El Supremo da cinco días al Gobierno para identificar a los 163.020 afectados por la 'ley de nietos' o les multará
- En concreto, se dirige a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares
- Además de una multa de mil euros, les advierte de que pueden incurrir en "una responsabilidad penal"
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El Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días, hasta el próximo 28 de octubre, a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que remitan la relación "nominal" de las 163.020 personas afectadas por la suspensión cautelar del derecho a voto a los inscritos en el Centro de Residentes Ausentes (CERA) tras la aplicación de la llamada 'ley de nietos', con apercibimiento de multa o deducción de testimonio.
En concreto, les advierte de que si el día 28 de octubre a las 15:00 horas no han enviado esa información, la Sala de lo Contencioso-Administrativo podrá acordar una "multa coercitiva" de 1.000 euros, o podría haber "otras responsabilidades patrimoniales" e incluso "deducir, en su caso, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder".
En dos autos a los que ha tenido acceso RTVE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ordena que además de remitirle al Supremo la relación "nominal" de los afectados, que también envíen a la Oficina del Censo Electoral la documentación de "todas las personas inscritas en el CERA".
Además, reclama que se advierta de quienes hayan adquirido la nacionalidad por la llamada 'ley de nietos' que figuren en él a fecha 1 de agosto de 2026, se les comunique que lo están "con carácter provisional", pues solo podrán votar aquellas personas a los que los Registros Consulares les hayan expedido "certificación acreditativa de su condición de nacidos fuera de España" de exiliados españoles "por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española".
La decisión del Supremo llega dos días después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado admitir a trámite el recurso de amparo que presentó el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la resolución del alto tribunal de suspender cautelarmente el derecho al voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos', por considerlo "prematuro".
Indica que solo hay 91 certificados de 31.390 expedientes revisados
Según la Sala de lo Contencioso-Administrativo, "hasta el momento presente", solo se les ha facilitado esa cifra de 163.020 personas, "sin ningún dato adicional más", y que este miércoles recibieron "tres documentos que contienen dos informes informes de la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares y uno del Instituto Nacional de Estadística".
Además, la Sala apunta que, de acuerdo esos informes, solo "han sido revisados un total de 31.390 expedientes, de los que se han expedido un total de 91 certificados" de personas que "han acreditado el exilio de sus ascendientes en los términos que establecieron" los dos autos por los que acordó la suspensión cautelar.
Y advierte también ante la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre, que por la "aplicación de las medidas cautelares de suspensión impuestas, estas personas pueden verse imposibilitadas finalmente del ejercicio de su derecho al voto por la propia inacción de la Administración".
Voto particular de una magistrada
La resolución, sin embargo, no ha sido unánime y cuenta con el voto particular de la magistrada Alicia Millán, quien apunta que también en el auto de medidas cautelares mostró su posición en contra, pues cree que estas diligencias "afectan medularmente a la estabilidad del censo electoral".
Ya entonces, recuerda la magistrada, "una vez convocadas las elecciones generales", consideró que quedan "constatadas las dificultades del sufragio activo y el escrutinio de los votos de los electores afectados por la suspensión, y dado el procedimiento de votación de los residentes ausentes regulado en la LOREG".
En su opinión, y al igual que ya trasladó anteriormente, las medidas cautelares de suspender el voto de estas personas genera "inseguridad jurídica y la incertidumbre operativa".
Para la magistrada, estas circunstancias "son incompatibles con las exigencias de certeza, estabilidad y regularidad que constituyen las bases de todo proceso electoral democrático".
Bolaños asegura que el Gobierno ya entregó la información
En declaraciones a los medios, Bolaños ha asegurado que su departamento ya aportó "toda la documentación" que ahora le requiere el Supremo. "Ya aportamos toda la documentación, todos los nombres, toda la información que tenemos en el resgistro civil digitalizado el 15 de octubre, a la oficina del censo electoral, el mismo día que nos la pidieron", ha explicado.
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Transcripción completa
estaba
avisado. Nosotros somos el gobierno de la gente.
Ellos, si suman, serán el gobierno contra la gente, sobre todo..
Bolaños
noticia han sido esas concentraciones ante la visita de Santiago Abascal.
Quería saber qué valoración
hacen desde el ministerio.
Muy bien, gracias por la pregunta.
Acabo de saludar al delegado del Gobierno,
que está por ahí. No tengo mucho más que añadir a las
explicaciones que ha dado el propio delegado del Gobierno
en Galicia. Nosotros, como Gobierno, somos
obviamente defensores del derecho fundamental
a la manifestación y también, obviamente, defendemos cuando es
necesario el uso proporcionado,
cuando es imprescindible, de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado.
