Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

El Tribunal Constitucional ha avalado ayer jueves la constitucionalidad de ley de amnistía. La mayoría progresista formada por seis jueces se ha impuesto a los cuatro magistrados conservadores que rechazaban la norma. En las 'Mañanas de RNE' analiza este tema Javier Pérez-Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla: "Cuando se plantee un conflicto entre el Estado y la Comunidad Autónoma no se puede pedir que se decida la fórmula de integración de Cataluña en España". Cree que la única forma de decidir esta forma de integración es "decidirlo democráticamente, en los parlamentos de Cataluña y las Cortes Generales".

El catedrático asegura: "Ahora se está poniendo fin a un proceso del año 2004, en el que se han producido cosas que no deberían haberse dado jamás". Sobre el Tribunal Constitucional cree que "se encuentra con un problema totalmente distinto al de 2010: el 155 es un artículo que estaba en la Constitución copiando a un artículo alemán, que allí no se ha hecho uso del mismo. El problema en España dejó de estar en la política para pasar a ser un problema en el ámbito del poder judicial y cuando se usa este poder para algo que no sirve esto lleva a un conflicto constitucional terrible, que no tiene solución como hemos visto en la práctica y que nos ha llevado diez años a un problema de idas y venidas", concluye.

El Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía un año después de que la aprobara el Congreso: considera que se ajusta a la Constitución, busca mejorar la convivencia y no es arbitraria. Los magistrados evitan valorar si tiene una motivación política.

En la votación de la sentencia no ha habido sorpresas y se ha impuesto la mayoría progresista del Tribunal. Ha salido adelante con seis votos a favor y en contra los cuatro de los magistrados conservadores.

Esta decisión marca el camino de lo que vendrá. Al tribunal le quedan por resolver unos 30 recursos más y pronunciarse sobre la malversación, un delito que para el Supremo no entra en la ley de amnistía.

Foto: Jesús Hellín / Europa Press

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado, con los seis votos a favor de la mayoría progresista y los cuatro en contra de la minoría conservadora, la ley de amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del proceso independentista catalán que alcanzó su clímax con el 1-O, según las fuentes jurídicas consultadas por RTVE.

Foto: EP

El Constitucional empieza hoy martes la deliberación de la ley de amnistía con un tribunal dividido y tras avalar el grueso de la norma. El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, acordó ayer ampliar a toda la semana del 23 al 27 de junio la deliberación y votación de la ponencia sobre la ley de amnistía. En Las Mañanas de RNE hablamos con Xavier Melero, profesor en la Universidad Pompeu Fabra, que fue abogado del procés (abogado de Joaquín Forn): "Las leyes de amnistía siempre, por definición, son leyes disruptivas y llevan a una crisis al sistema de justicia. Pasó con la de 1934, con la de 1936, con las de 1978 y vuelve a pasar ahora". Puntualiza que "la amnistía no es más que una válvula de escape que representa una excepcionalidad al funcionamiento regular del sistema de justicia. Por tanto, por naturaleza, por definición, es crítica". El que fue abogado del procés cree que las amnistías causan problemas: "El hecho de que se amnistiaran a determinados sujetos condenados por gravísimos delitos de naturaleza política motivó la rebelión de los presos comunes y un estado de violencia en las prisiones españolas como no se conocía ni se ha vuelto a conocer".

Melero ha afirmado que la reforma del delito de malversación ha demostrado ser un fracaso: "El beneficio personal no es que con lo que malversas te construyes una piscina o te vas de vacaciones con tu cuñado. Es también que tu partido se vea beneficiado que los gastos de una acción ilícita sean sufragados con cargo al erario público", concluye.

El Tribunal Constitucional ha avalado el grueso de la ley de amnistía en un borrador de sentencia y, si se aprueba en los mismos términos, no cambiará nada para Carles Puigdemont, ya que no se pronuncia sobre el delito de malversación. La orden de detención contra el expresidente catalán y los exconsejeros huidos seguirá activa.

El Supremo no les aplicó la amnistía porque la ley deja fuera la malversación cuando hay enriquecimiento y los jueces consideran que, al pagar con dinero público el referéndum del 1 de octubre, obtuvieron un beneficio personal.

Foto: Thierry Monasse/Getty Images

El Tribunal Constitucional (TC) avalará el grueso de la ley de amnistía. El borrador de la sentencia, que votarán los magistrados el próximo 24 de junio, señala que se ajusta a la Constitución y no vulnera los derechos fundamentales. El texto responde al recurso que presentó el Partido Popular contra la norma que el Congreso aprobó hace un año.

Los jueces aseguran que no hurta al poder judicial su función y que no es su competencia pronunciarse sobre los motivos políticos por los que se aprueban las leyes. El borrador sí estima algunos puntos del recurso del PP. Por ejemplo, sí acota el marco temporal, y apunta a que solo se puede aplicar a los hechos relacionados con el procés sucedidos hasta el 13 de noviembre de 2023.

Asimismo, da la razón a los 'populares' sobre el principio de igualdad de los españoles. Sobre el delito de malversación, el borrador no se pronuncia porque la formación de Feijóo no lo incluyó en su recurso. La sentencia definitiva se conocerá a finales del mes de junio.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dicho no tener el borrador del Tribunal Constitucional que avala el grueso de la ley de amnistía. Sin embargo, ha insistido en que la amnistía fue "el instrumento a través del cual" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "compró la investidura". Y ha llamado de nuevo a manifestarse el próximo domingo': "Esto tiene que acabar".

La memoria histórica y la ley de concordia aprobada por el gobierno valenciano ha sido uno de los principales focos de tensión durante la primera mitad de legislatura del Consell de Mazón.

Lo último en este tema ha sido la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra varios artículos de esa Ley y de suspender algunos preceptos de la norma valenciana.

El recurso argumenta que los artículos impugnados "podrían ser contrarios" a la Constitución y plantea una posible vulneración de competencias estatales.