unos comicios limpios"

• Gabilondo ha recibido diversas peticiones de solicitud de amparo ante el Constitucional de particulares y entidades
• "No se puede ser español con derecho a voto o español sin derecho a voto. Si eres español, tienes derecho al voto"

El Supremo mantiene para el 29-N la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la "ley de nietos". Una decisión que afecta a 163.000 personas y de la que el Gobierno responsabiliza al PP y a Vox. Desde Moncloa cargan contra esa decisión porque, dicen, discrimina entre "españoles de primera y de segunda". En 24 horas RNE analizamos esta decisión de la mano del catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva-Fenoll: "Cuando estamos ante un caso en el cual se les va a privar de un derecho constitucional a personas que nadie discute que son españoles... El Constitucional tiene que intervenir. No sé si algo tan sumamente grave va a despertar las alertas del Tribunal Constitucional [...] No es fácil que el TC decida hacer algo así", explica el catedrático. ¿Qué pasa si esas personas se quedaran sin votar y luego el Constitucional se pronunciar en contra del Supremo? "No hay precedentes. Se provoca una situación en la que el perjuicio es irreparable. Si esas personas tienen que votar después, van a votar ya sabiendo cuál es el resultado final de las elecciones generales. Lo cual es posible que aumente su intención de voto o cambie el sentido de su voto. Ha ocurrido pero no con semejante cantidad de personas afectada por esta cuestión".

"Aquí hay dos preocupaciones: la de que participen personas que se les ha concedido irregularmente la nacionalidad o bien que esas personas no participen. Si haces lo primero no estás vulnerando ningún derecho constitucional. Por otra parte, tienes que decir por qué te parece que esa concesión de la nacionalidad habría sido irregular. Esto el Supremo no lo dice por ninguna parte. La otra es decir que 160.000 personas tienen, ya de entrada, una sospecha de que se les ha concedido mal la nacionalidad y, por tanto, les privamos del derecho al voto. No hay que ser muy conocedor de esta materia para darse cuenta qué es lo más grave", sentencia. Entrevista completa en RNE Audio.

• La decisión del TC de avalar la aplicación de la amnistía a la malversación allana el camino de regreso
• Puigdemont ha evitado dar una fecha pero su entorno dice que no será hasta que se aplique la ley de amnistía

El Tribunal Constitucional ha remitido al Supremo la sentencia que avala amnistiar el delito de malversación a los líderes del procés. La mayoría progresista del Constitucional considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y ve incoherencias por parte del Supremo, al que recrimina que adoptase una decisión contraria al espíritu de la norma.

Los cinco magistrados conservadores, en cambio, cuestionan en un voto particular esta sentencia y señalan que el Tribunal Constitucional estaría extralimitándose con una corrección que, en principio, permitirá el regreso a España del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont.

Foto: EFE/ Pablo Garrigós Cucarella

• El Tribunal Constitucional ya ha avalado la amnistía a todos los delitos
• Para hacerla efectiva, falta que la apliquen los tribunales interpelados

Cafè d'idees

• L'advocat de l'expresident assegura que esperarà que se li apliqui completament l'amnistia
• Boye defensa que el retorn no s'ha de produir en clau electoral ni partidista

• Los magistrados conservadores del TC denuncian en su voto particular la "suplantación" del "rol funcional" del Supremo
• El Supremo da cinco días para alegaciones sobre la amnistía a Puigdemont y a los líderes del procés

Toni Comín ha recibido con "una gran alegría" la decisión del Tribunal Constitucional que ha avalado la amnistía del delito de malversación, que ha considerado "una victoria política del conjunto del movimiento independentista catalán". El exconseller ha defendido en 24 Horas de RNE que los dirigentes independentistas que se fueron a Bélgica no huyeron, sino que "fuimos a Bélgica como personas libres", y ha sostenido que los tribunales de varios países europeos han rechazado su entrega porque no habrían visto garantías suficientes para sus derechos fundamentales.

Comín ha interpretado la amnistía como "el reconocimiento por parte del Estado español" de que un conflicto político como el catalán no debe resolverse mediante la persecución penal. A su juicio, la ley ha supuesto una "rectificación", y permitirá que quienes formaron parte del Govern que organizó el referéndum puedan regresar a España en libertad. También ha defendido que las decisiones de los tribunales europeos durante su exilio han demostrado que "los conflictos políticos se resuelven por las vías políticas", y no mediante los tribunales y el derecho penal.