Y, a partir de ahí, todas las explicaciones
que ha hecho el delegado del Gobierno las hago mías
Buenos días, ministro.
En relación con la pregunta de la compañera, hace unos minutos conocíamos
que Vox ha presentado una querella contra el delegado del Gobierno por
haber permitido lo que ellos
habitual, lamentablemente, que la ultraderecha intente amedrentar a
llaman esa Contramanifestación.
Quería pedirle una valoración sobre la querella en sí y saber qué recorrido
puede tener
través de querellas
a personas progresistas que lo que hacen es su trabajo y servir a la
ciudadanía.
Por tanto, que la
ultraderecha presente una querella por lo penal contra un servidor público es
lo habitual.
Intentan amedrentarnos
intentan pues tenernos absolutamente sometidos.
Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, lo vamos a
seguir haciendo bien.
El delegado del Gobierno, sin duda, le veo con una sonrisa en la cara, no
parece muy preocupado
porque la ultraderecha hoy le haya tocado amedrentarle a él
Buenas, ministro. Quería preguntarle por esa noticia que
acaba de salir del Supremo que le pide al Gobierno que envíe esos más de
él
160.000
Álvarez también con multas de 1.000 euros y una posible imputación penal
pregunta
por desobediencia de hasta un año de cárcel.
¿Qué le parece?
las primeras decisiones del Supremo, llevamos trabajando semanas haciendo
todo lo humanamente posible
para dar cumplimiento a los requerimientos que nos está haciendo el
Tribunal Supremo.
En particular, lo que respeta a mi ministerio, lo que
respeta a mi ministerio, al Ministerio de Presidencia, Justicia y Reacciones
con las Cortes, le tengo que decir que nosotros ya aportamos
toda la documentación, todos los nombres, toda la información que
tenemos en el registro civil
digitalizado, la aportamos el 15 de octubre de 2026.
Se la aportamos a la oficina del censo electoral.
Por cierto,
la aportamos el mismo día que nos la pidió la oficina del censo electoral.
El mismo día aportamos toda la información
que nos consta que tenemos en el registro civil digitalizado.
Y, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores,
me consta que, cuando se adoptó la primera decisión por parte del Supremo,
mandaron instrucciones
claras, precisas, a todos los consulados de nuestro país para que
facilitaran los nombres que nos está pidiendo el Supremo
Me consta también que hoy, con este auto, se van a reiterar esas
instrucciones para que, en el plazo que nos marca el
Supremo podamos aportar la documentación que nos están
requiriendo.
De tal manera que la parte que corresponde al Ministerio de
Justicia, insisto, el 15 de octubre ya facilitamos toda la información que
tiene el registro civil
digitalizado, toda la información, el mismo día que nos la requirieron, y
vamos a estar encantados de facilitarles
esa misma documentación al Tribunal Supremo.
Y por parte de exteriores ya se han dado instrucciones, ya se han dado
directrices claras a los cónsules de cómo hacer ese trabajo en tiempo récord
contra reloj, porque es un trabajo muy laborioso
que hay que hacerlo manualmente en los consulados, pero hoy se van a reiterar
esas instituciones para que, en el plazo que nos marca el Supremo,
podamos aportar la información que nos piden.
Pues si no hay más preguntas, gracias a todos.
Buenos días
disfruten de Data Forum.
También ha afirmado que por parte de Exteriores, cuando el primero adoptó la primera decisión sobre suspender el derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', ya envió "instrucciones y directrices claras a todos los consulados para que facilitaran los nombres que está pidiendo el Supremo".
Fuentes de Exteriores han asegurado que tanto el ministerio como todos los consulados están realizando "todos los esfuerzos necesarios desde el primer auto del Tribunal Supremo para cumplir con estos". "Se van a redoblar esfuerzos si aún cabe para cumplir con este nuevo auto", han indicado.
El PP subraya que la decisión del Supremo "es un ultimátum"
Por su parte, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial y directora del programa electoral del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha puesto en relieve que la nueva decisión del Supremo "ya no es aviso, es un ultimátum" para que Bolaños y Albares entrenguen al alto tribunal la "lista de los 163.020 nietos".
Para Ezcurra, "el Gobierno sabe la cifra exacta, porque la dio su propio Abogado del Estado; y sabe quiénes son, porque tramitó él mismo cada expediente". Y se ha mostrado convencida de que se va a "saber todo".
"¿Por qué no entregan la lista, por qué la ocultan?", ha preguntado Ezcurra en un vídeo remitido a los medios, en el que lo ha atribuido a que "nunca fue reparación" el permitir el voto a esas personas. "Una instrucción no puede cambiar la ley, un censo no se hace sin garantías, la nacionalidad no se regala", zanjado.