Sobre su regreso, Comín ha explicado que todavía no tiene una fecha, después de que el juez Llarena haya levantado la orden de detención con más rapidez de la que esperaba. Sí ha confirmado que, cuando vuelva, quiere completar los trámites pendientes para ejercer como eurodiputado y representar "al medio millón de ciudadanos europeos, catalanes, que votaron" en las elecciones europeas

Toni Comín ha recibido con "una gran alegría" la decisión del Tribunal Constitucional que ha avalado la amnistía del delito de malversación, que ha considerado "una victoria política del conjunto del movimiento independentista catalán". El exconseller ha defendido en 24 Horas de RNE que los dirigentes independentistas que se fueron a Bélgica no huyeron, sino que "fuimos a Bélgica como personas libres", y ha sostenido que los tribunales de varios países europeos han rechazado su entrega porque no habrían visto garantías suficientes para sus derechos fundamentales.

Comín ha interpretado la amnistía como "el reconocimiento por parte del Estado español" de que un conflicto político como el catalán no debe resolverse mediante la persecución penal. A su juicio, la ley ha supuesto una "rectificación", y permitirá que quienes formaron parte del Govern que organizó el referéndum puedan regresar a España en libertad. También ha defendido que las decisiones de los tribunales europeos durante su exilio han demostrado que "los conflictos políticos se resuelven por las vías políticas", y no mediante los tribunales y el derecho penal.

Sobre su regreso, Comín ha explicado que todavía no tiene una fecha, después de que el juez Llarena haya levantado la orden de detención con más rapidez de la que esperaba. Sí ha confirmado que, cuando vuelva, quiere completar los trámites pendientes para ejercer como eurodiputado y representar "al medio millón de ciudadanos europeos, catalanes, que votaron" en las elecciones europeas

El expresidente catalán Carles Puigdemont ya puede volver a España. El Supremo ha levantado la orden de detención que pesaba contra él inmediatamente después de que el Tribunal Constitucional le haya ordenado aplicar la amnistía al delito de malversación del procés. En una rueda de prensa sin preguntas, Puigdemont ha valorado esta decisión judicial y ha considerado que el aval del TC a la amnistía es "la derrota de los poderes españoles que impidieron su aplicación". En la comparecencia, no ha precisado cuándo podría regresar a España.

FOTO: NICOLAS TUCAT / AFP

• Sostiene que esta decisión "no soluciona nada" y que es un conflicto que debía resolverse en la política
• No aclara cuándo podría regresar a España ahora que ya no pesa sobre él una orden de detención
• Elecciones generales y huelga en España, en directo

Carles Puigdemont ya puede volver a España. El Supremo ha levantado la orden de detención que pesaba contra él inmediatamente después de que el Tribunal Constitucional le haya ordenado aplicar la amnistía al delito de malversación del "procés".

Simon Wohlfahrt / AFP

• El juez Llarena deja "sin efecto, con carácter inmediato" el arresto tras la amnistía a los condenados del 'procés'
• La mayoría progresista del TC estima el recurso de amparo de la exconsellera Dolors Bassa por el delito de malversación

El próximo martes el Tribunal Constitucional podría avalar definitivamente que la ley amnistía incluye los delitos de malversación y de esa manera abriría la puerta a la vuelta del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, no ha querido adelantar la resolución del tribunal de garantías sobre aplicar la ley de amnistía a los delitos de malversación del 'procés', y ha pedido esperar al 6 de octubre, cuando se debata en el plenario el texto de la ponencia sobre este asunto, pero ha asegurado que se fijará "una doctrina clara, precisa y contundente", al tiempo que ha recordado que la decisión es "vinculante para todos los jueces y todos los tribunales". Así se ha pronunciado este jueves en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

FOTO: El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

• Reclama a los partidos que "cumplan" la Constitución y renueven la parte del TC que le toca al Senado "cuanto antes"
• Asegura que el TC respeta la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos'

• Considera que "no existe contradicción" con la Constitución
• Y recuerda que el convenio contempla que la asistencia de los franceses sería en una reunión "aparte"

• El Tribunal ha analizado este martes el caso del exconseller Turull tras el visto bueno del TJUE a la norma
• El 6 de octubre el pleno del Constitucional se volverá a reunir y tratará otros recursos como el de Dolors Basa

• El tribunal alegó malversación de caudales públicos y dirigentes como Turull recurrieron su decisión al Constitucional
• La ponencia del magistrado será sometida a votación y decaerá previsiblemente en la votación de los próximos días

Estreno de la sección de Tono Calleja, redactor de Tribunales e Investigación de El Periódico, para desentrañar la actualidad en Clave Jurídica. Calleja ha explicado que el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea "ha despejado el camino del Tribunal Constitucional" para resolver los recursos de amparo relacionados con la amnistía. Ha señalado que Luxemburgo ha avalado su aplicación en el ámbito económico y también en el caso de los CDR, al considerar que no se habían cometido delitos de sangre. El próximo pleno del Constitucional analizará el recurso de Jordi Turull, una decisión que, según Calleja, "va a marcar doctrina" y tendrá repercusión sobre el resto de condenados por el procés. En el caso de Puigdemont, al estar procesado y declarado en rebeldía, será necesaria una resolución específica.

Sobre la renovación del Constitucional, Calleja ha apuntado que el retraso del Senado "es una excusa" y responde, a su juicio, a la estrategia del PP para esperar a las próximas elecciones autonómicas y tratar de modificar la mayoría del tribunal. También ha explicado la controversia sobre las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla: la sentencia de 2020 habría permitido rechazar entradas realizadas "por la fuerza" y en masa, incluso cuando se producen por lugares distintos de la frontera habilitada. El periodista ha defendido la necesidad de traducir el lenguaje jurídico para hacerlo comprensible: "A mí lo que de verdad me gusta es simplificar para que nos entienda todo el mundo".

Cándido Conde-Pumpido ha defendido la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla, que ha definido como un régimen "excepcional" y justificado por tratarse de la única frontera exterior del espacio Schengen en África. El presidente del Tribunal Constitucional ha recordado que la sentencia de 2020 fue aprobada por una amplia mayoría, y ha recomendado una lectura “minuciosa” de su fundamento jurídico octavo. Sobre el mando único en Ceuta, ha señalado que "no puede ser permanente" y debe estar condicionado a las necesidades y a la situación concreta.

Sobre la ley de amnistía, Conde-Pumpido ha asegurado que el Constitucional ya ha dictado 20 sentencias sobre su constitucionalidad y ha explicado que ahora comenzará a resolver los recursos de amparo, con el primero, el de Jordi Turull, previsto para el 22 de septiembre. Ha defendido que, una vez que el Constitucional establezca una doctrina, esta será vinculante y ha apuntado que la decisión sobre Puigdemont podría llegar antes de final de año. También ha lamentado la politización del debate: "Más que la amnistía se discutía el posicionamiento político del partido Junts".

El presidente del Constitucional ha advertido además de que en España existe una "juridificación de la política" que contribuye a mezclar justicia y política, y ha pedido que los distintos poderes del Estado eviten criticarse entre sí. También ha expresado su preocupación por las filtraciones de sumarios y por el impacto de la inteligencia artificial en la Justicia: "Tiene que tener unos controles" y "poner por delante de todo a la persona". Conde-Pumpido ha explicado que el Constitucional ya ha sancionado a un abogado por utilizar sentencias falsas generadas con IA y, sobre la ley trans, ha asegurado que el tribunal está intentando resolver el debate interno para alcanzar una mayoría suficiente, aunque no ha fijado un plazo.

• El Tribunal analizará, en primer lugrar, el caso del exconseller Jordi Turull tras el visto bueno del TJUE a la ley
• La Fiscalía urge al Tribunal de Cuentas a amnistiar a los encausados por los gastos del 1 de octubre de 2017

• El Tribunal de la Unión Europea (TJUE) avala la ley de amnistía al no chocar con la legislación comunitaria
• Las sentencias del TJUE son de obligado cumplimiento

El abogado de José Luis Ábalos, Marino Turiel, ha asegurado en Las Mañanas de RNE que su cliente "ha quedado muy tocado" tras conocer una sentencia que "ha sido un shock", y cuya dureza no habían previsto. Aunque la defensa había asumido que el fallo sería condenatorio, ha sostenido que "no esperábamos una sentencia de esta dureza", al considerar que el Tribunal ha impuesto las penas más elevadas posibles pese a que Ábalos ha sido absuelto de varios delitos.

Turiel ha criticado el desarrollo del procedimiento, y ha defendido que la ala no ha facilitado el ejercicio de la defensa. En este sentido, ha afirmado que "la Sala no ha dado ninguna facilidad", y ha anunciado que la estrategia jurídica pasa por solicitar la nulidad de actuaciones. Según ha explicado, "vamos a pedir la nulidad y acudir al Constitucional" y, si no prospera esa vía, "iremos a Europa".

Sobre el fondo de la sentencia, el letrado ha insistido en la inocencia de su cliente y ha cuestionado el papel de Víctor de Aldama en la causa. Ha sostenido que "Aldama no ha aportado nada que determinara una condena", y ha rechazado la posibilidad de que Ábalos colabore con la Justicia en los términos planteados por algunos acusados. Además, ha reconocido que, a la vista del resultado, "no renunciar al acta fue un error", ya que ello habría permitido que la causa fuese juzgada en la Audiencia Nacional y no en el Tribunal Supremo.

• Denuncian que el estatuto de diputado autonómico opere como "inmunidad absoluta"
• Consideran que por este motivo se ve vulnerado el artículo 14 de la Constitución Española